La UE descarta que la baliza V16 vulnere el derecho y defiende competencia nacional en seguridad vial

La Comisión Europea ha descartado que la obligatoriedad en España de la baliza V16 conectada como sustituto del triángulo de emergencia vulnere el derecho comunitario y ha subrayado que la regulación de estos sistemas no está reglada a nivel de la UE, por lo que corresponde a los Estados miembro establecer sus propias normas en materia de seguridad vial, aunque precisó que debe informarse de los requisitos técnicos exigidos a los fabricantes.

En respuesta a tres iniciativas presentadas en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la compatibilidad de las balizas con el derecho europeo, un alto funcionario del Ejecutivo comunitario ha sostenido que el Gobierno se ha amparado en la prerrogativa que le concede el Convenio de Viena sobre el tráfico que les permite definir dispositivos para garantizar la seguridad vial. "Evaluando el cumplimiento con la ley europea, es que no hay ley europea que cubra estos dispositivos. No se ha infringido la legislación europea. Las autoridades españolas han recurrido a la prerrogativa que les concede el Convenio de Viena sobre el tráfico vial y que les permite definir un nuevo dispositivo", ha afirmado la Comisión.

Durante el debate, el funcionario ha recordado que la seguridad vial es una competencia compartida entre la UE y los Estados miembro, cayendo sobre estos los asuntos relacionados con qué acciones se adoptan para mejorar la seguridad vial, y quedando en manos de la Comisión la coordinación de actividades a nivel europeo como el paso transfronterizo, la concesión de licencias o matrículas o la educación vial. Por tanto, ha desarrollado, "atañe a los países miembro" las normas viales porque no está reglamentadas a nivel comunitario, asunto en el que ha definido a nuestro país como "un campeón de la seguridad vial" por haberse situado por debajo de la media europea en el número de víctimas mortales.

"En lo que atañe a España, diría que estamos ante un país que ha mejorado espectacularmente la seguridad de sus carreteras. En los años 90 había unas 10.000 víctimas viales anuales y ha bajado a 800 víctimas anuales en 2024. En comparación con lo que pasa en la Unión Europea, en España hubo 35 víctimas por millón de habitantes. En la Unión Europea la media era de 44 víctimas", ha añadido.

Peligro para el conductor

Por este motivo, ha visto justificada la decisión de establecer la obligatoriedad de la baliza V16 por parte del Gobierno, que argumenta que el conductor puede ponerse en peligro si debe salir del vehículo y alejarse 50 metros para colocar el triángulo de emergencia. "En algunos casos esto lleva a accidentes y las autoridades españolas han querido atajar esta situación mejorando la visibilidad del dispositivo de alerta, que hasta ahora era el triángulo", ha añadido, poniendo también en valor el enfoque "moderno" de permitir que la alerta del dispositivo se pueda transmitir al resto de vehículos "de una manera más sofisticada" mediante la geolocalización.

El funcionario del Ejecutivo comunitario ha concluido su intervención en la Eurocámara detallando que, según el mismo Convenio de Viene, las balizas V16 tampoco contravienen ninguna normativa europea cuando los vehículos extranjeros ingresan en España, ya que podrán seguir utilizando el triángulo. "Los vehículos matriculados en España (...) pueden salir al extranjero y seguir continuando su luz de aviso sin obligación de portar triángulo, mientras que los coches extranjeros que entren en España pueden seguir utilizando su triángulo sin obligatoriedad de contar con una baliza", ha zanjado.

Con todo, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido finalmente mantener abiertas las tres iniciativas, a la misma vez ha pedido a la Comisión Europea un análisis por escrito sobre el asunto. En el turno de los eurodiputados, la popular Elena Nevado, sin embargo, criticó con dureza la baliza y aseguró que el Gobierno de España ha "impuesto un dispositivo que nadie más necesita en Europa" y que genera "enormes gastos y confusión, y muchas dudas jurídicas entre los españoles". Aseguró también que la Administración española ha adquirido dispositivos a un precio por encima del mercado y sembró dudas sobre posibles irregularidades en relación con los fabricantes de esas balizas.

La socialista Sandra Gómez, por su parte, aseguró que la controversia busca sólo generar "ruido" contra "algo tan razonable que no creo que mereciera la pena ni que leyera todos los argumentos jurídicos en los que hemos trabajado". Argumentó que la medida española no distingue por nacionalidad, sino por país de matriculación, como las homologaciones, y recordó que los Estados miembros disponen de un "amplio margen en materia de seguridad vial" y no se vulnera la normativa europea.