Las familias de cuatro fallecidos en el accidente de Cerredo piden más pruebas sobre el grisú en la mina, la ventilación y las finanzas de los dueños

La acusación particular que representa a las familias de cuatro de los cinco trabajadores fallecidos en el accidente de la mina de Cerredo, que ejerce la abogada Beatriz Llamas, ha solicitado al Juzgado de Cangas del Narcea una amplia batería de nuevas diligencias para profundizar en la investigación del siniestro del 31 de marzo de 2025. El escrito sostiene que esas pruebas son necesarias para esclarecer por completo las causas de la explosión, determinar posibles incumplimientos graves de la normativa de seguridad minera e identificar a los eventuales responsables.  

Entre las peticiones figura la entrega del libro oficial de mediciones de grisú, los registros diarios del explosímetro, la identificación de los responsables de esas mediciones, la formación acreditada en control de atmósferas explosivas, los certificados de calibración de los aparatos y los registros electrónicos originales con metadatos. La acusación también reclama copia de seguridad previa al accidente e historial de auditoría del sistema informático, con el objetivo de garantizar la integridad de la información técnica.  

Otro de los ejes del escrito se centra en el sistema de ventilación. La acusación pide el proyecto técnico vigente en la fecha del accidente, las modificaciones introducidas, el cálculo del caudal exigido por la normativa, el caudal real existente el día del siniestro y los registros de mantenimiento e incidencias. Además, solicita que la pericial técnica ya incorporada a la causa se amplíe para que los expertos se pronuncien de forma expresa sobre si la ventilación era suficiente, si cumplía las exigencias reglamentarias y si existía previsibilidad técnica de acumulación de metano en niveles explosivos en la zona concreta donde trabajaban los mineros.  

El escrito también pone el foco en un posible episodio previo de deficiente ventilación ocurrido semanas antes de la explosión. Según la acusación y tal y como declararon los protagonistas, varios trabajadores habrían sufrido mareos y necesitado asistencia al salir de la mina. Por ello, solicita la declaración de supervivientes y la remisión de historiales clínicos de dos de los fallecidos para comprobar si presentaron signos compatibles con exposición a gases. También reclama documentación sobre la instalación de dos turbinas tras ese episodio, para aclarar si respondía a una incidencia concreta por acumulación de gas.  

Además, la acusación pide al juzgado que requiera el organigrama real de la explotación, las delegaciones de funciones, los protocolos de paralización ante detección de gas, las órdenes internas emitidas en marzo de 2025, las comunicaciones corporativas, el parte diario de producción del día del accidente y los objetivos productivos fijados para ese mes. El propósito es determinar si existió presión productiva que pudiera haber influido en la adopción o no de medidas de seguridad.  

Junto al plano técnico, el escrito incorpora una vertiente económica. La acusación solicita extractos bancarios, identificación de préstamos, movimientos entre sociedades vinculadas, pagos a administradores y un informe patrimonial integral sobre investigados y mercantiles, con especial atención a posibles actos dispositivos posteriores al accidente. También reclama información sobre pólizas de responsabilidad civil y sobre la cobertura aseguradora de la actividad desarrollada en la explotación.  

Como medida cautelar, pide que se fije una fianza suficiente para garantizar las responsabilidades civiles derivadas de los hechos. La cantidad mínima que plantea asciende a 500.000 euros por cada víctima fallecida, por lo que en el caso de las cuatro familias a las que representa solicita una fianza de dos millones de euros, sin perjuicio de su posterior concreción.  

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