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Estudio 'La universitat que necessitem'

El gasto por estudiante cae el 40% en la universidad publica catalana en la última década

Infrafinanciación, precariedad laboral y falta de autonomía ponen "al límite" a las universidades públicas catalanas, según un informe de CCOO Educació

La docencia en los campus está relegada a un segundo plano, por debajo de la investigación y la carrera contra reloj por publicar artículos científicos

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Estudiantes de la Universitat de Lleida, en la biblioteca.

Estudiantes de la Universitat de Lleida, en la biblioteca. / Ramón Gabriel

Olga Pereda

Olga Pereda

Madrid
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Infrafinanciación crónica, pérdida de autonomía y precariedad laboral de los docentes e investigadores asolan las universidades públicas catalanas hasta el punto de ponerlas “al límite”. El gasto medio por estudiante ha caído desde 2010 hasta 2023 un 40% en los campus. Así lo advierte ‘La universitat que necessitem’, un informe elaborado por CCOO Educació y presentado este martes.

"Más que un centro de formación e investigación, la universidad que queremos y necesitamos es un agente de transformación social, no una fábrica de titulados", ha explicado Olga Alcaraz, profesora en el departamento de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y ponente del informe. El estudio también cuestiona que la docencia está relegada a un segundo plano en la carrera académica dado que se prioriza la lucha contra reloj por investigar y publicar artículos científicos.

"La universidad pública catalana es hoy más barata para la administración, pero no para quien estudia ni para quien trabaja en ella"

— Juan Montesinos, CCOO Educació

El presupuesto público para financiar los campus fue en 2024 de 1.091 millones de euros, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior (1.021 millones) y que queda muy lejos del objetivo marcado por la ley universitaria (Losu): 1% del PIB. “Esta falta de financiación, dilatada en el tiempo, ha puesto a las universidades al límite, con una infradotación de recursos que ha afectado a todos los niveles de funcionamiento”, concluye el informe.

El paso del 0,56% del PIB de Catalunya en 2010 a valores inferiores al 0,4% en los últimos años no es, según la central sindical, un fenómeno coyuntural sino el resultado de “decisiones políticas sostenidas que no han establecido un suelo mínimo de financiación para la educación superior”. El gasto medio por alumno en las universidades públicas pasó de aproximadamente 9.250 euros en 2010 a unos 8.275 euros en 2023, lo que supone una reducción superior al 10%. "Si se tiene en cuenta la inflación acumulada del periodo y el IPC, la pérdida de capacidad real de financiación por estudiante es mucho más elevada. Hablamos de una caída del 40%", ha puntualizado Juan Montesinos, responsable de Políticas Educativas de CCOO Educació.

“Cuando el gasto público por alumno baja, alguien asume el coste. En Catalunya, este coste se ha desplazado progresivamente hacia el estudiantado y hacia el personal universitario. La universidad pública catalana es hoy más barata para la administración, pero no para quien estudia ni para quien trabaja en ella”, ha subrayado Montesinos.

Catalunya tiene las tasas más caras

La última radiografía universitaria de la fundación CYD, presentada en diciembre, constata que las tasas que pagan los estudiantes de las universidades públicas en España se han abaratado casi un 20% desde el curso 2019-2020. Sin embargo, el desembolso que hacen los alumnos sigue siendo elevado y desigual. Los datos de 2024 confirman que, en grado, los precios más altos se encuentran en Navarra, Madrid y Catalunya, mientras que los más bajos corresponden a Galicia, Asturias, Canarias y Andalucía. Una carrera de 240 créditos cuesta en Catalunya 4.356 euros (1.089 euros al año, siempre y cuando se aprueben todas las asignaturas a la primera) frente a los 2.868 euros (717 al año) de Galicia, la comunidad con precios menos elevados.

Aumento "desmesurado" de tasas

CCOO Educació explica que la exigua financiación pública –que afecta no solo a la precariedad laboral sino a infraestructuras y equipamientos que piden a gritos una renovación– no se compensa por otras vías. Ni el modelo de sociedad es proclive al mecenazgo ni el tejido productivo está volcado en la investigación. Tampoco las estructuras universitarias, como los consejos sociales, tienen como tarea principal la búsqueda activa de recursos. De la mano de la “penuria económica”, las administraciones han abocado a las facultades a paliar la insuficiencia de presupuesto mediante un “aumento desmesurado” de las tasas sin tener en cuenta el impacto negativo entre las familias con menos recursos.

“Es necesario que el sistema universitario garantice la igualdad y evite la segregación social: cualquier persona que académicamente esté en disposición y quiera ir a la universidad, debe poder acceder a ella”, concluye el análisis de CCOO, que aboga por un objetivo ambicioso: gratuidad de las matrículas y becas salario. “Mientras no se consiga, hay que incrementar notablemente las becas y ayudas”, apostillan los técnicos, que ponen de manifiesto que la economía crece, igual que el PIB, pero esos buenos datos no se ven reflejados en la financiación educativa.

Precariedad laboral

Otro mal endémico de la educación superior es la precariedad laboral. “La insuficiencia de plazas estables de personal docente e investigador que salen a concurso espolea una competitividad individual tóxica en lugar de fomentar el conocimiento y la competencia científica, la cooperación entre colegas o la construcción de colaboraciones personales y de grupo”, destacan los investigadores, que subrayan que la precariedad no solo es una injusticia sino que también impacta en la salud personal.

Cada vez más, el personal temporal que forma parte del PDI (profesorado docente e investigador) ha ido asumiendo más docencia y más tareas. El estudio pone el acento en “el abuso y el uso fraudulento” de la figura del profesorado asociado, que, en teoría, son profesionales en activo que acuden al campus solo para dar un puñado de clases. La realidad es que muchos de ellos están inmersos en tareas de investigación y desarrollan funciones que deberían encargarse a personal permanente, incrementando la situación de precariedad económica de este colectivo, cuyos salarios pueden rondar los 300, 400 o 900 euros.

La actual ley universitaria reguló la figura del profesorado asociado -el colectivo protagonizó huelgas en 2023 en contra de la norma porque no tenían claro cómo se formularían los nuevos contratos- pero introdujo una nueva figura: los profesores sustitutos. “Estos docentes se añaden a un contexto pernicioso y se fomenta el abuso”, denuncia CCOO Educació.

Desprestigio de la docencia

'La universitat que necessitem' también pone de manifiesto el desprestigio de la actividad docente. El informe resalta que la enseñanza no cuenta especialmente a la hora de contratar y promocionar profesorado permanente. “El modelo actual obliga a una carrera contra uno mismo para publicar 'papers' (estudios científicos) y hacer investigación y desincentiva y relega a un segundo plano la transferencia de conocimiento hacia el estudiantado”.

Otra de las lagunas de los campus catalanes es la pérdida de autonomía universitaria, algo que “dificulta o impide hacer políticas ajustadas a las necesidades de los centros y construir un proyecto colectivo que recoja los intereses de toda la sociedad”.

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