Una mediación entre el guardia urbano que disparó a la perra Sota y su dueño, el sintecho Tauri Ruusalu, cierra el caso

La perra Sota murió el 18 de diciembre de 2018 por el disparo de un agente de la Guardia Urbana de Barcelona que fue acusado de maltrato animal y que dijo haber actuado en defensa propia. La mestiza de labrador se encontraba con su dueño, el sintecho estonio Tauri Ruusalu, en la Gran Via, cerca de la plaza de Espanya. La muerte del animal incendió las redes sociales y desencadenó protestas y manifestaciones en la ciudad convocadas por grupos animalistas, algunas de las cuales llegaron a reunier a 3.500 personas. Ahora, más de siete años después y tras un prolongado proceso de mediación, la policía local y el dueño de la perra, acusado de haber intentado agredir a los agentes cuando mataron al animal, han llegado a un acuerdo, y el juez que instruye el caso lo ha archivado. Ambos protagonistas han manifestado “su deseo de dejar atrás la situación vivida y no reclamarse nada el uno al otro”, reza la resolución judicial. El fiscal no se ha opuesto al sobreseimiento.

El guardia urbano y Tauri Ruusalu se vieron cara a cara durante una mediación que también ha sido larga: más de tres años, con entrevistas y la participación activa de sus dos abogadas. Por parte del agente, Paz Vallés, y por parte de Ruusalu, Inés Guardiola. Ninguna de las dos puede revelar ningún detalle de cómo se ha desarrollado la mediación por una cuestión de confidencialidad, pero afirman que tanto el agente como el dueño de Sota se sienten resarcidos, a pesar de que en un principio no estaban conformes con iniciar el proceso.

Las posturas se han ido acercando poco a poco y han llegado a un consenso para pasar página y evitar que ninguno de los dos se enfrente a un posible juicio: el guardia, por maltrato animal, y el estonio, por atentado a la autoridad. Es lo que técnicamente se denomina “justicia restaurativa”, método que busca reparar el daño causado a la víctima y que cuenta con equipos de mediadores especializados.

Acusaciones populares

Ante este acuerdo, el juez de Barcelona Hugo Novales Bilbao ha decidido, según expone en su auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, aplicar el “principio de intervención mínima” del derecho penal y rechazar la pretensión de las formaciones animalistas, como PACMA y Libera, de continuar el proceso contra el agente de la Guardia Urbana que en su día llegó a ser imputado, pese al acuerdo. Para ello, apela a la denominada doctrina Botín, que establece que no se puede continuar con una causa únicamente a instancias de la acusación popular. En su declaración judicial, el agente sostuvo que disparó a la perra porque sintió "miedo" cuando se dio cuenta de que el animal corría hacia él "enseñando los colomillos".

La abogada Paz Vallés, que representa al agente de la Guardia Urbana, sostiene que “la finalidad del proceso penal no se agota en la imposición de una pena, sino que comprende también la adecuada gestión del conflicto penal y la pacificación social. Cuando, como en el presente caso, dichas finalidades han sido plenamente alcanzadas a través de un proceso restaurativo válido, voluntario y acompañado institucionalmente”, la continuación del procedimiento judicial era, en su opinión, “innecesaria y contraria a los principios de intervención mínima y proporcionalidad”. La mediación, precisa, ha permitido alcanzar un acuerdo de “responsabilización, reflexión y reparación” de un conflicto que “ha quedado definitivamente resuelto”.

Para Inés Guardiola, la abogada del dueño de la perra, “la mediación ha sido excepcional y especialmente significativa, ya que este tipo de procesos penales terminan necesariamente en un juicio”. La letrada subraya que, en este caso, “gracias al proceso de justicia restaurativa y al esfuerzo y voluntad de todos” los que han participado en él, “se ha permitido alcanzar un acuerdo y cerrar el conflicto sin necesidad de continuar el proceso judicial”.

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