Las entidades sociales cifran en 400 millones la inversión necesaria para abordar el sinhogarismo

Las entidades sociales catalanas han puesto este martes el grito en el cielo tras conocer las primeras cifras de los Presupuestos aprobados por la Generalitat el pasado viernes. A la espera de que las cuentas acaben contando con el visto bueno de la mayoría del Parlament, el Govern tiene previsto destinar al departament de Drets Socials 4.248 millones de euros –930 más que el 2023–, de los cuales 30 irían para el Plan de choque de respuesta al sinhogarismo y al barraquismo. Es una cifra que la Taula del Tercer Sector, ECAS, Sant Joan de Déu Catalunya, Càritas y Creu Roja, han juzgado excesivamente baja.

Las entidades aseguran que el Executiu tiene que invertir, como mínimo, 100 millones de euros este 2026 para garantizar una respuesta de emergencia, y que la cifra tendría que multiplicarse por cuatro hasta 2030. En una rueda de prensa conjunta, las asociaciones del tercer sector también han reclamado más transparencia en la ejecución de los recursos, personal suficiente para desplegar los programas y una financiación adecuada a los ayuntamientos.

Según las asociaciones, el modelo para abordar el sinhogarismo, basado en el Marco de Acción impulsado por la Generalitat, existe y está consensuado pero no está lo suficientemente desplegado. El tercer sector catalán también ha recordado que el sinhogarismo no se limita a las personas en situación de calle, sino que aplica también en casos de viviendas inseguras, inadecuadas o en situaciones de realquiler y hacinamiento.

Derecho al padrón

Las entidades presentes en la rueda de prensa también han insistido en la necesidad de asegurar que se respete el derecho al empadronamiento sin domicilio fijo, que es "la puerta de entrada a los derechos básicos de educación, salud y atención de los Servicios Sociales". En los últimos meses, varios municipios de Catalunya han reclamado endurecer las condiciones de acceso al padrón con el pretexto de que los Servicios Sociales de sus ayuntamientos están colapsados.

Por último, las entidades han reclamado que, de una vez por todas, se apruebe la Ley del Sinhogarismo que lleva cuatro años estancada en el Parlament, y que no se alimenten los discursos de odio que criminalizan a las personas en situación de pobreza y sinhogarismo.