EEUU investiga la eutanasia de Noelia Castillo en España y lo aprovecha para profundizar sus brechas con Europa por migración y políticas sociales

El caso de la eutanasia de Noelia Castillo, la joven española de 25 años que accedió a la eutanasia bajo la ley española de derecho a morir, ha servido a la Administración de Donald Trump para volver a atacar las políticas migratorias de Europa, y en particular de España, y para señalar las brechas ideológicas del actual gobierno conservador de Estados Unidos con el que dirige el socialista Pedro Sánchez.

El Departamento de Estado que dirige Marco Rubio envió el martes a la embajada estadounidense en Madrid un cable diplomático al que ha tenido acceso el tabloide 'New York Post'. En esa comunicación, se insta a la legación diplomática en Madrid a que abra una investigación sobre las circunstancias que rodearon al caso de la joven de 25 años, con especial atención a las agresiones sexuales que sufrió, y se pide que se transmita al gobierno antes del viernes, 3 de abril, las “serias preocupaciones” ante lo que defines como “muchos fallos sistémicos de derechos humanos” que llevaron a la joven a buscar el suicidio asistido.

Este diario ha solicitado al Departamento de Estado en Washington confirmación sobre la autenticidad del cable, una declaración oficial y comentarios sobre varios de los aspectos tratados en esa comunicación. Siete horas después, el Departamento envió un correo electrónico de respuesta donde solo se refería al enlace de un mensaje colgado en X por Riley Barnes, secretario asistente. En ese mensaje Barnes había escrito: "Es imperativo que las autoridades investiguen este trágico caso. Todas las vidas son sagradas. A Noelia se le falló en vida. No podemos permitirnos fallarle otra vez".

El estado y la ley de eutanasia

“Nos preocupan profundamente acusaciones de que fue repetidamente sometida a agresiones sexuales cuando estaba bajo cuidado del estado y que ninguno de los culpables ha sido llevado ante la justicia”, se lee en el cable, según ha informado el diario de Rupert Murdoch.

El documento hace referencia a “informaciones” que apuntan a que Castillo “mostró dudas sobre someterse a la eutanasia en sus horas finales” y afirma que “esas dudas se ignoraron”. A continuación, se dice que su caso “plantea graves preocupaciones sobre la aplicación de la ley española de eutanasia, en particular en casos que implican trastornos psiquiátricos y sufrimiento no terminal”.

Migración

El cable también hace dos referencias específicas a la migración, uno de los ejes centrales de la agenda política de Trump, que ha endurecido radicalmente los controles y la persecución de inmigrantes. Tanto el mandatario como otros miembros de su gobierno desde que volvió a la Casa Blanca para su segundo mandato han hecho numerosas declaraciones públicas críticas con Europa por sus políticas migratorias, con un discurso de tintes racistas o abiertamente xenófobo que les une a la extrema derecha española y europea.

Específicamente, en el cable se dice que EEUU está “investigando acusaciones de que el asalto sexual a la señorita Castillo fue cometido por individuos de un historial migratorio. La migración masiva e ilegal es una preocupación de derechos humanos y la facilitación de España de inmigración masiva e ilegal representa una amenaza peligrosa a los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, así como a la más amplia seguridad regional y global”, se lee.

También, según el 'New York Post', se pide a la embajada que trabaje con las autoridades para obtener información sobre los violadores de Castillo, incluyendo qué estatus migratorio tenían, si podían haber sido menores no acompañados y qué obstáculos legales evitaron que la policía presentara cargos contra potenciales sospechosos.

La atención de la ultraderecha

El caso de Castillo ha tenido repercusión mediática en Estados Unidos y ha sido especialmente abrazado en círculos ultraconservadores y de extrema derecha para atacar tanto las políticas progresistas como la inmigración.

Uno de quienes ha estado dándole eco en redes sociales ha sido el actor Kevin Sorbo, que colgó en X varios mensajes críticos con el gobierno. El día 26 Sorbo escribió: “España ha decidido aplicar la pena de muerte a la víctima, no a los hombres que la violaron en grupo. Nuestro mundo no funciona”. Una de las primeras réplicas al mensaje, que vieron 1,1 millones de personas, la dio Elon Musk, que escribió: “realmente jodido”.

Ese mismo día Sorbo reposteó otro mensaje sobre Castillo denunciando que era la imagen de “sanidad pública” y al día siguiente siguió usando el caso para hablar, directamente, del “fin de la civilización occidental”.

También el influencer de la machosfera Tristan Tate usó el caso de Castillo y dijo que eran los agresores de la joven “los que deberían ser ejecutados” y escribió: “Europa ha caído”.

Se da la circunstancia de que Tristan Tate y su hermano Andrew están imputados o bajo investigación en cuatro casos penales y dos civiles en Rumania, Reino Unido y EEUU por cargos y sospechas de violación, trata de blancas y crimen organizado para explotar sexualmente a mujeres. Los hermanos volvieron en febrero a Florida, después de que el gobierno de Trump presionara para que se les levantaran los vetos de viaje que tenían en Rumania y para entrar en EEUU.

El caso de Noelia

Noelia Castillo falleció la semana pasada a los 25 años tras recibir finalmente la eutanasia en Sant Pere de Ribes (Barcelona), después de un largo periplo judicial de más de un año y medio. A la joven, afectada por una paraplejia, se le concedió la eutanasia en julio de 2024.

Su caso fue validado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya, el comité independiente que analiza y aprueba cada solicitud de muerte asistida siguiendo todos los preceptos que establece la ley de eutanasia.

Tanto el juzgado que dio luz verde a la eutanasia de la joven como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluyeron que a lo largo del proceso judicial no se había constatado la “falta de capacidad” de Noelia a la hora de desestimar su petición de muerte asistida, y que su decisión de solicitarla se había mantenido firme desde abril de 2024.

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