Llega el juicio de la superestafa inmobiliaria a ancianos y personas vulnerables: fiscalía y defensa ultiman un pacto

En las últimas semanas se han intensificado los contactos entre la fiscalía, la acusación particular y los abogados defensores de los 17 implicados en una de las mayores estafas inmobiliarias ocurridas en España –entre los que se encuentran notarios y un abogado— para llegar a un acuerdo antes de la celebración del juicio, que empieza este lunes en Barcelona. Entre 2009 y 2015, 128 personas –entre ellas ancianos y ciudadanos con problemas económicos o de salud– fueron engañadas por una trama para apoderarse de sus viviendas. Los perjudicados pensaban que firmaban un préstamo y lo que realmente hacían era vender sus pisos.

Las fuentes jurídicas consultadas han asegurado a EL PERIÓDICO que se está ultimando un acuerdo que comportaría una rebaja sustancial de las penas para los imputados y que evitaría, para la mayoría, su ingreso en prisión. Sin embargo, no será hasta la primera sesión del juicio cuando se conozca si el pacto ha llegado a buen puerto. Será en la vista cuando la fiscalía y la acusación particular, ejercida por el Col·legi Notarial de Catalunya, podrían rebajar la solicitud de condena si los acusados reconocen los hechos y aceptan la pena que, finalmente, se les reclama. En su escrito de acusación provisional, la fiscalía solicita hasta 20 años y nueve meses de prisión. La incógnita es si algunos implicados en la trama, como el notario Juan Peña, aceptarán la inhabilitación propuesta y si se sumarán todos los encausados al acuerdo.

Notarios y abogados

En principio, se baraja la posibilidad de dividir a los imputados en dos bloques: aquellos a los que se atribuye el delito de estafa y a los que se les imputa blanqueo de capitales. En el primer grupo estarían los principales investigados, entre ellos el notario Enrique Peña y el abogado Francisco Comitre San Martín. En el segundo figuran los acusados de blanqueo de capitales, al considerarlos no autores directos del delito, sino cómplices. Un dato importante: si el acuerdo se concreta, la disminución de la petición de pena se produciría al aplicarse la atenuante de reparación del daño, pues los acusados aceptarían la nulidad de las compraventas de las viviendas y de los asientos registrales, por lo que las propiedades volverían a sus legítimos dueños. Este viernes, la defensa de algunos acusados aún estudiaba este principio de acuerdo.

Los imputados captaban a clientes con “escasos o nulos conocimientos financieros y jurídicos” y que se hallasen en situación de necesidad económica

La fiscalía sostiene en su escrito de acusación que los acusados pretendían apoderarse de las viviendas de los afectados sin abonarles una contraprestación económica o sufragando una cantidad muy inferior al precio de mercado. Los imputados captaban clientes con “escasos o nulos conocimientos financieros y jurídicos” y que se hallasen en situación de necesidad económica. Para ello, ofertaban –publicitándolo en diversos medios– productos financieros parecidos a un préstamo con garantía inmobiliaria, a una hipoteca inversa o a un contrato de renta vitalicia. Sin embargo, los implicados en esta trama “ocultaban” que, en realidad, no iban a firmar esos productos financieros, sino que lo que realmente iban a contratar era la compraventa de la vivienda, “generalmente por un precio aplazado por importe muy inferior al valor de mercado”, y sin ninguna garantía de poder recuperar el piso.

Favorecer el fraude

Para cometer el fraude, detalla la fiscalía, era “esencial” la participación de un notario, quien hacía efectiva la escritura de compraventa de la vivienda. En este proceso judicial figuran dos notarios: Enrique Peña, que ha sido suspendido de sus funciones, y otro notario que ha tenido una participación muy puntual. Estos profesionales, relata la acusación pública, “intervinieron y favorecieron” el fraude a través de la “infracción masiva” de los “deberes inherentes” a su labor, como la obligación de denegar la autorización de documentos referentes a negocios “de contenido antijurídico”, examinar el negocio que se pretende llevar a cabo, asesorar jurídicamente o advertir de que la operación “tiene carácter delictivo”. Los notarios, indica el ministerio público, debieron advertir la probabilidad de que esas compraventas de viviendas iban a producir “de forma clara y manifiesta un perjuicio para una de las partes derivado del negocio”, es decir, para los titulares reales de los pisos.

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