Un juez investiga a un sargento de la Policía Local de Montornès del Vallès por presunto acoso a una subordinada

"Que se gasten el dinero con abogados, yo en dos años me jubilo y ya no me pueden hacen nada". La frase, atribuida al sargento en funciones, en el momento de los hechos, de la Policía Local de Montornès del Vallès, F. J. M., sitúa el tono de un conflicto que se arrastra desde hace siete años dentro del cuerpo. Una cabo presentó en 2024 una querella contra este mando por un presunto acoso laboral continuado y por presuntamente protagonizar episodios de contenido sexual. Un juez de Granollers archivó el caso al considerar que esos comentarios simplemente era "desafortunados", pero ahora la Audiencia de Barcelona considera que esa decisión fue "prematura" y que existen indicios de delito, ordenando que se reabra el proceso judicial para impulsar la investigación.

La resolución para la reapertura del caso, a la que ha accedido EL PERIÓDICO, es contundente: "En este caso hay indicios de que, al menos, se habrían producido actos atentatorios contra la integridad moral, cuyo alcance no podemos minimizar", y subraya: "Con carácter general, actuaciones de carácter sexista y misógino no deben tolerarse". Los magistrados apuntan que los actos relatados se podrían haber producido en una "relación funcionarial y jerarquizada" como es un cuerpo policial. Este diario ha contactado con el Ayuntamiento de Montornès, que ha declinado hacer declaraciones sobre el caso al estar judicializado. Esa misma posición ha asumido el policía investigado ante la llamada de este periódico.

El caso se remonta a 2019 y desde entonces ha derivado en expedientes disciplinarios, sanciones, cambios de turno, advertencias sobre la asignación de horas extra y varias actuaciones administrativas y judiciales. No solo acudió la cabo ante la Justicia, sino también otra agente, que ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de expedientarla. Son las únicas dos mujeres de la plantilla de la Policía Local. El caso ha llegado al Ayuntamiento de Montornès, donde ha sido objeto de debate en distintos plenos municipales; a la Síndica de Greuges de Catalunya, que abrió una actuación de oficio para instar al consistorio a actualizar el protocolo de violencias machistas; y a altas instancias de la seguridad en Catalunya.

De acuerdo con la información recabada por este diario, fue en 2019 cuando empezaron a repetirse presuntos comentarios despectivos, humillaciones e intimidaciones atribuidas al sargento en funciones. Entre las expresiones recogidas en la querella firmada por el abogado Iván Bayo figuran frases como: "Tú, siendo una tía, con que apruebes el examen lo tienes todo hecho, porque sí o sí quieren una tía cabo" o, ante la petición de un archivador: "Qué, ¿para cuándo queréis el armario, para guardar la escoba y la fregona?". En presencia de otros cuatro agentes llegó a añadir: "Estas tienen un armario para guardar sus herramientas de trabajo policial, como sus mochos, escobas o cubos de fregar".

"Un ayuntamiento progre"

Esta actuación no se limita a episodios aislados, sino que la documentación dibuja una dinámica prolongada en el tiempo, con comentarios recurrentes, descrédito en público y cuestionamiento constante de la posición profesional de las dos únicas mujeres del cuerpo, en el momento de los hechos. A ese contexto se añaden supuestas amenazas relacionadas con la asignación de horas extraordinarias y cambios de turno concretos que, según la información recopilada por este diario, fueron utilizados como supuestos elemento de presión. Un ejemplo: siempre según la querella, el mando espetó: "La (nombre) se escapa de que la suspenda porque es un ayuntamiento progre y feminista; si no, no se escapa (...). Esta se ha escapado porque querían una tía. Si no, me la fundo".

La documentación consultada incorpora también episodios de contenido sexual. Entre ellos, uno en el que el sargento habría afirmado, delante de otros agentes, que a una de las policías la "empotrarían contra la pared". Ese clima coincidió con bajas médicas prolongadas por ansiedad y estrés. La querella relata que la cabo fue víctima de un "continuo hostigamiento", acompañado de "actos hostiles y humillantes" por parte del sargento y "con la aquiescencia, autorización y, en ocasiones, participación de un segundo querellado, el jefe de la Policía Local". Según fuentes internas, ambas agentes se reunieron con el jefe superior, quien les indicó que los comentarios en cuestión eran "meros comentarios de pasillo y les sugirió que contaran hasta 10, o incluso hasta 100, para calmarse".

Según el escrito judicial, se han producido "comentarios, informaciones y expresiones misóginas y machistas" por parte del mando policial, "aprovechándose de su cargo" y por "el mero hecho de ser mujer". Las fuentes conocedoras del caso apuntan a un patrón de conducta sostenido en el tiempo y vinculan la actuación del mando con un rechazo a la presencia de mujeres en el servicio.

Cambios de funciones

Parte del conflicto se trasladó después al terreno organizativo y disciplinario. Una de las policías fue apartada de sus funciones en el ámbito de violencia doméstica durante una baja médica y reasignada al área de seguridad ciudadana, sin que conste una concreción efectiva de ese nuevo encaje. La otra acabó sancionada con suspensión de funciones y sueldo. A ello se sumaron cambios de grupo, modificaciones del grupo de trabajo y alteraciones de turnos sin una explicación detallada, según acreditan fuentes conocedoras del caso.

El frente disciplinario se intensificó después de la activación del protocolo municipal. Ambas policías acumulan expedientes por faltas graves o muy graves. Entre los hechos que dieron lugar a esos procedimientos figura, por ejemplo, la aparición de droga en un armero cuando una de las agentes encontraba de baja médica. En uno de los casos, la sanción firme alcanzó un mes y medio de suspensión de funciones y sueldo. En otro, la propuesta llegó a 18 meses y terminó confirmándose en un año y seis meses, ya en 2026. A la vez, la tramitación de esos procedimientos ha abierto nuevas controversias. La documentación del caso recoge objeciones sobre el acceso a los expedientes, la limitación de testigos y el desarrollo de diligencias disciplinarias mientras seguían abiertas otras vías administrativas y penales.

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