Más de la mitad de los profesores sufren agresiones y faltas de respeto en clase

Más de la mitad del profesorado no universitario ha vivido alguna agresión o trato vejatorio en clase durante el último curso. Catalunya, Andalucía, Comunitat Valencia y Madrid son las cuatro comunidades que registran más capítulos de agresividad. Las situaciones violentas -aseguran- no son casos aislados sino un fenómeno extendido y normalizado que se debe al “mal clima escolar”. Así lo revela un informe realizado por el sindicato Csif entre 7.500 profesionales de toda España que trabajan en colegios, institutos y centros de FP y de educación especial. Una de sus principales demandas es recuperar la autoridad docente.

Siete de cada diez profesores no se sienten reconocidos en su labor profesional y absolutamente todos (98%) aseguran que los protocolos de convivencia son inútiles

Titulada ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’ y presentada este lunes en Madrid, la encuesta asegura que, dentro de los episodios de mal trato, las agresiones verbales en el aula son las más frecuentes (53%, aunque las directamente dirigidas a los docentes suponen el 12%), seguidas por las faltas de respeto por parte de los alumnos (30%) y conflictos de diversa índole por parte de las familias (18%). Las agresiones físicas suponen el 11% de las situaciones violentas. Los profesionales también revelan sufrir acoso en redes, aunque no llega al 4%.

Las comunidades que registran más agresividad, además de la ciudad de Melilla (80%), son Catalunya (68%), Andalucía (64%), Comunitat Valencia (57%) y Madrid (54%). En el otro extremo de la lista, con menos episodios violentos, se sitúan Castilla-La Mancha y Baleares (40%), La Rioja (35%), Extremadura (32%) y Cantabria (30%).

Protocolos inútiles

Siete de cada diez profesores no se sienten reconocidos en su labor profesional y absolutamente todos (98%) aseguran que los protocolos de convivencia son inútiles o inadecuados. Más de la mitad del profesorado no ha recibido formación adecuada para gestionar los problemas del aula. Dos tercios del profesorado de toda España considera que su alumnado no muestra el respeto adecuado, una situación que se da mucho más en institutos que en centros de primaria o de FP.

“Este escenario no puede normalizarse. El deterioro de las condiciones laborales y pérdida de reconocimiento social afecta a la motivación del profesorado y, en consecuencia, a la calidad de la educación. Es necesario que las administraciones sitúen al profesorado en el centro de las políticas educativas porque prestigiar la labor docente garantizará el presente y futuro de la educación pública”, han asegurado los responsables de la central.

Alta burocracia y sueldos bajos

La excesiva burocracia, la falta de respaldo por parte de las administraciones y una retribución “insuficiente que no está a la altura de la responsabilidad y la exigencia” son los otros problemas que denuncian los profesores en el informe de Csif. El colectivo demanda, además de recuperar la autoridad docente, reducción de ratios y de horarios lectivos. Ambos aspectos están ya recogidos en el anteproyecto de ley que está elaborando el Gobierno y que en breve desembarcará en el Congreso de los Diputados para su tramitación con el resto de grupos políticos y su aprobación definitiva.

Cuando la nueva norma entre en vigor, como máximo, habrá 22 alumnos en cada aula de primaria (frente a los 25 actuales) mientras que en ESO y bachillerato el tope será de 25 (frente a los 30 actuales). La futura ley también decreta un máximo de 18 horas lectivas semanales en ESO y bachillerato y 23 en primaria. Ese tiempo -que ya se aplica en la mayoría de autonomías- se refiere exclusivamente al de la docencia en el aula dado que el horario real de maestros y profesores es más amplio (37,5 horas) e incluye más actividades.

Australia

Los conflictos en clase, y la violencia hacia los profesores no solo por parte de los alumnos sino de sus familias no es patrimonio exclusivo de las aulas de España. Las autoridades australianas (en concreto, las del estado de Nueva Gales del Sur) están inmersas en una campaña para que los colegios puedan poner límites a padres que insultan, amenazan, presionan o montan conflictos al personal escolar. El objetivo es blindar más a las escuelas frente a los "padres abusadores" dado que reconocen que el problema de la violencia escolar no es solo cuestión de los estudiantes sino de sus familias.

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