La Comisión Europea avisa de que las desalinizadoras no pueden ser la "única respuesta" a las sequías

Una de las principales soluciones que los países del sur de Europa plantean ante la amenaza de las sequías es la construcción de desalinizadoras. Es el caso de Catalunya, que a día de hoy dispone de dos plantas, una en El Prat de Llobregat y otra en Blanes, en la desembocadura del río Tordera. En los próximos años, el Govern ha dibujado una hoja de ruta que incluye tres nuevas estaciones para transformar agua del mar en recurso potable: una en Blanes (actuará como una ampliación de la actual), otra en Cubelles y otra en el norte de la Costa Brava.

En este contexto, la Comisión Europea avisa de que estas infraestructuras no deben ser interpretadas como la "única respuesta", sino que deben integrarse dentro de una estrategia más amplia de gestión hídrica. Fuentes europeas han dejado claro esta semana que no están en contra de las desalinizadoras, pero se esfuerzan en subrayar que tiene que haber un plan global que busque la forma de reducir la demanda y mejorar la eficiencia.

Bruselas ha expresado su preocupación por el alto coste y el alto consumo de energía de las desalinizadoras

A Bruselas, en concreto, le preocupa el alto coste y el considerable consumo de energía, en muchos casos procedente de fuentes fósiles. En el caso catalán, por ejemplo, la Generalitat ha cubierto con placas fotovoltaicas el techo de las instalaciones. Sin embargo, se necesita ocupar mucho más terreno para cubrir la demanda de una estación desalinizadora. El Govern ha explicado esta situación a la Comisión Europea, en un encuentro que tuvo lugar esta semana entre la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) y la jefa de la Unidad de Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos europeos, Claudia Olazábal.

Petición de fondos

El Ejecutivo catalán, durante la reunión, también reclamó apoyo económico a través de los fondos Next Generation y Feder para ejecutar las tres desalinizadoras (Tordera II, Foix y Costa Brava), consideradas "estratégicas" para garantizar el suministro de agua en los próximos años. Las dos primeras ya tienen la aprobación del Consejo de Ministros pero la construcción está pendiente de que el Ministerio para la Transición Ecológica firme el inicio de las obras. Para la del Alt Empordà, todavía no existe financiación ni ubicación.

La Comisión Europea anima a que aumente la financiación privada

Europa, ante esta petición, destaca los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ha aumentado su cartera en agua hasta los 15.000 millones de euros para el periodo 2025-2027. Para que las ayudas no vayan solo destinadas a infraestructuras faraónicas, se han lanzado créditos a través de bancos comerciales como el Banc Sabadell (dispone de 400 millones de euros para ello) para dar ayudas a proyectos hídricos más pequeños.

La Comisión, además, pone sobre la mesa la necesidad de que aumente la financiación privada e insiste en la idea de que las desalinizadoras deben ser una solución temporal, que solo se usa durante las épocas de sequía, a diferencia de lo que pasa en lugares de clima árido, como en el Golfo Pérsico o en algunas islas del Mediterráneo.

El objetivo de la Comisión Europea es que la desalinizadora sea utilizada cuando no existan otras opciones disponibles. No obstante, la Comisión destaca que, si bien pueden ser una herramienta útil, las desalinizadoras no deben sobredimensionarse. Según fuentes comunitarias, es fundamental considerar que son una solución de "encendido", es decir, solo se ponen en marcha cuando la situación es crítica, lo que limita su viabilidad como solución a largo plazo.

La Comisión Europea considera que el precio del agua debe incentivar un uso eficiente del recurso, y en este sentido, los precios deberían reflejar los costes reales de su tratamiento y distribución.

De todas formas, cabe señalar que en Catalunya, con los embalses llenos, se siguen utilizando en una gestión quirúrgica que trata de conservar los acuíferos y el caudal de los ríos. Otro aspecto importante es la gestión de la salmuera generada por este proceso, que según Bruselas representa otro desafío importante que debe ser cuidadosamente gestionado.

Jerarquía clara

El enfoque de la Comisión Europea en materia de gestión del agua sigue una jerarquía clara: lo primero es reducir la demanda de agua, luego mejorar la eficiencia en su uso, y, en tercer lugar, reutilizar el agua. Solo si estas opciones no son suficientes, se contempla la posibilidad de incrementar el suministro, y en ese contexto entran las desalinizadoras, pero siempre con cautela. La Comisión, por ejemplo, ha fijado como objetivo mejorar la eficiencia hídrica en un 10% para 2030. En este aspecto, la Generalitat explicó ante Europa las inversiones realizadas para mejorar la eficiencia y los proyectos pioneros de reutilización de agua residual.

En esta visión integral, la digitalización juega un papel clave. El uso de tecnologías avanzadas como los contadores inteligentes, la inteligencia artificial y los satélites permite una gestión más eficiente y precisa del agua, sostienen las fuentes consultadas.

Precio del agua

Uno de los temas más sensibles dentro de esta cuestión es el precio del agua. La Comisión Europea considera que el precio del agua debe incentivar un uso eficiente del recurso, y en este sentido, los precios deberían reflejar los costes reales de su tratamiento y distribución. Sin embargo, reconoce que este tema es extremadamente delicado, ya que cada Estado miembro tiene un margen considerable para fijar los precios. Bruselas, por ejemplo, llevó a Alemania ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por fijar precios demasiado bajos, aunque finalmente perdió el caso.

En la Unión Europea, destacan desde la Comisión, uno de los problemas más grandes es el llamado "self-service" del agua, especialmente en el ámbito agrícola e industrial. Según datos de la Unión Europea, el 80% del agua extraída del medio natural no pasa por las redes de suministro, sino que es utilizada directamente por estos sectores. Este sistema de autoabastecimiento plantea importantes desafíos en términos de control y sostenibilidad, ya que no siempre queda claro quién extrae el agua y con qué propósito. En España, por ejemplo, la sentencia sobre el caso de Doñana, donde se dictaminó que la agricultura no podía seguir desecando el parque nacional para obtener agua, evidencia la necesidad de un mejor control sobre este recurso en sectores como la agricultura.

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