Sentencia de la Audiencia de Barcelona
Seis años de prisión por explotar a un inmigrante paquistaní que cocinaba en un sótano de Barcelona con insectos y sin ventilación
La víctima tuvo que dormir en colchones en el suelo y trabajar en un local sin ventilación y plagado de insectos en el que se preparaba comida para repartir a domicilio
Las nuevas víctimas de la trata: trabajadores de supermercados, 'esclavos de la marihuana' y hurtadoras del metro

Operación de los Mossos en un supermercado en el Maresme contra la explotación laboral / Mossos

Era un sótano de grandes dimensiones donde el olor era “muy repugnante”. No había ventanas ni ningún tipo de ventilación. Las paredes tenían moho. Había muchos fogones encendidos con comida encima, también en recipientes, en el suelo y junto a los cubos de basura. Por todo el local había insectos vivos y muertos y comida podrida que hacía “un olor insoportable”. Y unas neveras, algunas en funcionamiento y otras no, con insectos muertos en su interior. También había un retrete con restos de orina y heces, un sofá “lleno de mugre” y colchones en el suelo.
Así describió un agente de la Guardia Urbana el lugar, ubicado en Barcelona, donde fue explotado un inmigrante paquistaní al que un compatriota engañó con una falsa oferta de trabajo y obligó a cocinar en condiciones “insalubres” comida destinada al reparto a domicilio. Allí dormía y trabajaba, y solo podía salir y entrar para llevar los alimentos cocinados a las casas. La Audiencia de Barcelona ha condenado a seis años de prisión al explotador, Y. M. B., por un delito de trata de seres humanos, así como a la prohibición de acercarse a la víctima, que tiene la condición de testigo protegido. Su declaración ha sido clave para imponer la pena. El tribunal de la Sección Séptima ha dado credibilidad a su testimonio.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, declara probado que la víctima, tras un periplo migratorio desde su país de origen, vivía en Madrid en octubre de 2022, “en situación irregular”, solo, sin familia, sin recursos suficientes y “con la acuciante necesidad de enviar dinero a su madre y hermanos menores”, residentes en su país. Con la intención de mejorar su situación económica y a través de un amigo, contactó con el acusado, quien le propuso viajar a Barcelona. Le ofreció una “falsa oferta” de trabajo como cocinero, con una jornada laboral de 12 horas y una retribución de 30 euros diarios.
Viaje al infierno
El inmigrante aceptó con la esperanza de aumentar sus ingresos y, con ello, ayudar a su familia. Viajó de Madrid a Barcelona el 27 de octubre de 2022 con solo 50 euros en el bolsillo. Al bajar del autobús, cogió el metro y se reunió con una persona que le estaba esperando en la avenida del Paral·lel. Ambos se dirigieron hacia el sótano. Una vez allí, la víctima descubrió que ese sería su lugar de trabajo y de residencia: sin ventanas, sucio, desordenado, sin ducha, con un váter y un lavabo “en deficientes condiciones de higiene”, relata la sentencia. El local hacía las veces de almacén de terceros y de “productos alimenticios sin rigor sanitario alguno”. El testigo protegido dormía junto con otras personas en colchones en el suelo.
“Al carecer de más opciones” y por “imposición” del condenado, tuvo que trabajar para él. Lo hizo nada más llegar, ese 27 de octubre, cuando empezó a elaborar a diario comida “clandestina”, precisa el tribunal, en condiciones “insalubres” para repartir a domicilio. El horario de trabajo se extendía desde las seis de la mañana hasta las 12 o la una de la noche y, a veces, hasta más tarde, sin cobrar nada, “sin garantías sociales”, ni contacto con terceros, sin descanso y alimentándose de la misma comida que cocinaba para el reparto. Además, no disponía de llaves del sótano y solo salía para entregar los encargos. Tampoco disponía de su documentación personal porque se la había quedado el ahora condenado “para garantizar su control y explotación”, concretan los magistrados. No tenía tiempo libre y, si lo pedía, el imputado se mostraba enfadado.
Esas “duras e indignas condiciones”, relatan los jueces, sufrió la víctima hasta el 7 de noviembre de 2022, fecha en la que reclamó al acusado el dinero prometido por los días de trabajo y este, “de forma airada y agresiva”, se negó a abonarle cantidad alguna y lo echó del sótano “de forma brusca”, sin su documentación, ni teléfono. Fue entonces cuando la víctima pidió ayuda a una patrulla de la Guardia Urbana. Los agentes le atendieron y fueron al sótano. La víctima pudo recuperar la documentación, el teléfono y sus enseres personales. Estaba desnutrido. Los policías activaron los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona para que pudiera pernoctar en algún lugar. Al final, pudo librarse de su captor.
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