La Síndica alerta del "fin de ciclo" de la Administración catalana: “Ya no vale, debe transformarse para volver a servir"

Las personas con discapacidad en Catalunya deben esperar de media 1.991 días para acceder a algunos de los servicios residenciales que disponen para ellos –un 6% más que en 2024– y las personas mayores tienen que aguardar 583 días para que se les adjudique una plaza en una residencia –un 7% más que hace un año–. Durante el año 2025, el número de familias que esperan a que se les entregue una vivienda de emergencia que ya se les ha adjudicado aumentó un 23,4% hasta las 1.304. Por su parte, el tiempo de tramitación para la Renda Garantida de Ciutadania pasó de los 76 a los 122 días de media.

Este empeoramiento de los datos está recogido en el Informe de 2025 de la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, quien asegura que la Administración Pública ha alcanzado un "fin de ciclo" y urge a un "acuerdo de país" que la transforme completamente. "No se trata de tomar medidas aisladas. Ya no vale, estamos pensando en una transición profunda para que la Administración recupere su razón de ser y sirva a la ciudadanía", ha defendido durante la presentación del informe, este miércoles. Giménez-Salinas ha pedido a las instituciones que "retomen el impulso" con el que se fundó la Administración Catalana hace 40 años, "con la ilusión de hacer las cosas bien".

Parte de la razón de esta lentitud del sistema, según apunta el informe, es la burocratización excesiva del sistema. La Síndica estima que los trabajadores públicos llegan a pasar el 30% de su jornada con tareas burocráticas, algo que va en detrimento de la atención a las personas. La ventana única que prometió la Generalitat para 2025 tendría que ser una de las principales respuestas a esta burocratización del sistema, pero de momento la iniciativa no se ha empezado a aplicar sobre el terreno. La desatención está detrás, por ejemplo, de que el 60% de las personas en situación de privación material severa sigan a día de hoy sin acceder ni al Ingreso Mínimo Vital (IMV) ni a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

Más quejas que nunca

El año 2025 fue el ejercicio con más actividad en la historia de la Síndica. El ente liderado por Giménez-Salinas realizó más de 25.000 actuaciones y registró 13.646 quejas y 11.428 consultas. La mitad de estas quejas recibidas correspondieron al ámbito de los derechos sociales.

Las denuncias por el mal funcionamiento de los servicios sociales, por ejemplo, aumentaron un 61,6%. En este sentido, la Síndica ha indicado que, pese a que ha habido un aumento de los recursos que se destinan a las políticas sociales, esto no se ha traducido en un mejor funcionamiento del sistema. Las quejas recibidas por la Síndica apuntan a que la presión asistencial ha aumentado y a que el malestar por el desbordamiento de los profesionales es cada vez mayor entre los trabajadores sociales, los servicios de atención primaria en salud o los centros educativos.

Tampoco sale bien parada la carpeta de la vivienda. Pese a que el informe apunta que el Govern ya está tomando pasos para desarrollar políticas estructurales para resolver esta problemática "a medio y largo plazo", considera que no se ha promovido lo suficiente un parque de vivienda social estable. De momento, hay aproximadamente 40.000 viviendas sociales y cerca de 120.000 personas en el registro de solicitantes. La Síndica recibió el año pasado un 52,4% más de quejas relacionadas con la vivienda.

Situación en la infancia

La Sindicatura señala como dos problemas comunes el papeleo excesivo en los trámites y que en muchos casos se prioricen elementos organizativos internos y no el interés general de la ciudadanía. Ejemplo de ello, según el informe, es el caso de los centros educativos de alta complejidad o de los servicios de protección a la infancia, que se han visto descabezados por los procesos de estabilización y los concursos de traslados.

Buscar una cierta estabilidad en el personal especializado en atención a la infancia es, de hecho, una constante reivindicación tanto de la Síndica como de las entidades del sector. De hecho, la gran movilidad laboral de estos profesionales –azuzada en muchos casos por las condiciones precarias de su trabajo– es negativa en muchos casos para los menores y sus familias, que tienen que ir cambiando de figura de referencia en la Administración constantemente. Lo mismo sucede en los centros educativos de alta complejidad.

Tutela de menores

En este sentido, otra de las reclamaciones constantes de la Síndica es la desinstitucionalización de los menores. Es decir, evitar en la medida de lo posible que aquellos menores que la Administración considera que no pueden estar a cargo de sus progenitores acaben en recursos residenciales de la Generalitat. En 2025, al menos 300 menores de seis años viven en alguno de estos recursos. Al menos otros 300 más, por otro lado, viven en recursos residenciales pensados para personas sin hogar. En general, hay en Catalunya unos 5.300 menores tutelados (un 4% más que en 2024).

"¿Tan difícil es mover ficha para que 300 niños no crezcan en residencias?", se ha preguntado Giménez-Salinas, que asegura que, pese a las buenas palabras del Govern para reformar la DGPPIA (antigua DGAIA), los resultados del cambio "aún no se han notado en la práctica". La Síndica de Greuges ha pedido en reiteradas ocasiones que se prohíba por ley que los menores sean acogidos en recursos residenciales de la Administración.

El informe de la Síndica también pone por primera vez el acento en el sinhogarismo. Giménez-Salinas convocó en diciembre una cumbre con los ayuntamientos y realizó una encuesta que recogía que al menos 6.724 personas dormían en las calles de las ciudades de más de 20.000 habitantes en Catalunya.

Caos en Rodalies

Más allá de políticas y derechos sociales, detrás del aumento histórico de quejas y consultas a la Síndica en 2025 también se encuentran los problemas de la red de Rodalies. Las quejas (578) por este servicio se han disparado un 136% en comparación al año anterior. La mayoría de ellas, según el informe, corresponden a la puntualidad. La Síndica calcula que un 6,6% de los trenes llegan con retrasos de más de cinco minutos a las estaciones y que la demora es, de media, de 20,5 minutos.

La nota positiva del año es para la justicia restaurativa, una de las principales reclamaciones de Giménez-Salinas, que procede del ámbito penal y pone en marcha, asegura, medidas "fáciles, económicas y que ayudan mucho". Se trata de una iniciativa que la sindicatura implementa desde 2022 y que pretende que, en aquellos casos en los que sea posible, se repare simbólicamente a la persona que ha presentado la queja. Durante 2025, el 90,2% de las recomendaciones que hizo la Síndica en este sentido se respetaron.

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