"En Les Naus no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público"

La llegada de la documentación sobre el residencial Les Naus reclamada por el juzgado al Ayuntamiento de Alicante, a la Conselleria de Vivienda y a la cooperativa promotora del proyecto ha marcado el pistoletazo de salida de la investigación. La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional repasarán ahora con lupa los expedientes relacionados con la adjudicación de cada una de las 140 viviendas del complejo residencial. Un escándalo que estalló tras desvelar INFORMACIÓN que se adjudicaron pisos a personas próximas al PP.

Inicialmente se investigan posibles delitos de prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios y aprovechamiento de información privilegiada. Otra de las grandes cuestiones es si, en caso de que se aprecien delitos, será posible revocar las adjudicaciones. Sin embargo, los expertos consultados por este diario coinciden en señalar que el principal problema que plantea esta polémica promoción puede no estar tanto en la tramitación formal del proyecto como en el propio modelo utilizado para desarrollar la promoción de viviendas protegidas en suelo público.

Como recuerdan los expertos, el principal dilema de Les Naus no radica únicamente en la supuesta irregularidad de la tramitación, sino en cómo se diseñó el proyecto y quién controla realmente el acceso a las viviendas. El suelo era público y se invocaba una finalidad social: facilitar el acceso a vivienda protegida a familias con ingresos limitados. Sin embargo, la promoción se canalizó a través de una cooperativa privada, que levantó y adjudicó los pisos a sus socios, mientras la administración autonómica solo verificaba que los compradores cumplieran los requisitos formales.

Ese diseño, sostienen los juristas consultados, genera una paradoja: aunque los procedimientos se hayan cumplido sobre el papel, el instrumento elegido no garantiza que la finalidad social se cumpla. Como sintetiza el abogado Luis Marco, «el problema es que aquí no se ha hecho vivienda pública, sino viviendas en suelo público».

El sistema de vivienda protegida establece una serie de controles formales: límites de renta, residencia habitual, ausencia de otra vivienda en propiedad o precios máximos fijados por la normativa. Sin embargo, la supervisión se limita a comprobar documentación y visados administrativos, y no siempre asegura que las viviendas lleguen a quienes justifican la intervención pública. Por eso, Marco considera que el problema viene del modelo utilizado y no de la tramitación del procedimiento en sí.

El propio diseño del concurso también plantea dudas. Los criterios más valorados en la adjudicación fueron la piscina, instalaciones deportivas o equipamientos propios de urbanizaciones de alto nivel, que respondían más a estándares de una promoción residencial atractiva que a un instrumento orientado a garantizar el acceso a vivienda asequible. Esta combinación, explica Marco, ilustra la tensión entre la finalidad económica y la finalidad social que justificaba la operación.

Revertir las adjudicaciones

La gran incógnita del caso es si, en el supuesto de que se acreditaran irregularidades, los propietarios podrían perder las viviendas. Los juristas coinciden en que revertir la propiedad de pisos ya vendidos e inscritos en el Registro de la Propiedad es complicado, aunque no imposible. Al haberse abierto la vía penal, la actuación administrativa queda prácticamente paralizada y cualquier decisión sobre la reversión tendría que pasar necesariamente por un juez, ya que implica modificar las inscripciones registrales y anular contratos de compraventa.

Los juristas consultados explican que habrá que delimitar cuál ha sido la intervención de los particulares y de la propia Administración. El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, José María Asencio, señala que uno de los delitos investigados es la prevaricación, adoptar una decisión injusta a sabiendas, por lo que es necesario analizar la actuación del Ayuntamiento, de la Generalitat y de la cooperativa. «Incluso la propia Administración podría actuar contra los investigados si considera que le han engañado», explica.

Sin embargo, para conseguir la nulidad de las adjudicaciones es indispensable que haya una condena por la vía penal. «Para que pueda adoptarse esa medida sería necesario que los propios adjudicatarios fueran condenados penalmente, por ejemplo si se acreditara que falsearon datos para cumplir los requisitos de acceso a las viviendas protegidas», añade Asencio. Los juristas coinciden en que el dinero pagado se devolvería a los compradores, aunque tampoco no se podría descartar que se impusiera alguna multa en caso de condena.

Falsedad

En este punto existen discrepancias entre los juristas. Algunos magistrados subrayan que el Código Penal no sanciona el hecho de facilitar datos falsos en un documento oficial cuando quien lo hace es un particular; esta conducta solo se sanciona si es cometida por funcionarios públicos. Sin embargo, otros expertos recuerdan que la aportación de documentos privados con datos falsos a un expediente administrativo puede dar lugar a responsabilidad penal mediante la figura conocida como falsedad ideológica por incorporación, cuando esos documentos pasan a formar parte de un expediente público.

Para el abogado Bernardo del Rosal, entre los delitos que tendrían que acreditarse para anular las adjudicaciones están la prevaricación, el tráfico de influencias o el aprovechamiento de información privilegiada. «Si se demostrara que el procedimiento de adjudicación de las viviendas estaba viciado y lleno de delitos, no tendría ningún sentido que los adjudicatarios se quedaran con la vivienda», asegura.

En cualquier caso la investigación que hay por delante será larga y ardua. “No es un simple caso. Son 140 casos, porque van a tener que revisarse todas las adjudicaciones”, señalaron fuentes del Palacio de Justicia.

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