La Iglesia catalana firma con el Govern la cesión de inmuebles para vivienda social

El Govern y la Iglesia catalana anunciarán este lunes un acuerdo para incrementar el parque de vivienda social de Catalunya. El día en que el president Salvador Illa se reincorpora al frente del Executiu, tras casi un mes de baja por una osteomielitis púbica, firmará un convenio mediante el cual la Iglesia cederá inmuebles y espacios eclesiásticos para que los pueda gestionar la Generalitat y destinarlos a vivienda protegida, aunque la titularidad seguirá siendo de la Iglesia. Será la primera vez que los obispos entreguen en bloque una parte de sus bienes, propiedad de diócesis de toda Catalunya, a la Generalitat para que destine los edificios y solares a pisos de protección oficial, con el fin de ayudar a las personas más vulnerables.

Las diócesis iniciarán ahora un inventario de las propiedades que pondrán a disposición del Govern

El protocolo de colaboración lo firmarán Illa y el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, en representación de las diez diócesis catalanas. El documento contempla la cesión por parte de la Iglesia de seminarios en desuso, rectorías, edificios, pisos y solares para que sean destinados a vivienda social. Esta cesión no alterará los títulos de propiedad, que seguirán en manos de la Iglesia. La Generalitat se ocupará de las gestiones necesarias para cambios de usos, de las obras de rehabilitación y de la gestión de las viviendas sociales. Al Govern le corresponderá decidir quién las ocupa y en qué condiciones.

El convenio tiene una duración de 4 años renovables. En lo que respecta a la duración de las cesiones, estas variarán en función de cada inmueble, pueden ser de 30 o de 50 años.

La mesa de trabajo estará formada por cinco miembros de las conselleries de Territori y Justícia y cinco representantes de la Iglesia

La firma de este protocolo es el inicio de un proceso, ya que, según han adelantado a EL PERIÓDICO fuentes conocedoras del documento, este no detalla la lista de propiedades que serán cedidas. Cada diócesis hará ahora un trabajo para determinar qué inmuebles aporta. El protocolo no habla ni de cuántas propiedades son ni de dónde están ubicadas, apuntan las fuentes. El año pasado, el Arzobispado de Tarragona había estimado en unas 50 las propiedades susceptibles de ser destinadas a este uso. Así, con la firma del acuerdo se inicia un cambio que empezará por elaborar un inventario.

La mesa de trabajo estará formada por cinco representantes del Govern (cuatro de la Conselleria de Territori y uno de la Conselleria de Justícia) y cinco de la Iglesia, que tendrán perfiles técnicos. Las reuniones se celebrarán cada seis meses.

La buena sintonía entre el president y Planellas, que comparten que la vivienda es uno de los principales problemas actuales, es lo que ha facilitado este acuerdo, según señalan a EL PERIÓDICO fuentes eclesiales, que explican que este convenio se ajusta a la vocación social y de ayuda de la Iglesia.

El acceso a la vivienda

Con esta medida, la Generalitat podrá seguir cumpliendo con uno de los principales ejes de gestión del Executiu, ampliar el parque público. Los inmuebles serán reformados y adaptados porque muchos de ellos no cuentan con condiciones de habitabilidad. Una vez estén acondicionados, se podrán instalar en ellos familias vulnerables. El plan se alinea así con la propuesta del edil de En Comú Podem en Tarragona, Jordi Collado, que fue el primero en plantear esta idea al Arzobispado de Tarragona, que recogió el guante.

El Govern pretende dar un paso en su voluntad de exhibir que no hay una sola medida para garantizar el acceso a la vivienda de los catalanes. Así, compagina este tipo de prácticas -como ya hizo al asumir la gestión de 13.000 pisos y 300 solares de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), la antigua Sareb-, con la regulación de los precios del alquiler de temporada y de habitaciones, así como con la construcción de nueva vivienda y la reconversión de suelo en solares para edificar.

Otra de las iniciativas que está barajando Illa es limitar la compra especulativa de vivienda, cuyos informes encargados por el Govern creen que es viable legalmente siempre que se acote a zonas tensionadas y a un tiempo concreto. La vivienda es la principal preocupación de los catalanes y la Iglesia quiere, mediante este acuerdo, exhibir que comparte este dolor de cabeza y quiere aportar su grano de arena para revertirlo en alianza con Illa.

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