El Gobierno abre la puerta a que las entidades sociales emitan informes de vulnerabilidad para la regularización extraordinaria

A la espera de que el real decreto del que pende la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada la semana pasada por el Gobierno supere la fase de audiencia pública –en la que la sociedad civil puede proponer mejoras para la medida– este próximo viernes 6, la cumbre institucional convocada este miércoles por la Generalitat ha servido para ir viendo cuáles serán los pormenores administrativos de la ley.

Así, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha dejado entrever a la salida de este encuentro, celebrado en el Palau de Pedralbes, que las entidades sociales podrían emitir informes de vulnerabilidad de las personas que atienden para demostrar que llevan más de cinco meses en España. Es el único requisito para acceder a la regularización junto a la aportación de un certificado que acredite que la persona interesada no ha cometido antecedentes penales. "Depende de cómo avance el borrador, las entidades [sociales] o personas que representan estas entidades podrían hacer estos informes de vulnerabilidad", ha asegurado Prieto.

"Depende de cómo avance el decreto, las entidades podrían hacer estos informes de vulnerabilidad", ha asegurado el delegado Carlos Prieto

El presidente de la Taula del Tercer Sector, Xavier Trabado, se ha mostrado más cauto que el delegado del Gobierno. "Se está trabajando y se está ofreciendo que las entidades sociales puedan jugar un papel en el proceso, pero no se ha apuntado exactamente cuál sería el papel", ha matizado, aunque no ha escondido que la participación de estas entidades en el proceso de regularización sería "una buena noticia".

El presidente de la Taula del Tercer Sector, Xavier Trabado, opina que la implicación de las entidades sería "una buena noticia"

"Ha sido una reunión para plantear este trabajo conjunto y a partir de aquí comienza la tarea de detallar" estas funciones, ha seguido Trabado, que ha aprovechado la ocasión para reclamar "más presupuestos dedicados a la cohesión social" y ha recordado que el 43% de la población extranjera en Catalunya está en situación de pobreza.

Forjar alianzas

Al encuentro, convocado por la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, y la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, han asistido también representantes del mundo local, como la presidenta de la Diputació de Barcelona Lluïsa Moret, y de los principales sindicatos y patronales.

Según Prieto, la cumbre ha servido para "forjar una alianza" entre todos los agentes, que han valorado positivamente el encuentro, para que la regularización "salga bien", algo con lo que ha dicho estar "absolutamente comprometido". En la misma línea se ha expresado Martínez Bravo, que ha asegurado que el objetivo de su departamento es que el proceso sea "un éxito" y que "ninguna persona que se pueda acoger a esta regularización acabe fuera por un trámite, por desconocimiento o por falta de recursos o de habilidades de cualquier tipo".

La consellera Martínez Bravo pretende que "ninguna persona que se pueda acoger a esta regularización acabe fuera"

Preguntada por los recursos que serán necesarios para garantizar que un proceso que, según promulgan desde Drets Socials, podría afectar a entre 120.000 y 150.000 personas, Martínez Bravo asegura que cuentan con todo el área de coordinación de las áreas básicas de Servicios Sociales y que también tienen "alianzas con el tercer sector". "Ahora, lo que necesitamos es establecer varias mesas de coordinación a nivel técnico para ver exactamente qué recursos necesitamos", ha seguido la consellera.

Ante la falta de concreción de cuáles serán los pasos a seguir definitivos para aquellas personas que quieran acogerse a la medida y cuáles los recursos necesarios para garantizar que no colapsen los servicios de Extranjería, la consellera Menor ha explicado que la reunión de este miércoles era más bien preliminar y qué contarían con respuestas más concretas en un plazo de "una semana o 10 días".

"Hoy no tenemos todas las respuestas, pero sí que estamos buscando todas las preguntas", ha resumido la titular de Feminisme. Menor también ha asegurado que se prevén más encuentros en los que emplazarán tanto a los consulados en Catalunya como a las entidades representativas de las comunidades de personas migradas en Catalunya.

La cumbre llega el mismo día en el que, a nivel estatal, el principal sindicato de la adminstración pública ha pedido que se destinen más recursos para evitar el colapso en las Oficinas de Extranjería y en las Comisarías en los meses en los que se deba tramitar la documentación para acogerse a la medida.

Tras el encuentro, Camil Ros, secretario general de UGT, ha explicado que durante la reunión han "apretado de manera clara" en que el proceso de regularización no suponga un caos o saturación" en los servicios púbicos. "Necesitan más medios. Hay gente que presentó los papeles para regularizarse antes de verano y todavía no se han resuelto", ha denunciado el representante sindical en referencia a los procesos que todavía se inscriben en la modificación del reglamento de Extranjería del año pasado.

En ese mismo sentido, la Secretaría de Estado de Migraciones ha emitido también este miércoles un comunicado en el que llama a la calma y recuerda que "de momento, no está abierto el plazo para la presentación de solicitudes" y que el texto del decreto todavía no es definitivo. Este órgano del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha vuelto a indicar que habrá que esperar hasta "en torno a principios de abril" para que la norma se apruebe definitivamente y comenzar a aceptar las solicitudes de regularización.

Suscríbete para seguir leyendo