Infancia "se desmarca" de la ley contra la violencia vicaria por no impedir que los padres acusados de agresión vean a sus hijos

El Ministerio de Juventud e Infancia, en manos de Sumar, ha anunciado este jueves que se "desmarca" del anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, "tras la negativa de Justicia a tener en cuenta las observaciones planteadas por este departamento con el propósito de corregir los riesgos que conlleva para la protección de las víctimas", tanto de las mujeres como de sus hijos, inmersas en una espiral de violencia de género.

El proyecto en cuestión define y tipifica, por primera vez en Europa, el delito de violencia vicaria, que es aquella que se ejerce sobre los hijos –u otros familiares– para causar daño a la madre, con penas específicas y medidas de protección. Fue aprobado en primera vuelta el pasado septiembre y en los últimos días se han intensificado las negociaciones, entre Justicia, Igualdad e Infancia, los ministerios proponentes, con el objetivo de llevar el texto, en segunda vuelta, al Consejo de Ministros del próximo martes, y de ahí enviarlo a las Cortes.

En este contexto, ha aflorado el malestar que ha causado la ley en una parte del movimiento feminista, que ha enviado carta abierta a los tres ministerios, firmada por la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional, en la que una veintena de organizaciones expresan su disconformidad con una norma que, a su juicio, solo contempla "retoques superficiales" a un problema que "no es un fenómeno aislado ni marginal".

Régimen de visitas

La Coordinadora discrepa, en primer lugar, del nuevo delito de violencia vicaria, al considerar que contiene una redacción "neutra", que no hace hincapié en su relación con la violencia machista. También cuestiona que no se eliminen las excepciones que permiten a un agresor –incurso en un proceso por violencia de género o infantil– mantener el contacto con sus hijos.

El ministerio de Juventud e Infancia, liderado por Sira Rego, se ha hecho eco de estas de demandas y ha pedido a Justicia corregir la nueva tipificación, así como el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha a los niños. Según este departamento, son "aspectos indispensables para que la norma avance en garantía de derechos". Sin embargo, ante "la negativa de Justicia" a incluir estas modificaciones, el equipo de Rego ha comunicado que "abandona la coproponencia de la ley". El choque viene precedido de un malentendido previo con la ampliación de la ley de protección infantil (LOPIVI), que Infancia acusa a Justicia de tener paralizada.

Madres protectoras

En concreto, son tres las modificaciones que el departamento de Rego ha solicitado incorporar a la nueva ley contra la violencia vicaria. Por un lado, a su juicio, la nueva tipificación "deja a las madres protectoras (en referencia a las mujeres que denuncian violencia hacia sus hijos y se enfrentan al sistema judicial, que cuestiona su testimonio) en una situación de inseguridad jurídica". Su queja viene motivada porque en la redacción inicial se dejaba claro que la violencia vicaria es "aquella destinada a causar dolor o sufrimiento a las mujeres" a través de sus hijos o familiares, pero en el texto que ahora se discute se ha añadido que puede darse de un "cónyuge a otro".

Al incluir también el ámbito de la violencia doméstica, según Sonia Vaccaro, la psicóloga forense que acuñó el término violencia vicaria, "se diluye toda la conceptualización basada en el género y se crea un arma al servicio de los hombres violentos para que denuncien a las mujeres y les quiten la custodia de sus hijas e hijos". De ahí la fuerte oposición feminista.

Al mismo tiempo, el ministerio de Rego –haciéndose eco de las demandas de las mujeres– también considera "inaceptable" que la nueva ley no prohíba en todos los casos que el "agresor mantenga contacto con los hijos", dado que tan solo obliga a los jueces a "reforzar la fundamentación" si deciden mantener la relación paterno filial, pese a que el padre haya sido denunciado por violento. Asimismo, Infancia quiere que los menores sean escuchados en todos los procesos que les afecten, independientemente de su edad, dado que la ley actual solo contempla esta posibilidad a partir de los 12 años.

Respuesta de Igualdad

Pese al portazo de Infancia, fuentes del Ministerio de Igualdad sostienen que la negociación en el seno del Gobierno sobre el anteproyecto legal sigue abierta. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado este miércoles que "entiende la preocupación" del movimiento feminista y que, por ello, "han incorporado todas las alegaciones" de las organizaciones de mujeres. Sin embargo, ha matizado, estas precisiones tienen que ser "conciliables con una técnica legislativa correcta y en ese trabajo seguiremos lo que haga falta para hacer un buen texto que satisfaga a las víctimas y también que sea correcto desde el punto de vista de la técnica normativa".

Redondo ha recordado que se trata de una iniciativa legal "delicada" porque "no hay referentes" en el mundo y, al ser muy "novedoso", por eso está concitando dudas. A su vez, fuentes del Ministerio de Justicia indican que el proyecto, así como las aportaciones e informes técnicos recabados, "se están analizando". "El Ministerio está trabajando en ultimar una redacción jurídicamente impecable del proyecto que ofrezca la máxima protección y la máxima seguridad jurídica a las víctimas, tanto si son las madres como si son los menores. Una vez que esa redacción esté ultimada, el proyecto podrá ser elevado al Consejo de Ministros".

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