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Salud laboral

La Generalitat ya incentiva a los centros médicos que acorten las bajas de pacientes, pese a las críticas

La conselleria de Salut insiste en que el plan persigue acelerar diagnósticos para iniciar antes los tratamientos y que todo el presupuesto va destinado a pagar pruebas diagnósticas, no pluses para facultativos

Uno de cada 10 trabajadores de baja laboral recibirá una llamada de un inspector médico durante su recuperación

La Generalitat implementa incentivos para reducir bajas laborales en centros médicos de Catalunya

El Periódico

Gabriel Ubieto

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Barcelona
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Los centros de atención primaria (CAP) catalanes ya aplican el renovado sistema de incentivos para conceder más recursos a aquellos equipos que reduzcan los tiempos de baja de sus pacientes y aceleren su diagnóstico y posterior recuperación. Pese a las críticas de parte del colectivo de sanitarios y de algunos grupos políticos, la conselleria de Salut sigue adelante con su plan para acelerar pruebas diagnósticas en aquellos centros que logren aparejar los tiempos de alta con aquellos marcados como óptimos por la Seguridad Social, según ha avanzado 'Rac 1' y ha podido confirmar este medio.

Desde la conselleria de Salut insisten en que el presupuesto destinado a estos incentivos va destinado íntegramente a que los centros costeen pruebas médicas y que los facultativos no recibirán ni un euro como plus o complemento salarial por dar un mayor o menor volumen de altas o bajas. Una práctica considerada ilegal según los tribunales de justicia y que le ha valido a la Seguridad Social sentencias contrarias en otras comunidades autónomas, tal como avanzó este medio.

Gráfico que muestra la duración media de las bajas en Catalunya.

Desde 2019 que la conselleria de Salut tiene un programa que destina un refuerzo presupuestario a los CAP que reduzcan el tiempo que tarda un paciente en ser atendido, diagnosticado y se le acabe dando el alta. La sanidad pública catalana tiene margen de mejora, en tanto que los trabajadores catalanes tardan un 40% más de tiempo en ser atendidos por un médico que el resto de españoles, según el último informe de Pimec al respecto. Esa tardanza en la atención es una de las múltiples causas que explica el progresivo aumento de incapacidades temporales (IT).

Ahora ha renovado dicho convenio, con el fin de dotar con un 5% de fondos adicionales a aquellos centros que registren reducciones de la duración media de las bajas en dos patologías que están creciendo especialmente, tanto en número como en duración: las musculoesqueléticas y las de salud mental. Las primeras son las más numerosas, hasta el punto de que uno de cada cuatro partes de baja emitidos en Catalunya es derivado de fracturas de huesos, dolencias musculares o lesiones. Y las segundas son los cuadros que más están creciendo, doblándose respecto a los registros previos al covid, según el último informe de la Airef sobre incapacidad temporal.

La renovación de este convenio ha generado malestar y polémica entre parte del colectivo de sanitarios, que han visto en el mismo un intento de poner a los centros a competir entre ellos para acelerar altas de manera precipitada, a su entender. Y un malestar que tuvo hace un mes su derivada política, cuando ERC, Comuns y CUP exigieron a la consellera de Salut, Olga Pané, la retirada inmediata de este programa de incentivos. También se opusieron los sindicatos mayoritarios, mientras que en el bando contrario, las patronales lo aplaudieron.

Gráfico sobre las bajas laborales en Catalunya.

La líder de los Comuns, Jessica Albiach, afirmó tras reunirse con el president Salvador Illa para pactar los presupuestos (hoy retirados) que "el departamento de Salut garantizará que ningún médico ni ningún CAP verá condicionadas sus condiciones económicas por el número y duración de las bajas y que siempre prevalecerán los criterios profesionales”. Desde el Govern entienden que el programa de incentivos no persigue ningún criterio economicista y que únicamente busca la mejoría de la salud de los pacientes, así que han seguido adelante con el mismo.

Bajas al alza

El progresivo aumento de las incapacidades temporales (IT) preocupa a las administraciones y es un tema recurrente en los foros económicos. El número de partes de baja registrados en Catalunya prácticamente se ha doblado en la última década, alcanzando los 2,3 millones en 2024, según datos oficiales de la Seguridad Social. Una tendencia común en el resto de España y en Europa y que tiene sus causas en la visibilización y auge de las patologías de salud mental, el tapón de las listas de espera y el envejecimiento de la población trabajadora, más tendente a causar más bajas y de más duración, entre otros.

Gráfico que muestra el número de catalanes que faltan al trabajo por salud.

La consellera Pané se ha fijado como objetivo contener ese incremento de las incapacidades y lo está abordando desde distintos ámbitos. Causó también polémica su iniciativa de colgar carteles informativos en los consultorios en los que pide a los catalanes que hagan "un buen uso" de las prestaciones de incapacidad temporal, tal como avanzó este medio. Otra medida en la que está trabajando la administración catalana es en habilitar que los médicos de urgencias hospitalarias puedan dar la baja y el trabajador no tenga que ir luego al CAP. Este cambio protocolario persigue reducir burocracia y descongestionar de trámites a los facultativos de la atención primaria.

Catalunya también ha sido una de las primeras (y de las pocas) comunidades autónomas que ha firmado un convenio con la Seguridad Social para permitir que las mutuas colaboradoras puedan realizar pruebas diagnósticas e intervenciones a pacientes que hayan sufrido una dolencia de origen traumatológico en su tiempo libre. Por ejemplo, si una persona se rompe una rodilla jugando al futbol el fin de semana, antes debía tratarse por la sanidad pública y tardar el tiempo que marcara la lista de espera. Ahora, si así lo acepta, puede pedir a la mutua de su empresa que lo trate y acelerar el proceso. Este convenio -solo tres autonomías lo han suscrito por el momento- se encuentra en fase de prueba en Catalunya y todavía no es de aplicación generalizada.

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