Catalunya pone en pausa el impuesto a los cruceros: "Se deben valorar los beneficios medioambientales de la medida"

El Govern de la Generalitat deja, de momento, en suspenso el impuesto a los cruceros por la emisión de CO2. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, pese a que ya podría aplicar la tasa, anunciada en 2023 pero que jamás se ha llegado a cobrar, ha optado por elaborar antes un estudio sobre las posibles consecuencias de la iniciativa para decidir más adelante si ponerla en marcha o no. La intención del Ejecutivo catalán es evaluar de nuevo la situación, después de que en 2024 entrara en vigor un sistema europeo por el cual se rigen los derechos de emisión de las compañías navieras.

En 2024 entró en vigor un sistema europeo por el cual se rigen los derechos de emisión de las navieras

"Pese a que se aprobó un anteproyecto de ley que se trasladó al Parlament, el contexto actual obliga a valorar de manera integrada el impuesto propuesto en 2023 y su entrada en vigor", sostiene la consellera Sílvia Paneque. El PSC, en realidad, en la última campaña electoral, a través de Paneque, ya admitió que no veía claro el plan lanzado por el Govern de ERC, si el impuesto no era el mismo en toda la Unión Europea, puesto que el gravamen, consideraban, podía perjudicar la competitividad de las empresas locales. Además, el impuesto no se incluyó en el pacto de investidura entre socialistas y republicanos, a diferencia de lo que sí se hizo con otras medidas iniciadas en el mandato de Pere Aragonès a las que se acordó dar continuidad.

La intención de obligar a los grandes barcos a pagar impuestos cada vez que atracan en los puertos catalanes se puso por primera vez, al menos de manera seria, sobre la mesa en 2017. La ley de cambio climático aprobada entonces exigía desplegar este gravamen. No obstante, la propuesta no empezó a avanzar hasta 2023, seis años después, cuando el Govern Aragonès presentó su propuesta, menos ambiciosa de lo previsto inicialmente: la idea era cobrar un euro por kilo de óxido de nitrógeno (NOx) y partículas en suspensión (PM10) generadas.

En cifras absolutas, se pretendía tasar con 1.440 euros a cada crucero por anclaje en el muelle. En el caso de los buques de carga, el impuesto no alcanzaba los 500 euros y para los petroleros llegaba a los 3.000. En total, se preveía recaudar unos 7,5 millones de euros al año a través del gravamen. Ahora, casi una década después, cruceros, cargueros y petroleros siguen sin abonar esa polémica tasa cuando amarran en Barcelona, Tarragona y Palamós, las principales infraestructuras que acogen a las embarcaciones de más tamaño.

Nuevo régimen

Paneque, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la CUP sobre cuándo se aprobaría la entrada en vigor del impuesto, pone el foco en el nuevo marco legislativo: "El año 2025 fue el primero en el que los derechos de emisión del nuevo sistema europeo se entregaron a las operadoras". Esto significa que, desde hace un año, las empresas responsables de los barcos deben presentar ante Europa la justificación del dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso que emiten para cubrir la contaminación que generan.

Ante esta situación, la conselleria está estudiando todo el conjunto de impuestos ambientales en vigor. "Analizamos las tasas vinculadas a emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones contaminantes y los nuevos requerimientos del Comercio de Derechos de Emisiones de la Unión Europea", precisa la consellera. La idea es saber sobre qué sectores recaen todos estos gravámenes y, a partir de aquí tomar una decisión.

"Una vez alcanzada la valoración, se determinará la posibilidad de implantar la tasa y la magnitud de los beneficios ambientales que se pueden derivar de nuevos impuestos", zanja Paneque. Para el Govern, es relevante evaluar las consecuencias de posibles tasas nuevas antes de aplicarlas. De hecho, en la ley de acompañamiento a los presupuestos presentados por Illa se incluye la eliminación de 19 impuestos.

Pendientes del estudio

Preguntados sobre cuándo se tomará una decisión, en el seno de la conselleria prefieren no poner fecha a la posible aplicación del impuesto a los cruceros, que ERC anunció como una de sus medidas estrella bajo el lema 'quien contamina paga'. La iniciativa, que llegó a pasar por el CTESC (Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya) pero que no se votó en el Parlament, excluía a las embarcaciones electrificadas, a los ferris que realizan viajes a las Baleares y a los barcos humanitarios.

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