Presupuestos de la Generalitat 2026: Drets Socials recibe 930 millones más con el reto de reducir las listas de espera de dependencia

La Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat contará el próximo año, si se acaban aprobando los presupuestos, con 4.248 millones de euros– 930 millones más que en 2023–, con los que deberá afrontar retos especialmente delicados, como la reducción de las listas de espera de dependencia o la equiparación salarial del sector social.

De hecho, el documento que ha aprobado este viernes el Consell Executiu otorga especial importancia a la atención a la dependencia y a la discapacidad y asegura que se incrementan en prácticamente 180 millones las prestaciones económicas para las personas dependientes. El Govern también reconoce que las cuentas tendrían que servir para afrontar la equiparación salarial del sector social y detalla que destinará 150 millones en este ámbito. Un estudio interno de la 'conselleria' cifró en 563,2 millones de euros la inversión necesaria para que funcionarios y trabajadores de entidades con el mismo trabajo cobren igual.

Los casi 4.230 millones que recibiría la 'conselleria' liderada por Mònica Martínez Bravo, y que convierten a Drets Socials en el tercer departamento al que se destinan más recursos –solo detrás de Salut y Educació–, también deberían servir para sacar adelante un nuevo convenio para financiar los servicios sociales básicos de las administraciones locales. En conjunto, los nuevos contratos programa, una herramienta básica para que los ayuntamientos afronten diversas problemáticas sociales como el sinhogarismo en sus municipios, incrementaría en 118 millones de euros.

Así, la mayor parte de los recursos de Drets Socials irá destinada a medidas de protección social. En concreto, 3.640 millones de euros de la conselleria se destinarán a partidas centradas en este ámbito. Estos recursos tendrían que servir para aprobar y desplegar el Pacto Catalán contra las Violencias Machistas y consolidar el modelo Barnahus para atender a menores y adolescentes víctimas de violencias sexuales. El abordaje del sinhogarismo se llevaría, si todo sale a pedir del Govern, una nueva partida de 30 millones de euros. Para combatir la pobreza infantil, que ya afecta a casi 500.000 niños y niñas en Catalunya, Drets Socials pretende destinar 20 millones de euros, muy por debajo de los 100 que pedía hace pocas semanas la Taula del Tercer Sector.

Las prioridades señaladas por la Generalitat también recogen la necesidad de reformar la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) para facilitar el acceso a las personas que podrían beneficiarse y hacerla compatible con el Ingreso Mínimo Vital (que se gestiona desde el Gobierno central) y otras prestaciones. Actualmente, y tal como recordó el Informe Social de Catalunya presentado la semana pasada, el 66% de las personas que podrían optar al IMV no lo recibe, y el 82,9% de las que podrían acceder tanto al IMV como a la RGC no lo hacen.

Los presupuestos también deberán consolidar el refuerzo del sistema de protección del sistema de protección a la infancia. La Generalitat pone el acento en impulsar la desinstitucionalización de los menores protegidos de 0 a 6 años y un plan para atender los trastornos de la conducta.

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