Al menos 900 familias esperan una vivienda de emergencia en Catalunya: hasta tres años de demora en Barcelona

La caída del escudo social el pasado martes dejó desemparadas a miles de familias vulnerables que, hasta ahora, habían podido acogerse a la moratoria de los desahucios que desde la pandemia había evitado que se quedaran en la calle. Sucede además que una de las principales opciones para las familias en esta situación, como son las viviendas de emergencia, hace tiempo que funcionan a cuentagotas en las grandes ciudades catalanas. Sin ir más lejos, hay más de 900 familias en los principales municipios de Catalunya que, pese a tener acreditada y aceptada su solicitud para acceder a uno de estos pisos –que ofrecen contratos de alquiler de larga duración a un precio que varía en función de los ingresos de los solicitantes–, siguen esperando a recibir sus llaves. Se trata de una cifra de mínimos que representa la suma de los casos con resolución favorable en las ciudades de Barcelona, Terrassa y Sabadell, que ofrecen sus datos en sus propias páginas web.

Barcelona es, como cabía esperar, el municipio con una lista de espera más larga. A finales de enero, la mesa de emergencia de la ciudad –el órgano colegiado que se encarga de evaluar todas las solicitudes– registraba 738 casos en los que, pese a tener acreditada la necesidad de acceder a uno de estos recursos residenciales, aún esperaban. En algunos casos los solicitantes han tenido que esperar tres años desde que fueron desahuciados hasta obtener uno de estos recursos.

Colapso de las alojamientos temporales

Los 738 casos no son el peor registro de la capital catalana en este aspecto. El octubre, la lista de espera era de 751 familias. En 2025, en total, el Consorci de l'Habitatge de Barcelona –ente participado por el ayuntamiento y la Generalitat– ha adjudicado 132 de estos pisos que se añaden a los 11 entregados en enero.

Sea como fuere, el problema en la capital catalana se ve agravado por el colapso de otro recurso residencial: los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU). Son pensiones u hostales que, en principio, debían dar cobijo a las familias durante un tiempo hasta que o bien se aprobaba la solicitud para una vivienda de emergencia o accedían a una solución residencial privada.

En Barcelona, donde no hay disponibles ni viviendas de emergencia ni Alojamientos Temporales de Urgencia, ido, se otorgaron 15.289 ayudas al alquiler en 2024

En detrimento de ambos recursos, el ayuntamiento remite ahora a los damnificados a prestaciones para que accedan a un alojamiento por vías ordinarias. Fuentes municipales aseguran que, además de esta ayuda, el ayuntamiento "trabaja de manera preventiva para reducir el número de personas que puedan estar en situación de emergencia y riesgo de exclusión social". En este sentido, indican que el Consorci de l'Habitatge otorgó 15.289 ayudas al alquiler en 2024 y que el Ayuntamiento de Barcelona ha adquirido 87 viviendas y varias fincas que se traducirán en unos 300 pisos más de vivienda pública.

Por su parte, en Sabadell, son alrededor de 60 las familias que esperan a poder entrar en un piso de emergencia, según los últimos datos del mes de enero que facilita la empresa municipal Vimusa. En total, eso sí, hay 265 expedientes en trámite a la espera de una evaluación por parte de la mesa de emergencia.

En Sabadell

El concejal de Vivienda del municipio, Eloi Cortés, asegura que consideran que su mesa de emergencia "tiene un buen funcionamiento" y recuerda que está conformada por más de 500 viviendas, lo que supone un 20% del parque residencial público municipal. "De hecho, la Mesa de Emergencia de Sabadell se pone muchas veces como ejemplo", apunta el edil. Precisamente, la cocapital vallesana acaba de aprobar un cambio en el reglamento del funcionamiento de la mesa, que, en palabras de Cortés, "clarifica los criterios de acceso" a estas viviendas y sitúa en cerca de tres meses el plazo máximo para resolver nuevas solicitudes.

En Sabadell hay más de 500 viviendas de emergencia, pero actualmente no queda ninguna disponible

En Terrassa, a finales de enero, había pendientes de entrega 94 viviendas a través de la mesa de emergencia, que el año pasado tramitó 296 casos, 100 más que durante 2024. El ayuntamiento de la ciudad aclara que los pisos en sí no son un recurso de emergencia, sino que se trata de familias que esperan "una vivienda de alquiler –de largo plazo– que se adjudica a través de la mesa". "Para reducir esta lista hace falta ir incrementando el parque público de vivienda", afirman desde el consistorio, que ha entregado 465 pisos desde 2013.

En L'Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad de Catalunya por población, los datos de las mesas de emergencia no están en abierto. Fuentes municipales aclaran que, actualmente, tienen entre sus manos 141 solicitudes para obtener una vivienda de emergencia, y que 13 familias han podido acceder a uno de estos recursos durante 2025, aunque no detallan cuántos casos favorables esperan las llaves actualmente.

Contactado por EL PERIÓDICO, el Ayuntamiento de Badalona ha declinado ofrecer datos sobre sus viviendas de emergencia. Una petición de transparencia realizada por este diario a mediados de 2023 reveló que la lista de espera para acceder a uno de estos pisos llegó a ser de seis años. El portavoz de la plataforma Badalona Acull, Carles Sagués, asegura que la situación no ha mejorado desde entonces. "Hay gente a quien le han adjudicado un piso cuando ya había tenido que salir de Badalona", lamenta Sagués, que explica que hay familias con menores que tienen que esperar "años" para obtener el recurso.

El portavoz de Badalona Acull, Carles Sagués, lamenta que hay familias con menores que han de esperar "años" para entrar en un piso de emergencia

Además de las mesas locales, presentes en una veintena de municipios catalanes, existe la Mesa d'Emergència de Catalunya, un órgano colegiado técnico de la Agència de l’Habitatge. En su última memoria anual, que presenta datos de 2024, consta que en 2024 esta entidad adjudicó 1.051 viviendas, de las que 577 pertenecen al parque autonómico, 194 son de otros programas que lanza la agencia y el resto corresponde a otras mesas locales. Son casi 100 viviendas entregadas más que en 2023 y 300 más que las adjudicadas en 2020.

Más allá del desahucio

Estos recursos no solo se ponen en marcha en caso de desahucio, sino también en otras urgencias como casos de violencia de género, personas con discapacidades sobrevenidas que no pueden seguir viviendo en un piso o personas en situación de calle.

El reglamento catalán recoge que todas las personas que deban acogerse a este mecanismo deben tener la nacionalidad española o acreditar un permiso de residencia vigente. Además, en los casos por desahucio, los afectados deben demostrar que llevan al menos tres años residiendo de forma continua en el piso. Por norma general, los que se acogen a estos recursos deben presentar ingresos mensuales por debajo del doble del Indicador de renta de suficiencia (IRSC) de Catalunya. Aunque varía según las zonas de Catalunya, en las principales ciudades esta cifra es de 2.138,27 euros actualmente.

Por norma general, las familias deben ingresar menos de 2.138 euros para cumplir los requisitos de acceso a estas viviendas

La solicitud para estos pisos requiere una buena carpeta de documentación. Además de una tarjeta de identificación y del padrón, se necesitan varias declaraciones como la del IRPF, informes de vida laboral, contratos de trabajo o certificados del paro, además de documentos que acrediten la fecha del desahucio. Así, y dependiendo de la situación concreta, se precisan hasta una veintena de documentos. Todos ellos se recogen en un único informe social que más tarde las mesas se encargan de evaluar. Una vez adjudicada, los nuevos inquilinos asumen un alquiler que depende de lo que vayan ingresando cada mes. En todo caso, nunca supera el 18% de los ingresos ponderados de la unidad familiar.

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