La jueza cita a más de una quincena de investigados por la trama corrupta del vertedero de Seva

Las conclusiones de la investigación sobre la presunta trama delictiva en un vertedero de Seva (Osona), en el que supuestamente se arrojaron toneladas de residuos no autorizados, han llevado a la jueza que indaga en el caso a citar como imputados a más de una quincena de personas. El juzgado de instrucción número 1 de Vic ha requerido a políticos, empresarios, funcionarios y trabajadores que comparezcan como investigados durante el próximo marzo por la causa abierta por el depósito de Fitó. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectó que el basurero enterró presuntamente residuos que excedían el permiso de la instalación, limitado a escombros inertes de obra, con la supuesta intención de multiplicar beneficios aun a riesgo de contaminar el medio ambiente, como avanzó EL PERIÓDICO.

Entre los investigados, figuran dos exalcaldes de Seva, Josep Palmarola (CiU) y Francesc Xavier Rierola (ERC), y tres cargos de la Agència de Residus de Catalunya (ARC), incluidos el exdirector Josep Maria Tost, el director del área de infraestructuras del organismo de la Generalitat, Josep Simó, y el jefe del departamento de inspecciones y control, Jordi Minguell. La lista la completan el gerente del vertedero; dos socios de la empresa que gestiona el basurero, Restauracions Ambientals Catalanes (RAC); cinco trabajadores vinculados al depósito; un inspector de la ARC; una secretaria municipal y una exarquitecta del ayuntamiento de Seva.

La magistrada ha aceptado citar a las 14 personas que un reciente atestado aportado por la unidad del Seprona de Barcelona propuso investigar. La fiscalía solicitó que el juzgado requiriera a todos los señalados en el informe de la Guardia Civil. La jueza ha previsto repartir las declaraciones entre el 5 y el 26 de marzo.

Los implicados se defienden

El dictamen del Seprona revela una supuesta operativa sistemática de encubrimiento de desechos contaminantes no autorizados, que habrían generado vertidos de líquidos tóxicos a un barranco. También advierte de que presuntamente se evadieron más de 600.000 euros en el pago del canon por deposición de residuos y se adulteró documentación, tanto para camuflar supuestamente el ingreso de basura no permitida como para fingir que se recibieron desechos que los agentes creen que se lanzaron indebidamente en terrenos sin control.

El exalcalde histórico Josep Palmarola admite que participa en la empresa del basurero desde que dirigía el ayuntamiento, pero niega irregularidades

En conversación con EL PERIÓDICO, fuentes de RAC han negado todos los hechos que la Guardia Civil apunta y han defendido que no se han podido demostrar. También en declaraciones a este medio, el exalcalde histórico Josep Palmarola ha rebatido las irregularidades que el Seprona le imputa. "De temas que no correspondan, no ha habido ni uno solo", responde el exedil, que encabezó el ayuntamiento de Seva entre 1979 y 2011.

A su vez, ha desmentido que los permisos para el basurero y la cantera adyacente se tramitaran sin ajustarse a los planes urbanísticos de Seva y que se falseara la firma de la exarquitecta del consistorio en un documento clave, como los agentes sospechan. Sí admite contar con un 20% de acciones de la empresa del vertedero desde que era alcalde, a través de una sociedad de su mujer.

Al respecto, afirma que uno de los promotores del vertedero se las ofreció porque quería un socio sobre el terreno, para que informara si aparecían quejas. "Había confianza, no lo veo mal, es una participación normal y corriente, de antes de 2006. ¿Si hemos tenido ganancias? Y pérdidas también", contesta Palmarola. Enfatiza que forzó que el ayuntamiento tomara parte también de RAC con otro 20% y que, "en cualquier modificación, el ayuntamiento tuviera el control, porque son necesarios el 90% de los votos" de los accionistas.

Testigos y perjudicados

El cuerpo policial relaciona a los incriminados con un supuesto entramado corrupto ideado para delinquir. Les achaca presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la hacienda pública y sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, así como supuestos ilícitos por falsedad documental, prevaricación y organización criminal.

Vecinos de una urbanización quieren que el juzgado suspenda la actividad del depósito y la cantera adyacente hasta que se aclaren los hechos

Además, una decena de personas acudirá al juzgado como testigos o perjudicados el 9 de abril. Cuatro de los testigos son empleados del vertedero y otro de ellos es un inspector de la empresa contratada por la Generalitat para supervisar el recinto. Los perjudicados son tres trabajadores de la cantera que se intoxicaron en 2019 por inhalar efluvios de los líquidos del depósito.

Al juzgado también asistirá un representante de la comunidad de propietarios de la urbanización de Can Garriga, que ejerce de acusación. Vecinos de la zona residencial, situada a escasos metros del vertedero y la cantera de Fitó, denuncian grietas y vibraciones en las casas a causa de las detonaciones de la actividad extractiva, además de ruidos y malos olores que achacan a sendas actividades industriales, que juzgan ilegales.

La comunidad tiene pensado solicitar que la jueza suspenda las labores de forma cautelar en el basurero y la cantera mientras se escruta en las supuestas irregularidades. Los residentes aseguran que las voladuras en la pedrera vuelven a ser semanales desde mediados de enero.

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