Limbo urbanístico
Madrid tiene identificadas 186 urbanizaciones ilegales en 56 municipios: en la Vega del Tajuña hay 5.513 casas irregulares
El Gobierno autonómico tiene actualmente localizadas 10.500 viviendas irregulares y ha inspeccionado los últimos cuatro años 1.906 construcciones irregulares en suelo protegido para restablecer la legalidad
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Coches de la Guardia Civil durante una actuación contra las viviendas ilegales en Madrid. / EL PERIÓDICO

La Comunidad de Madrid tiene actualmente identificadas aproximadamente 184 urbanizaciones o asentamientos de origen ilegal, la mayor parte de ellos en La Vega del Tajuña, donde se contabilizan 5.513 viviendas irregulares del total de más de 10.500 que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene registradas en la comunidad.
Madrid, de hecho, es una de las comunidades menos afectadas por estas urbanizaciones que se levantaron en suelo rústico, mayoritariamente durante el desarrollismo, en muchas comunidades de España. En Catalunya, la Generalitat acaba de abrir a puerta a legalizar 730 de estas urbanizaciones, que en la mayoría de casos carecen de los servicios básicos (asfaltado, alcantarillado, electricidad y agua).

Viviendas ilegales en la Vega del Tajuña. / COMUNIDAD DE MADRID
El Gobierno autonómico ha realizado una actualización del inventario histórico establecido en la normativa de 1985: de las 136 urbanizaciones recogidas en dicha ley, 49 han sido posteriormente regularizadas, a las que se suman 97 nuevos núcleos detectados que, si bien no estaban catalogados, cumplen los criterios de asentamientos residenciales irregulares consolidados.
Viviendas ilegales en 56 municipios
"La superficie total afectada por estos desarrollos asciende a 5.334,30 hectáreas, distribuidas en 56 términos municipales", explican a EL PERIÓDICO fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que precisan que se trata de ámbitos caracterizados, en su mayoría, "por procesos urbanizadores al margen de la legalidad, carentes de planificación territorial y de las condiciones mínimas de urbanización exigidas por la normativa vigente en la Comunidad de Madrid".

José Luis Roca
Entre los nuevos asentamientos identificados destacan varios por su elevado número de construcciones ilegales, configurando auténticos núcleos urbanos no planificados. Así, en La Vega del Tajuña hay 5.513 edificaciones ilegales repartidas a lo largo de 2.712,5 hectáreas, "constituyendo el mayor asentamiento irregular de la región".
Asentamientos a lo largo de los ríos
En Camino Viejo de Madrid y Vega Baja del Guadarrama hay 1.451 y 1.439 edificaciones, respectivamente, repartidas a lo largo del curso de los ríos Jarama y Guadarrama.

Vista de una de las calles de la urbanización de El Tallar, en Mejorada del Campo. / JOSÉ LUIS ROCA
El Rondelo, Pico Valsarón y Dehesa Nueva tienen 428, 248 y 235 edificaciones ilegales respectivamente, configurando auténticos núcleos de población no planificados y luego están El Tallar, Villaflores y El Balcón, con más de 2.000 edificaciones en situación irregular en Mejorada del Campo, a un paso de Madrid capital.
Plan de inspección
Desde la Comunidad de Madrid, precisan las mismas fuentes, se está llevando a cabo un Plan de Inspección y Disciplina Urbanística que conlleva, entre otras cosas, un seguimiento y control de urbanizaciones ilegales y asentamientos irregulares y un análisis de la situación "de cara a establecer, en cooperación con los ayuntamientos, las medidas de regulación, restauración y disciplina urbanística necesarias para contener el impacto medioambiental y reducir los riesgos naturales, tecnológicos y humanos derivados de estos asentamientos".
La Comunidad de Madrid cuenta además con herramientas digitales avanzadas para la detección de estas edificaciones, como imáganes aéreas y satelitales, proyectos piloto de detección automatizada con inteligencia artificial y el Servicio de Información Territorial que se utiliza diariamente mediante servicios WMS y análisis GIS, siendo esenciales para la elaboración de informes y la tramitación de expedientes.
En los últimos cuatro años, los inspectores han a abierto 1.906 expedientes a construcciones irregulares en suelo protegido para restablecer la legalidad
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