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Juicio en la Audiencia de Barcelona

La odisea de un viaje de un grupo de monjas a Timor Oriental acaba en un juicio por estafa: "A dos hermanas las deportaron a Singapur y las confinaron"

El fiscal reclama cuatro años de prisión para los propietarios de una agencia de viajes que supuestamente timaron a una congregación prometiéndoles que iban a cobrar una indemnización porque seis religiosas no pudieron llegar a ese país porque no tenían el visado

La façana de l’Audiència de Barcelona

La façana de l’Audiència de Barcelona / LAURA SERRAT

J. G. Albalat

J. G. Albalat

Barcelona
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Que un fiscal empiece su informe final en un juicio por presunta estafa con unas palabras de Santo Tomás de Aquino es inaudito, pero Javier Faus lo utilizó este martes para resumir lo que se estaba juzgando: el presunto engaño a la congregación Misioneras Hijas de la Sagrada Familia por parte de los propietarios de una agencia de viajes, que se habrían apoderado de 20.050 euros con la promesa de tramitar una indemnización de una compañía de seguros después de que no se entregara a las religiosas el visado para entrar en Timor Oriental. Las cuatro monjas etíopes que viajaban desde su país no pudieron ni coger el vuelo por la falta de ese documento, y las dos colombianas que partieron desde Barcelona fueron deportadas a Singapur cuando llegaron al aeropuerto de Kuala Lumpur (Malasia), donde debían coger otro avión para ir a Timor Oriental. “A las hermanas las deportaron a Singapur y las confinaron en una habitación”, ha relatado al tribunal Marta Molina, ecónoma de la congregación.

“Como dijo Santo Tomás: si el objetivo de un capitán fuera preservar su barco, este nunca saldría del puerto (...) y las hermanas necesitan salir del puerto para difundir su Evangelio. Que esa salida se convierta en una situación angustiosa es muy lamentable”, y más si es “a través de un engaño”, ha asegurado el fiscal Faus nada más comenzar su informe final, en el que ha defendido que la congregación religiosa fue estafada por los dos acusados, para los que reclama cuatro años de prisión por estafa o, alternativamente, tres años por apropiación indebida. Los dos imputados, que han declarado por videoconferencia y son pareja, tienen numerosos antecedentes penales por estafa: él acumula cuatro sentencias y ella, 17. “Con estos antecedentes se puede decir que son unos estafadores”, ha recalcado la acusación pública. “Es un cuento chino, nunca mejor dicho”, ha soltado el fiscal. La imputada ha respondido: “Que ellas sean monjas no me convierte a mí en el demonio”.

¿Qué pasó con el dinero?

Los acusados, sin embargo, han negado todo. El hombre ha declarado que este asunto lo llevó su mujer, mientras que ella ha precisado que hizo todo lo posible para tramitar la indemnización que debían percibir las religiosas por los inconvenientes que habían tenido en el viaje a Timor Oriental, contratado por otra agencia de viajes. Para ello, les pidió 20.050 euros para la compra de los billetes de vuelta que, finalmente, fueron adquiridos directamente por la congregación, sin pasar por ellos. A pesar de las numerosas reclamaciones de la orden religiosa para que se les devolvieran los 20.050 euros, los acusados nunca lo hicieron. En la causa se han aportado los correos electrónicos intercambiados entre los responsables de la congregación y los investigados.

Los hechos se remontan al 6 de julio de 2022. Las hermanas misioneras —dos colombianas y una italiana— que salieron desde Barcelona se subieron a un avión para viajar a ese país y hacer una estancia en una misión, junto con otras cuatro religiosas que procedían directamente de Etiopía. Los pasajes los habían comprado en una agencia de viajes distinta a la de los acusados. La ecónoma Marta Molina ha explicado al tribunal la odisea: las monjas etíopes no pudieron ni subirse al avión desde su país. La colombiana y la italiana sí, con destino a Kuala Lumpur, pero las dos primeras no pudieron seguir el viaje hasta Timor (la italiana sí). Les faltaba el visado. Deportadas a Singapur, tuvieron que intervenir los cónsules de Colombia y de España para conseguir su liberación. “La situación era angustiosa”, ha admitido Marta Molina. Les acusaban de intentar entrar ilegalmente en el país.

A través de una conocida, la ecónoma se puso en contacto con los dos acusados para arreglar el entuerto. Primero le pidieron 17.800 euros porque —le dijeron a la religiosa— era necesario simular que los billetes de ida y vuelta se habían encargado a su agencia y, de esta manera, poder cobrar una indemnización de la compañía de seguros. Al cabo de un tiempo, le reclamaron otros 2.200 euros para más gestiones. Al final, los imputados no hicieron nada y las monjas pudieron regresar a España porque la congregación compró directamente los billetes de vuelta. “Nos dieron largas y excusas y no nos han devuelto el dinero”, ha recalcado la ecónoma. La defensa pide la absolución. El juicio ha quedado visto para la sentencia.

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