Los profesores catalanes piden que el derecho a la vivienda esté en el currículo: "Los niños no deben vivir con vergüenza"

Lo abultado de los datos hace imposible esconderlos bajo la alfombra. Solo en 2025, 1.331 familias catalanas pasaron por un desahucio, y el 80% de ellas tenía niños. Criaturas que respiran la tristeza que provoca en sus madres la dureza del proceso y que experimentan en sus zapatos la falta de condiciones materiales, como un espacio en el que hacer los deberes. Ante la ausencia de respuestas instituciones suficientes ante un problema que no es nuevo, pero que se recrudece año tras año, hace poco más de un año nació el colectivo Docents 080, un grupo de profesionales de la educación inspirados por la plataforma impulsada en Salt, que se niegan a dar la espalda a su alumnado e instan a las comunidades educativas a organizarse para que ningún niño ni adolescente viva un proceso de pérdida de hogar en soledad ni con vergüenza.

Este jueves, junto al Observatori DESCA, han presentado una guía que busca ser una herramienta diseñada para que los centros educativos "detecten, acompañen e intervengan" ante situaciones de inseguridad residencial, ya sean desahucios o situaciones de infravivienda o sinhogarismo, realidades aún invisibilizadas.

"Intentamos dar unas pautas para que los centros puedan acompañar y apelamos al Govern para que impulse medidas públicas para que ningún niño pierda su entorno educativo"

Lucía Delgado

— Docents 080

"El centro educativo debe ser un espacio de protección y resistencia, y no de 'silencios cómplices' ante la vulneración de derechos", apuntan desde la plataforma formada por maestras y profesores de todas las etapas educativas. "Mama, Salva [o Ana o Moha] se va de la escuela porque no encuentran casa en el barrio", es una frase que, palabra arriba palabra abajo, infinidad de madres catalanas han escuchado en boca de sus hijos al meterlos en la cama, momento en el que suelen abrir sus corazones (y cabezas) y compartir preocupaciones. Y la situación se torna infinitamente más dolorosa cuando tu hijo no es el compañero de Salva, Ana, o Moha sino que es Salva, Ana o Moha y la pregunta es 'mama, ¿por qué nosotros no podemos tener una casa como el resto de niños de la clase?'.

"Es una problemática que afecta a todo el país, especialmente en las ciudades más pobladas, que es donde hay más tensión habitacional, pero impacta en todos los centros y a todas las edades, de las 'bressol' a los institutos. Con esta guía queremos contribuir a situar la protección de la infancia contra los desahucios como una prioridad de país, que es lo que tendría que ser", resume Lucía Delgado, técnica de vivienda del Observatari DESSCA y miembro de Docents 080. "Intentamos dar unas pautas básicas para que todos los centros educativos puedan acompañar y apelamos al Govern para que impulse medidas públicas para que ningún niño pierda su entorno educativo", subraya.

Mirada estructural

Al fin y al cabo, la guía busca garantizar el derecho a la educación y el bienestar integral del alumnado, evitando su estigmatización, poniendo énfasis en la necesidad de tener una mirada estructural, "entendiendo que la falta de vivienda no es responsabilidad individual de las familias, sino un problema social", recalcan.

El colectivo defiende que la escuela no debe ser neutral y propone acciones visibles como colgar pancartas o crear puntos de asesoramiento con sindicatos de vivienda en el colegio

El documento presentado este jueves señala que el centro educativo puede identificar estas situaciones principalmente de tres maneras. Por vía externa -cuando la información que llega a través de servicios sociales, sindicatos de vivienda o entidades vecinales-, por vía directa -la comunicación espontánea de la propia familia o el alumno, a menudo durante tutorías- o desde la observación en el centro, a partir de la detección de señales de alerta, como el absentismo, dificultades de concentración, estrés, falta de ropa adecuada o cambios de conducta.

Una vez detectada la situación, proponen diversas acciones adaptadas a las realidades de cada centro, muy diversas, ya que el fenómeno es transversal y afecta tanto a escuelas públicas como concertadas. La primera, a la que dan más importancia, es ofrecer apoyo emocional y social. Crear espacios de conversación con tutores o educadores sociales (en los centros en los que los hay) y acompañamiento a servicios sociales o incluso, si llega el caso, en el momento del desahucio, si la familia lo acepta.

El documento señala la importancia del trabajo en red: implicar a todo el claustro, equipo directivo, afa y entidades del barrio

Plantea también una adaptación pedagógica. La flexibilización de plazos y tareas al alumnado que esté pasando por ese proceso; la oferta de refuerzo educativo gratuito si la situación interfiere en el aprendizaje y trabajar la prevención del estigma. En ese último punto, proponen incorporar el derecho a la vivienda en el currículo escolar para que el conjunto del alumnado lo entienda como un derecho humano vulnerado y no como una situación de vergüenza.

Respuesta comunitaria

La guía -que cuenta con el apoyoa de la aFFaC- defiende que la escuela "no debe ser neutral". Propone acciones visibles como colgar pancartas contra los desahucios o crear puntos de asesoramiento con sindicatos de vivienda en el propio centro.

Por último, el colectivo insiste en la importancia del trabajo en red. Implicar a todo el claustro, equipo directivo, afas y comisiones sociales y en coordinación con servicios sociales, centros de salud mental y entidades del barrio para "asegurar que la respuesta sea comunitaria".

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