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Acuerdo para indemnizar

Miguel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat: "El proceso de reparación será poco garantista y transparente para las víctimas"

Víctimas de abusos sexuales en la Iglesia han celebrado la firma del protocolo para poner en marcha la reparación a las víctimas de abusos en el ámbito eclesial, aunque han criticado la falta de un baremo objetivo para las indemnizaciones

Miguel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat del monje Andreu Soler, se manifiesta ante la abadía

Miguel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat del monje Andreu Soler, se manifiesta ante la abadía / EFE

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Europa Press

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El protocolo aprobado el lunes entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Defensor del Pueblo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia ha sido bien recibido, pero con algunas críticas. El primer denunciante del caso de abusos en la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, ha destacado que es "positivo" que haya "un mecanismo de reparación gestionado por el Estado y financiado por la Iglesia". Aun así, no ve comprensible que no se fije "un baremo objetivo" para las indemnizaciones.

Víctimas de abusos sexuales en la Iglesia han celebrado la firma del protocolo, suscrito para poner en marcha la reparación a las víctimas de abusos en el ámbito eclesial, aunque la mayoría de los afectados consultados recela de la ausencia de baremos de indemnización. "No es comprensible que no se haya acordado un baremo objetivo que establezca qué criterios se tendrán en cuenta para fijar la indemnización y cuál es la horquilla de cantidades que se pagarán en función de la gravedad del daño. Sin baremo, el proceso de reparación será poco garantista y transparente para las víctimas", ha criticado Hurtado.

A su juicio, el objetivo de no incluir esta horquilla es "reducir la factura de la pederastia clerical para la jerarquía católica" y, ante esta decisión, ha indicado que habría sido mejor "un baremo ambicioso como el irlandés", que habría "garantizado una reparación integral de las víctimas con un coste económico importante para los obispos". Además, considera que "otro punto negativo" es "que las víctimas solo tendrán un año para pedir la indemnización", ya que, según su parecer, "es un tiempo claramente insuficiente".

Mientras tanto, el portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, ha calificado de "hito" la firma de este protocolo, aunque ha lamentado que "llega tarde". En este sentido, ha criticado que la firma se haya prolongado "a causa de las reticencias absolutamente absurdas de la Iglesia católica". "Una vez más, y pese a ser una institución que encubría delitos de pederastia, como ya ha quedado demostrado durante décadas, y también en España, se permite el lujo de hablar de obligaciones morales y de toda esta liturgia barata", ha denunciado.

El primero en alzar la voz

Miguel Hurtado es la primera víctima que denunció los abusos sexuales cometidos por el monje Andreu Soler en la Abadía de Montserrat a finales de los años noventa, unos hechos que fueron encubiertos durante décadas. Lo hizo público en enero de 2019, casi veinte años después de los hechos, cuando se sintió preparado para destapar el escándalo y "llegar hasta el final", tal y como explicó en una entrevista a El Periódico, diario del mismo grupo que Regió7. Desde entonces, ha luchado contra la pederastia en la Iglesia e impulsó una propuesta de ley para reclamar que estos delitos no prescriban.

Cuando sacó a la luz su caso, Hurtado explicó que el Monasterio de Montserrat había ocultado los abusos de Soler, fundador del movimiento scout de la abadía y responsable durante cuatro décadas. Según detalló la víctima, el monasterio llegó a pagarle 7.200 euros de terapia psicológica, pero no llegó a denunciar los hechos. De hecho, el monje murió en 2008 y, un año antes, la abadía le había rendido homenaje publicando un libro de sus memorias. En 2016, Montserrat comunicó al Vaticano la existencia de esta denuncia, pero la institución nunca se puso en contacto con Hurtado para conocer su versión.

Miguel Hurtado provenía de una familia creyente y se incorporó al movimiento scout de la abadía a finales de los noventa. Un fin de semana al mes, los menores dormían en el monasterio, en una residencia con literas, donde se produjeron los abusos, que comenzaron cuando él tenía entre 15 y 16 años y Soler tenía 65. "Me observó durante casi un año y, cuando vio que estaba pasando una mala época, se acercó", explicó la víctima en 2019.

Después de sufrir numerosos abusos, Hurtado explicó lo que estaba ocurriendo a Josep Maria Sanromà, que se lo trasladó al abad Sebastià Bardolet, quien aseguró que llamaría la atención a Soler y pidió al afectado que no dejara de subir a dormir a la abadía. El año que empezó Medicina en la UAB, Hurtado relató todo lo sucedido a su madre, que envió una carta de queja al nuevo abad, Josep Maria Soler, que había sucedido a Bardolet en el año 2000.

En respuesta a la madre, el abad aseguró que se tomaba "muy en serio" los "problemas" descritos y que el monje Andreu Soler había sido trasladado al monasterio del Miracle. Josep Maria Soler también llamó varias veces para evitar que la familia presentara una denuncia. En la entrevista de 2019 a El Periódico, Hurtado explicó que la gota que colmó el vaso fue el episodio de una serie que trataba una agresión sexual: "Pasaba las noches llorando, me aislé socialmente, me enfadaba por cualquier cosa… y comprendí que necesitaba ayuda".

En ese punto, acudió a la Fundación Vicky Bernadet, inició terapia y en 2003 escribió una carta al abad detallando las secuelas que sufría y solicitando que la abadía cubriera los costes del tratamiento. En total fueron 7.200 euros, que no quedaron registrados, ya que se pagaron en tres cuotas en efectivo. De la publicación del libro en homenaje al monje Soler, Hurtado se enteró en 2011: "Fue la última ‘tomadura de pelo’, porque ocurrió tres años después de que hubieran accedido a pagarme la terapia", aseguró en 2019.

En 2015, la víctima visitó Montserrat para entregar un ejemplar de la publicación al abad, que se comprometió a retirarlo de las librerías y a destruir todos los ejemplares. Después de este hecho, Hurtado devolvió los 7.200 euros, que no podía aceptar después de lo que había vivido. Con los años, Hurtado se convirtió en un activista en defensa de los derechos de los niños. En 2016, antes de hacer público su caso, ya había impulsado, junto con otras dos víctimas, una recogida de firmas para reclamar la no prescripción del delito de pederastia, que consiguió 300.000 firmas.

Una negativa polémica

En febrero de 2024 se hizo público que el Monasterio de Montserrat rechazaba pagar una indemnización de 150.000 euros a Miguel Hurtado. El escándalo que él mismo había destapado se saldó con 3 monjes señalados y 14 víctimas localizadas. La abadía justificó la negativa alegando que la responsabilidad civil extracontractual derivada del abuso sexual, cometido entre 1998 y 1999, estaría prescrita tanto en el ámbito penal como en el civil. Asimismo, defendió la presunción de inocencia del monje Andreu Soler, fundador y responsable del movimiento scout del monasterio durante cuarenta años.

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Fuente: Regió7