Una comisión asesorará a la DGPPIA en la toma de decisiones sobre el desamparo de menores

El Govern sigue con su plan para poner orden en el sistema de protección de menores catalán después de los escándalos tanto de explotación sexual como de errores en la gestión de ayudas que menoscabaron la reputación y provocaron la reforma integral de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), reconvertida ahora en la Direcció General de la Prevenció i la Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGGPIA). Este martes, tras el Consell Executiu, la Generalitat ha anunciado el estreno de una prueba piloto para dar más garantías jurídicas en los procedimientos de desamparo, en los que se decide si el menor afectado puede quedarse con su familia, debe pasar a la protección directa de la Administración o puede ir con una familia de acogida.

Así, en las dependencias de la DGPPIA del Vallès Occidental y de las Terres de l'Ebre trabajarán durante seis meses prorrogables hasta un año con una comisión colegiada con personas expertas en infancia –tanto a nivel jurídico como social– que deberá intervenir en los casos más complejos de desamparo. El resultado de esta prueba piloto servirá para determinar si este órgano colegiado se puede extender al resto de territorios.

Actualmente, las resoluciones de desamparo se toman de manera colaborativa entre diferentes equipos especializados como los servicios territoriales, los equipos de evaluación, los de valoración del maltrato infantil o los técnicos de los centros de acogida. Todos ellos reciben la colaboración y el apoyo de otros profesionales de Servicios Sociales o educativos, entre muchos otros.

El funcionamiento de esta comisión de protección y tutela de la infancia –así se refiere el Govern al órgano colegiado en fase de pruebas– asesorará a la DGPPIA antes de tomar la decisión y, una vez ejecutada la resolución, también evaluará la elección.

En concreto, la comisión la conformarán una persona titulada en derecho especializada en protección de la infancia; dos personas expertas externas en trabajo social, psicología, pedagogía, educación social o derecho y, finalmente, una jurista que ejercerá las funciones de secretaria. A estas cuatro personas se les añade el personal técnico del servicio territorial de la DGPPIA, cuyo responsable será el presidente de la comisión y se encargará de decidir los expedientes y qué medidas son objeto de dictamen.

Plan de transformación

La iniciativa es parte del plan de transformación del sistema de protección de la infancia, que se presentó el pasado mes de mayo y a partir del cual se han puesto en marcha otras actuaciones, como la reestructuración misma de la DGAIA. También se enmarca en este plan la asistencia jurídica gratuita que se ofrece a las familias con niños o niñas en desamparo.

Hace tiempo que en el seno de las entidades sociales que prestan apoyo a la DGPPIA, e incluso entre los propios educadores y trabajadores sociales del sistema de protección, se debate si la judicialización del proceso desamparo sería positiva. Si bien, tal y como intenta este órgano colegiado, aumentaría el número de filtros por los que pasa un caso en específico, no se sabe con certeza si los 'tempos' de la Administración judicial podrían tener la celeridad que precisan muchos de estos casos.