¿Qué pasará ahora con el bebé de Barcelona agredido por sus padres? Así actúa la DGPPIA

La detención este lunes de los padres de un bebé de poco más de mes y medio acusados de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual con penetración contra su hijo de un mes y medio es uno de los casos más graves que se recuerdan en la sociedad catalana desde el famoso 'caso Alba'. Hace justo ahora 20 años, las agresiones del padrastro de la niña y la connivencia de la madre obligaron a actualizar los protocolos de prevención y actuación en casos de abuso infantil. Como pasó con Alba, la víctima de este lunes ya ha pasado a manos de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGGPIA), la antigua DGAIA.

De hecho, el juez, que ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para los padres de la criatura, ha retirado la tutela del bebé a sus padres y la ha delegado directamente a la DGPPIA. Fuentes del departament de Drets Socials aseguran a EL PERIÓDICO estar "profundamente consternadas por los hecho" y explican que ahora que está bajo su tutela, la víctima podría ir a una de sus residencias o bien acabar en una familia de acogida.

En casos como este, en que el menor es de muy corta edad, la Administración prioriza la acogida familiar que puede ser tanto en la familia extensa del menor (con tíos, abuelos u otros parientes) o bien en una familia ajena.

En este segundo caso, y dadas las circunstancias, la acogida se daría en una de las familias "de urgencia y diagnóstico". Son familias voluntarias que se activan en casos de emergencia como el de este lunes y que atenderían al bebé el tiempo que sea necesario para que los profesionales de la DGPPIA evalúen el caso en mayor profundidad y propongan cuál es la mejor opción para seguir adelante.

Desde Drets Socials aseguran que "las tres opciones (la acogida en un centro, en la familia extensa o en una familia ajena) son adecuadas". "Debemos estudiar el caso en concreto para determinar cuál es la mejor opción, pero siempre que se puede se prioriza la acogida en familia", resuelven desde la conselleria, que también informa de que en estos casos más extremos se avisa a los Mossos para iniciar el procedimiento penal.

Ahora, mientras la víctima continúa ingresada en el hospital, es responsabilidad de los equipos de valoración de los maltratos infantiles (EVAMI), que dependen de Drets Socials, evalúar la información médica disponible, entrevistar a la familia y proponer una medida de protección.

El debate de la institucionalización

Ya hace años que la Síndica de Greuges y las entidades sociales que trabajan con niños, niñas y adolescentes tutelados por la Administración reclaman que se evite en en la medida de lo posible que menores de seis años entren en alguno de los recursos residenciales de la DGPPIA. La Síndica, de hecho, ha propuesto en reiteradas ocasiones que se prohíba por ley. Es un criterio que comparten psicólogos y neurólogos, que reclaman que, siempre poniendo la seguridad del niño o niña por delante, el recurso más habitual sean las familias de acogida.

Hace una semana, la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, denunció que todavía hay cerca de 300 niños y niñas de menos de seis años que viven en algunas de las residencias de la DGPPIA, además de otros 300 que hacen vida en recursos residenciales para personas sin hogar. "¿Tan difícil es mover ficha para que 300 niños no pasen los primeros años de sus vidas en estas residencias?", se preguntó Giménez-Salinas.

Modelo Barnahus

Además de los recursos habitacionales habituales de la DGPPIA, desde hace unos años se han desplegado en Catalunya hasta 14 servicios Barnahus, pensados específicamente para menores víctimas de abusos sexuales. Según datos del departament de Drets Socials, estos centros atendieron 3.735 casos el 2025, casi un 30% más que las atenciones que se realizaron en 2024. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, achacó el aumento de casos atendidos al "desplegamiento completo" del modelo de atención y al mayor conocimiento y confianza en el servicio.

Como en el caso de este lunes, la mayoría de víctimas entran en el servicio derivadas desde Salut. El año pasado, 953 menores pasaron por alguna de las casas Barnahus tras ser atendidos en algún hospital o centro de atención primaria. La mayoría de los casos de abusos sexuales en la infancia (el 56,7% según las cifras ofrecidas por Martínez Bravo) se dan en el ámbito familiar.

Es un dato que dificulta especialmente poder prevenir estos abusos o minimizar los riesgos antes de que sucedan. Además, tal como apunta un estudio de Save The Children Catalunya del septiembre del año pasado, seis de cada 10 agresores no tenían antecedentes penales. "Estos datos muestran que es difícil identitificar a potneciales agresores sexuales infantiles", recoge el estudio.

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