La Fiscalía pide a Igualdad el bloqueo de webs extranjeras que ofertan servicios de gestación subrogada

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio de Igualdad que acuerde medidas que impidan el acceso desde España a los contenidos de las webs de 13 empresas establecidas en países no europeos (Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México o Colombia) que "ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada". Este término hace referencia a los llamados coloquialmente 'vientres de alquiler', una práctica está prohibida en España desde el año 2006 y que la ley del ‘solo sí es sí’ directamente una forma de violencia contra las mujeres.

En su escrito, el fiscal Manuel Campoy se dirige a la secretaría de Estado de Igualdad, a quien solicita la "interrupción de la prestación del servicio o la retirada de contenidos sobre gestación subrogada", así como la "suspensión de los servicios de acceso a Internet" para los intermediarios.

Las diligencias, según ha apuntado el Ministerio Público, se han tramitado en coordinación con las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona, en virtud de denuncias presentadas por entidades privadas y públicas, y en las que ha intervenido el Defensor del Pueblo.

"Las actuaciones tienen por objeto la exigencia de responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en defensa del derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales ilegales", ha indicado la Fiscalía.

Retirada de contenidos

El fiscal también ha acordado solicitar "la preceptiva resolución judicial en la interrupción del acceso o retirada de contenidos a los sitios web referidos, si en el curso de las actuaciones administrativas se aprecia la existencia y afectación a contenidos protegidos por los derechos y libertades de expresión e información".

El Ministerio de Igualdad ha respondido que ha recibido el escrito de la fiscalía y este jueves lo analizará con la Abogacía del Estado, que "desde hace más de un año está trabajando intensamente en este asunto", según destacan fuentes del departamento dirigido por Ana Redondo, que precisan a su vez que el Gobierno ha demostrado "en los últimos años un alto compromiso con la persecución de la explotación sexual reproductiva".

La instrucción

A este respecto, el año pasado el Ejecutivo dictó una instrucción destinada a dificultar el registro en España de los niños nacidos en el extranjero, medieante vientres de alquiler y el Instituto de las Mujeres elaboró un informe identificando a empresas que ofrecían servicios de gestación subrogada, insertando publicidad en diversos medios.

Este organismo puso en conocimiento de la Abogacía del Estado esta circunstancia, para que ejerciera acciones judiciales y cesara la publicidad de cuatro empresas, dado que el Instituto tiene competencia para pedir el cese de anuncios que menoscaben la imagen de las mujeres, pero no tiene capacidad administrativa para bloquear webs.