Espadaler presenta unos presupuestos al alza para "descongestionar" los juzgados y mejorar la asistencia a personas sin recursos

Descongestionar los juzgados catalanes e incrementar el servicio de asistencia jurídica gratuita para las personas más vulnerables. Estos son dos de los objetivos del conseller de Justicia, Ramon Espadaler, que este jueves ha presentado en el Parlament el proyecto de presupuestos para este año. Si finalmente se aprueban, el departamento que dirige contará con 1.392 millones de euros para desarrollar tanto su política judicial como la penitenciaria, asó como la de memoria democrática y la de asuntos religiosos.

Los fondos previstos para este año suponen un incremento del 22,3% respecto a los presupuestos de 2023, que en su día fueron prorrogados y cuya asignación ascendía a 1.139 millones de euros. Es decir, se contará, siempre que se apruebe la propuesta, con 254 millones más. Espadaler ha destacado que se trata de un presupuesto expansivo orientado a mejorar el servicio público y ha subrayado que la prioridad es clara: “reducir los plazos y descongestionar los juzgados para que la ciudadanía note que el sistema funciona mejor”.

La mayor partida de estos presupuestos de 2026 pretende descongestionar los juzgados catalanes. En total, se destinarán 648 millones de euros a la Administración de Justicia y a la fiscalía (en 2023 la cifra fue de 575 millones), lo que supone el 46,6% del presupuesto. La idea es avanzar hacia una justicia “próxima, ágil y sostenible”, con la incorporación prevista de 91 jueces (de 871 se pasa a 962 plazas) y la dotación de 300 nuevos funcionarios, así como la implementación de la digitalización en el ámbito penal y la posibilidad de tramitar atestados policiales de forma telemática. Solo en estos dos últimos apartados se prevé invertir 12,45 millones de euros.

El turno de oficio

Pero uno de los aspectos más importantes de estos presupuestos es la mejora de la asistencia jurídica gratuita y del turno de oficio para las personas más vulnerables, que contará con una partida de 92,7 millones de euros. La previsión es alcanzar 600.000 actuaciones. De esta manera, se recuperan los recortes en este servicio que se efectuaron en 2011 y se “dignifican”, según la conselleria, los módulos que fijan la retribución de los abogados de oficio.

La intención es reforzar determinados servicios, como garantizar la asistencia de un abogado del turno de oficio a los progenitores a los que se les retira la guarda y custodia de los hijos por alguna razón. En este apartado de “justicia más cercana” se añade la mejora en la atención a las víctimas, con el programa Barnahus a la cabeza, y el plan de justicia de paz, con el despliegue del expediente electrónico.

Edificios y prisiones

Las infraestructuras se llevan también una parte importante del presupuesto. La Generalitat destinará fondos al Fòrum de la Justícia de Tarragona, equivalente a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, pero también invertirá en la construcción de nuevos edificios judiciales en Martorell, Santa Coloma de Farners y Falset. Las cuentas públicas añaden el gasto de los primeros pasos para edificar la nueva Audiencia Provincial de Barcelona en el paseo Lluís Companys, unas obras marcadas por excavaciones arqueológicas, y para la mejora de las salas de espera de las víctimas del delito. También están previstas reformas en inmuebles judiciales de otras localidades, como Mataró, Tortosa, Girona y Sabadell, entre otras.

El sistema penitenciario recibirá 534 millones de euros (en los anteriores presupuestos se destinaron 425 millones). Las inversiones más importantes son el Centro de Régimen Abierto de la Zona Franca (46,3 millones), que entrará en funcionamiento este año; el centro penitenciario de mujeres de Barcelona (163 millones); los dos módulos de Mas d’Enric que se deben construir por el incremento de la población reclusa (22 millones), y la Unidad de Formación Práctica Penitenciaria (10,1 millones), una especie de Institut de Seguretat Pública de Catalunya para los funcionarios de prisiones. La rehabilitación de varios centros penitenciarios se llevará 109,5 millones y las reformas en centros de justicia juvenil, 17,2 millones.

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