La mayoría de implicados en la superestafa a ancianos eluden la cárcel y el notario no podrá ejercer nunca más la profesión

El pacto entre las defensas, la fiscalía y las acusaciones particulares por una de las mayores superestafas inmobiliarias en España, y con un centenar de perjudicados, se ha sellado este lunes en el juicio que ha empezado en Barcelona contra 14 personas, entre ellas el notario Enrique Peña y el abogado Francisco Comitre Sant Martín. La rebaja de pena ha sido considerable: de los 20 años y nueve meses de prisión que se exigían al letrado se ha pasado a cuatro años y siete meses; para el intermediario David Navarro, los 18 años y nueve meses de cárcel solicitados han quedado en cuatro años y dos meses de cárcel; y el notario ha sido condenado a tres años y dos meses de prisión, cuando se le pedía una pena de 14 años y 10 meses. El resto de investigados han sido sentenciados a dos años de cárcel. El fiscal Óscar Serrano ha aplicado a los acusados la atenuante de reparación del daño (en unos casos, se devolverá la propiedad y, cuando no sea posible, se indemnizará), aunque para el notario también ha reclamado la prohibición “definitiva” de ejercer su profesión.

El tribunal ha dictado sentencia 'in voce' recogiendo la conformidad del acuerdo. Solo uno de los acusados, Comitre, podría ingresar en prisión porque uno de los delitos que se le atribuye, en concreto la estafa, comporta dos años y un mes de prisión, lo que supera en 30 días el máximo previsto para que se le pueda suspender la condena. El resto se libra. Los Mossos bautizaron este caso como operación Cocoon.

El juicio se reanudará la próxima semana solo para dilucidar la indemnización que deben percibir las víctimas que perdieron su vivienda y no la pueden recuperar porque ya ha sido vendida

Entre 2009 y 2015, los afectados, entre ellos ancianos y personas con problemas económicos o de salud, fueron engañados por esta red con el fin de apoderarse de sus viviendas. Las víctimas pensaban que firmaban un préstamo y, en realidad, lo que hacían era vender sus pisos. A pesar de las penas impuestas, el calvario para algunos perjudicados continuará la próxima semana. Perdieron sus viviendas al ser vendidas por la trama a terceros, que las adquirieron de buena fe, y ahora deberá fijarse la indemnización que les corresponde y, sobre todo, quién la pagará: si los imputados o las pólizas de seguro del Co.legi Notarial de Catalunya (15 millones de euros) y del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona. El juicio continuará, por lo tanto, únicamente por la responsabilidad civil. La fiscalía, además, ha retirado la acusación contra uno de los inicialmente imputados, que ha fallecido, y contra otros dos encausados. También ha instado a la nulidad de las compraventas fraudulentas, así como a la anulación de los asientos registrales.

Los 14 imputados han ido pasando ante el tribunal reconociendo los hechos y aceptando la pena solicitada. Se les atribuyen delitos que van desde la estafa hasta el blanqueo de capitales y la organización criminal. “Sí, lo acepto”, ha dicho Comitre ante la pregunta de la presidenta del tribunal. Lo mismo ha manifestado el notario Enrique Peña, suspendido ya de funciones por el Col·legi Notarial de Catalunya, quien ha añadido —al igual que el letrado investigado y el resto de encausados— que era consciente de las consecuencias que comporta una condena de estas características.

Fraude

La fiscalía sostiene en su escrito de acusación que los acusados pretendían apoderarse de las viviendas de los afectados sin abonarles una contraprestación económica o sufragando una cantidad muy inferior al precio de mercado. Los imputados captaban clientes con “escasos o nulos conocimientos financieros y jurídicos” y que se hallaran en situación de necesidad económica. Algunos eran ancianos o personas con problemas de salud y, por lo tanto, vulnerables. La trama ofertaba —publicitándolo en diversos medios— productos financieros parecidos a un préstamo con garantía inmobiliaria, a una hipoteca inversa o a un contrato de renta vitalicia. Pero la realidad era otra: los acusados “ocultaban” que los perjudicados no iban a firmar esos productos financieros, ya que lo que realmente iban a contratar era la venta de su vivienda, “generalmente por un precio aplazado por importe muy inferior al valor de mercado”, y sin ninguna garantía de poder recuperar el piso.

Los perjudicados creían que firmaban préstamos, cuando en realidad lo que hacían era vender su vivienda a un precio muy inferior al del mercado.

Para cometer el fraude, detalla la fiscalía, era “esencial” la participación de un notario, quien hacía efectiva la escritura de compraventa de la vivienda. En este proceso judicial figuran dos notarios: Enrique Peña, suspendido de sus funciones, y otro con una participación muy puntual. Estos profesionales, relata la acusación pública, “intervinieron y favorecieron” el fraude mediante la “infracción masiva” de los “deberes inherentes” a su labor, como la obligación de denegar la autorización de documentos referentes a negocios “de contenido antijurídico”, examinar el negocio que se pretende llevar a cabo, asesorar jurídicamente o advertir del "carácter delictivo" de la operación.

Los notarios, indica el ministerio público, debieron advertir de la probabilidad de que esas compraventas de viviendas iban a producir “de forma clara y manifiesta un perjuicio para una de las partes derivado del negocio”. Es decir, para los titulares reales de los pisos.

En esta trama hay un implicado que está en rebeldía. Es Artur Segarra, un estafador que, huyendo de la justicia por esta causa, se refugió en Tailandia, donde asesinó y descuartizó a David Bernat, un empresario de Lleida al que intentó sin éxito robarle su patrimonio. En la actualidad, cumple condena por ese crimen en Bangkok.

Notarios

El Col.legi Notarial de Catalunya ha recalcado en un comunicado que se han cumplido sus tres objetivos: el resarcimiento de las víctimas, la depuración de responsabilidades relacionadas directamente con el ejercicio de la función notarial y la imposición de penas a los que cometieron delitos. Esta entidad profesional se ha ratificado en su voluntad de actuar "en defensa de los intereses de la ciudadanía, de la legalidad y de la disciplina notarial, acción, afirma, que repetirá en todos aquellos casos en que la función notarial resulte "desprestigiada" por el incorrecto ejercicio de este servicio público.

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