Marga, 65 años, una pensión de 830 euros y sin ayudas: "Las inmobiliarias me excluyen porque soy pensionista. ¿Y los precios? Es imposible para mí"

Marga hace números sin parar. Pero los números no le salen. La mujer, de 65 años, cobra una pensión de 830 euros y destina 436 a pagar el alquiler de su piso en Elche. El año pasado cobraba las ayudas al alquiler de la Generalitat Valenciana pero este año se ha quedado fuera porque no hay presupuesto para ella. Así que la mujer no ha dudado en recorrer los 174 kilómetros que separan Elche de València para manifestarse en la concentración organizada ayer por Juntes per l'Habitatge para exigir que la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad realice las gestiones necesarias para que personas como ella no se queden fuera.

La mujer el año pasado sí percibió esta ayuda. Y el anterior, también. El importe, de unos 200 euros al mes, llega en un único pago y con retraso pero le permite "devolver las deudas que genero durante el año porque es evidente que tengo que pedir dinero prestado a familiares y amigos. ¿Cómo salgo adelante si la mitad de mi sueldo lo destino a pagar el alquiler? Luego están los suministros y la comida. Y tengo una hija de 23 años que acaba de terminar la carrera y trabaja de lo que puede, las horas que puede, pero ni aun así. Este año, además, me dejan fuera de las ayudas alquiler lo que me asfixia aún más".

Además de quedarse sin ayudas mira el futuro con miedo porque su casero se lo ha dicho claro: "En dos años se me acaba el contrato y va a duplicar el precio del alquiler. Es evidente que yo no lo puedo pagar porque sería destinar todos mis ingresos a la vivienda pero también es evidente que me voy a quedar en la calle. Las inmobiliarias me excluyen porque soy pensionista y no se alquila a pensionistas. ¿Y los precios? Es imposible para mí. No duermo. No como. No vivo".

Mientras la mujer explica su situación en el Congreso de los Diputados se vota la derogación o convalidación del decreto ley que prorroga el llamado 'escudo social' que incluye la moratoria antidesahucios. De nuevo el PP, Vox y Junts han votado en contra del texto que ya fue rechazado hace semanas en la Cámara Baja.

La implicación del escudo social

El texto del escudo social incluye también la prohibición del corte de suministros a personas vulnerables y beneficiaría a personas como Marga que no comprende por qué no hay apoyos para "ayudar a gente como yo, con pensiones humildes que no podemos trabajar". El escudo social se aprobó en el Consejo de Ministros, pero tiene que ser sometido al Congreso para acordar su derogación o convalidación definitiva en un plazo de treinta días. La prórroga del escudo social ya se votó en el Parlamento hace un mes, pero en un decreto que también incluía la revalorización de las pensiones y que fue derogado con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Ahora, PP, Vox y Junts han sumado, de nuevo, sus votos para tumbarlo.

El escudo social incluye también a los beneficiarios del bono social que implica descuentos en las facturas. En la Comunitat Valenciana son 216.177 los beneficiarios del bono social, de los que 96.261 son vulnerables, 119.797 son vulnerables severas y 119 están en riesgo de exclusión social. En el caso de la provincia de Valencia hay 109.378 familias empobrecidas que son beneficiarias del bono social de las que 49.341 son familias vulnerables, 60.012 vulnerables severos y 25 en riesgo de exclusión social. En la provincia de Alicante tienen derecho al descuento 85.003 hogares de los que 37.426 están formados por familias vulnerables, 47.502 vulnerables severos y 75 en riesgo de exclusión social. En la provincia de Castellón hay 21.796 beneficiarios (familias numerosas, aparte) de los que 9.494 son familias vulnerables, 12.283 vulnerables severos y 19 en riesgo de exclusión social.

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