La vivienda ya es el principal factor de empobrecimiento de los catalanes: el 90% dice sufrir la crisis habitacional

La economía catalana "va bien", pero esto no se traduce en una mejora de las condiciones sociales de los catalanes. “Catalunya combina un dinamismo económico y laboral relevante con una presión creciente sobre las condiciones de vida”, reza el resumen ejecutivo del primer 'Informe Social de Catalunya', que se ha redactado con el objetivo de “entender cómo evolucionan las condiciones de vida de la población y qué factores las están modelando”. Precisamente esa brecha es la principal conclusión a la que llega este exhaustivo documento, de 257 páginas, presentado este martes por el president Salvador Illa, en la que ha sido su tercera aparición desde que regresó de su baja médica.

Entre otros muchos factores, contribuye a este desequilibrio entre los resultados globales y su traducción en la ciudadanía la crisis de la vivienda. El alquiler o la hipoteca ya suponen el mayor gasto de todas las familias independientemente de su nivel de renta. Y también es su mayor preocupación: nueve de cada diez personas afirman que la situación afecta negativamente a su calidad de vida. Han jugado un papel determinante para este empobrecimiento los precios del alquiler, que han aumentado un 129,4% desde principios de siglo. Ahora mismo, según apunta el informe, cuatro de cada diez inquilinos destina más del 40% de sus ingresos al alquiler y un hogar catalán necesita 20 años de ahorro para poder costearse una vivienda de segunda mano.

Además de la vivienda, el estudio, redactado por la oficina de la Generalitat que estudia la renta básica universal, señala al conjunto del coste de la vida como uno de los tres elementos que ponen en jaque el bienestar social en Catalunya. A nivel global, un hogar catalán gasta hoy 37.409 euros, casi 8.000 más que en 2015, cuando se pagaban 29.778. Es una cifra que, según apunta el mismo informe, "refleja el aumento de los costes estructurales más que una mejora equivalente del bienestar real". Apoyan esta conclusión más datos como los precios disparados de la vivienda (que ha aumentado un 33% la última década) o el aumento de los precios de alimentos y suministros (que ha subido un 32%).

Así, el incremento de los salarios entre 2008 y 2023 (de un 28,2%) no ha servido para evitar que el poder adquisitivo haya caído un 3,3% (y hasta un 5,6% para las rentas más bajas).

Los precios del alquiler han aumentado un 129,4% desde principios de siglo

La situación con el coste de la vida es especialmente problemática para las familias con rentas más bajas. Las más pobres destinan dos tercios de sus ingresos únicamente a techo y comida. En conjunto, según indica el documento, cubrir las necesidades básicas –que incluyen también transportes, ropa, suministros, etc.– se lleva el 95% de la renta neta de los catalanes. Es algo que afecta sobre todo al sur de Catalunya, donde, pese a los costes de vida más moderados, las rentas son tan bajas que, de media, las familias deben aportar más del 100% de sus ingresos para cubrir estas necesidades.

Reto demográfico

La segunda dinámica que presiona el bienestar social de Catalunya, según el estudio, es la “transición demográfica ya plenamente activa”. Interceden en este punto factores como la baja natalidad (la tasa de fecundidad en Catalunya se encuentra en un mínimo histórico de 1,08 hijos por mujer) y el envejecimiento progresivo de la población (el 19,5% de los catalanes tienen 65 años o más y 320.000 viven solos), pero también la inmigración. El estudio señala que las 1,4 millones que han llegado a Catalunya desde principios de siglo tienen “un papel clave en el relevo generacional, el dinamismo económico y la sostenibilidad del bienestar”, pero a la vez plantean “retos de acogida, integración y redimensionamiento de los servicios públicos” en algunos territorios.

Por último, el estudio se detiene en el cambio tecnológico y el cambio climático, factores que inciden, según defienden, cada vez más directamente en la vida cotidiana de los catalanes. Estas tres dinámicas, según recoge el estudio, hacen que pese a “una mejora de varios indicadores macroeconómicos y laborales”, una parte relevante de la población experimente dificultades materiales sostenidas y que la pobreza y el riesgo de exclusión se mantengan en niveles elevados.

Impacto en la infancia

El impacto es especialmente grave en la infancia. Mientras que el 24,8% de la población catalana, lo que representa a casi dos millones de personas, se encuentra bajo el umbral de la pobreza, la cifra se multiplica hasta un 36,5% en el caso de niños y niñas, tal como ya dibujó la Encuestra de Condiciones de Vida del Idescat hace pocas semanas. Es decir, pese a un ligero descenso de las personas pobres en Catalunya en los últimos años, los indicadores que se refieren a la infancia siguen empeorando. Algunos de estos datos, de hecho, ya se trataron en el primer informe del CETIS, presentado el pasado mes de septiembre y centrado exclusivamente en la pobreza infantil.

El estudio presentado este martes también se detiene en el mercado laboral, que pese a mejorar en indicadores generales, sigue generando carreras frágiles para una parte importante de la población, especialmente jóvenes, personas de origen extranjero y mujeres. Así, pese a que la proporción de contratos temporales (11,7%) y parciales (19,2%) está en mínimos históricos y la tasa de paro sigue en su punto más bajo desde 2008 (8,9%), el 10% de los trabajadores se encuentran en riesgo de pobreza.

El 11,8% de los trabajadores catalanes se encuentran en riesgo de pobreza

Por otro lado, el Informe Social también destaca que en ámbitos como la educación, la salud o los cuidados, persisten desigualdades sociales que condicionan oportunidades vitales. Sin ir más lejos, el estudio admite que “el código postal” condiciona la esperanza de vida con diferencias de 2,4 años entre municipios y de más de 11 años entre barrios según la renta de sus habitantes. Además, pese al incremento sostenido del PIB durante la última década (de un 2,4%), el 1% más rico de catalanes acumula un cuarto (el 24,5%) del patrimonio del territorio.

Margen de mejora

Ante todos estos retos, el Informe apunta que “el sistema de protección ha sido clave para contener el impacto de crisis recientes”, pero que los problemas son cada vez más complejos, y que la presión de responder a las urgencias sociales cuando aparecen reduce el margen para la prevención y el acompañamiento sostenido en el tiempo. Así, el documento apunta que los Servicios Sociales catalanes han ayudado a reducir un 31,9% la desigualdad en Catalunya, pero que la capacidad redistributiva del sistema se centra en gente mayor.

Además, el mismo informe apunta a que solo el 15,9% de los hogares en riesgo de pobreza reciben la Renda Garantida de Ciutadania (concedida por la Generalitat), que el 67% de las personas que podrían optar al Ingreso Mínimo Vital no lo solicitan y que el tiempo de espera para revisar o certificar un grado de dependencia es de entre 14 o 15 meses.

Rediseño de las políticas sociales

Para hacer frente a estos déficits, el Informe Social aconseja, de manera general, que se priorice situar el coste de la vida y de la vivienda en las políticas sociales, que se garantice la igualdad de oportunidades y se reduzca la pobreza infantil; y que se refuerce la seguridad económica del trabajo para estabilizar las trayectorias sociales.

El documento también pide fortalecer el sistema de cuidados ante el envejecimiento de la población y ganar capacidad preventiva para evitar la cronificación de la vulnerabilidad y anticiparse a unos riesgos sociales cada vez más complejos. En todo caso, se trata más de un diagnóstico que no de un tratamiento al problema.

Para ello, durante la presentación de este martes, en la que también ha colaborado la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, Illa ha aprovechado para reivindicar el acuerdo de financiación presentado a principios de año y que supondrían 4.600 millones de euros más para Catalunya. “La financiación autonómica es la financiación del Estado del bienestar”, ha asegurado el 'president', que ha vinculado directamente estos recursos adicionales con retos como fortalecer los servicios públicos y luchar contra lacras como la de la pobreza infantil. “Estoy contento de que la propuesta haya salido de Catalunya”, ha afirmado, además de subrayar que se trata de un modelo que “corrige un desequilibrio” y que, al contrario de lo que señalan sus detractores, no supone “ningún privilegio”.

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