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Matrícula y seguro obligatorios

La regularización del patinete en España: los 7 millones de propietarios deberán pagar entre 80 y 250 euros

El proceso supondrá para la Administración y las aseguradoras unos ingresos que oscilarán entre 560 y 1.750 millones de euros

El sector rebaja las cifras porque augura que no todos los usuarios registrarán sus vehículos y que quienes tengan VMP anteriores a 2024 los retirarán porque no tendrán certificación

Las nuevas normas obligatorias para los patinetes en España

Una de las primeras matrículas de patinete en España

Una de las primeras matrículas de patinete en España / EL PERIÓDICO

David López Frías

David López Frías

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2026 es año de cambios en la movilidad española. Por un lado, las controvertidas balizas V16, que desde el 1 de enero son el único dispositivo legal de señalización de coches averiados en España, y por otro, la entrada en vigor de una ley que regula los llamados VMP (vehículos de movilidad personal), básicamente los patinetes eléctricos.

Este es el año de la revolución del patinete. Y no nos referimos a su popularización; eso llegó en 2013 con la comercialización de los primeros 'dockless', los modelos más ligeros y transportables que han tomado nuestras calles. Desde entonces, la cantidad de patinetes eléctricos en España se cuentan por millones. La revolución llega por la legislación que los va a regular: obligatoriedad de inscripción en un registro nacional, con lo que tendrán una matrícula, y de contratar un seguro para cada vehículo.

Cada usuario deberá abonar una tasa de 8,64 euros, entre 12 y 24 euros por la pegatina de la matrícula y entre 60 y 220 por el seguro

Son medidas incluidas en la ley 5/2025 del 24 de julio sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y en el posterior real decreto de desarrollo del Reglamento General de Vehículos que crea el Registro de Vehículos Personales Ligeros de la Dirección General de Tráfico (DGT). La legislación española traspone la directiva comunitaria 2021/2118 aprobada por el Parlamento Europeo en 2021, que establece que los vehículos eléctricos de más de 25 kilos de peso deben tener un seguro obligatorio en toda la Unión Europea.

Baile de cifras

¿Cuántos patinetes eléctricos hay en España? No existen datos oficiales, solamente estimaciones basadas en diversos estudios de micromovilidad. El último data de 2023 y ya señalaba la cifra de 5 millones. A fecha de hoy las últimas estimaciones elevan el volumen a 7 millones, según explica a EL PERIÓDICO Gorka Pradas, portavoz del Clúster de Innovación para la Movilidad Eléctrica (CLIME). La DGT, por su parte, rebaja la cifra a "algo más de 4 millones".

El precio de la pegatina oscila entre 12 y 24 euros en función de dónde se compre

¿Cuánto les costará a estos propietarios de patinetes regularizar sus vehículos? Por una parte deben abonar a través de la página web de la DGT una tasa de registro de 8,64 euros, a lo que hay que añadir la compra en un establecimiento autorizado de la pegatina de matrícula, que son entre 12 y 24 euros más gastos de envío. Así como el precio de la tasa es único, el de la pegatina de la matrícula varía: el coste se llega a duplicar en función de dónde se compre la misma.

Y por otro lado, los propietarios deberán costear el seguro obligatorio (con coberturas de responsabilidad civil que arrancan en 6,45 millones de euros), cuyos precios oscilan entre los 60 y los 220 euros en función del tipo de patinete y que casi triplican las de los seguros voluntarios anteriores a la entrada en vigor de la obligatoriedad (cuyas coberturas oscilaban entre 150.000 y 300.000 euros). Unos precios que están levantando ampollas entre usuarios y fabricantes de este tipo de vehículos.

El proceso de registro se realiza únicamente por vía telemática a través de la web de la DGT

Así, en el rango bajo de precios, el propietario va a tener que pagar unos 80 euros por tener su patinete en regla: (8,64 de tasa + 12 euros de pegatina de matrícula + una póliza anual de 60 euros). Por la parte alta, el coste puede sobrepasar los 250 euros (8,64 de tasa + 24 euros de pegatina de matrícula + una póliza anual de 220).

Si damos por ciertas las últimas estimaciones, que hablan de 7 millones de vehículos, por lo bajo, la regularización de los patinetes generará 560 millones de euros, y por lo alto, hasta 1.750 millones de euros. Si nos atenemos a las cifras que da la DGT (4 millones), entonces la horquilla estaría entre los 320 millones de euros (por lo bajo) y 1.000 millones de euros (por lo alto). De estos montos, a la Administración pública iría solo el importe de la tasa: entre 34,5 millones y 60,4 millones de euros en función del número de patinetes registrados. Desde el sector del VMP aseguran, sin embargo, que las cifras serán inferiores porque muchos usuarios se bajarán literalmente del patinete antes que pagar por regularizarlo.

Diferentes pesos

¿Todos los patinetes han de pasar por caja? Si tienen motor y están certificados, sí. ¿Todos pagarán lo mismo? No; eso depende del tipo de vehículo al que nos estemos refiriendo. A efectos prácticos para el Código de Circulación, todos los patinetes y monociclos eléctricos son VMP. Pero de cara a las aseguradoras, se establece una diferencia: por un lado, los VPL (vehículos personales ligeros) que son los VMP de menos de 25 kg de peso y los vehículos para personas con discapacidad de menos de 14 km/h de velocidad máxima. Por el otro, los VMP de más de 25 kg y los vehículos para personas con discapacidad de más de 14 km/h.

Los primeros tendrán la obligatoriedad de contratar un seguro que debe tener una cobertura de responsabilidad civil de 6,45 millones de euros. Los segundos se consideran vehículos a motor, por lo que su cobertura debe ser de 70 millones. Eso también establece una diferencia entre la prima a pagar: el precio de los VPL oscila entre los 60 y los 70 euros, mientras que los más pesados verán como su prima asciende hasta los 150-200 euros, que ya es una cifra semejante a la de las motocicletas. En ambos casos, se trata de un gasto fijo anual.

¿Cuál es el procedimiento para inscribir todos estos vehículos de golpe y no morir en el intento? Desde la DGT explican que el trámite se hace de forma exclusivamente telemática, para no saturar aún más las oficinas de Tráfico: "Lo que se pretende precisamente es evitar que los usuarios vayan a Jefatura a hacerlo. Es un trámite muy sencillo y en caso de necesitarlo se puede llamar al 060 para solicitar ayuda", apuntan.

Jubilación anticipada

Esta medida también va a suponer la jubilación anticipada de millones de patinetes y la renovación forzosa del parque de VMP. Porque no todos los patinetes estarán certificados, advierte Aurora González, presidenta de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (FEVEMP): "Hay que tener en cuenta que los VMP adquiridos antes de 2024, que según las encuestas internas que hemos realizado entre los socios de las asociaciones, pueden llegar a ser el 75% del parque total, no están certificados. A partir de enero de 2027 será ilegal circular con ellos por la vía pública, por lo que muchos de sus usuarios han considerado que no les merece la pena el gasto por regularizarlos y adelantan su retirada de la circulación".

¿Y qué ocurre si se circula con un patinete que no está en regla? La ley establece una multa de 200 euros por circular sin matrícula y de 500 euros por hacerlo sin seguro obligatorio con un VMP ligero (o VPL, de menos de 25 kg) y de 1.500 euros con uno pesado (de más de 25 kg). Los que sancionan son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Policía Nacional, Guardia Civil y policías autonómicas y locales; algunas con más celo que otras.

En este caso, y al contrario de lo que ha sucedido con las balizas V16, desde DGT no han dado un periodo de gracia pedagógico para que los usuarios se pongan al día. No hay moratoria. El que circule sin un patinete en regla será multado.

De hecho, ya se está multando, aunque no hay cifras oficiales del número de sanciones que se han impuesto. Y tampoco existe un registro nacional de sanciones, al menos por ahora. En Catalunya, desde el Servei Català de Trànsit recuerdan que "se trata de una problemática especialmente urbana". Es decir, son las administraciones locales (ayuntamientos) las que se enfrentarán más a menudo con esa cuestión.

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