Un alud de peticiones deja sin pagar más de la mitad de las ayudas para retirar amianto en Catalunya

La normativa que obliga a erradicar el amianto de aquí a 2028 en edificios públicos y antes de 2032 en propiedades privadas está intensificando la extracción del componente tóxico aún instalado. Las empresas dedicadas a arrancar la sustancia nociva cuando se deteriora y desprende polvo admiten hallarse al límite de su capacidad por la sobrecarga de encargos en Catalunya. El auge se aprecia también en la gran concurrencia de particulares, ayuntamientos, empresas y entidades en la últimas convocatorias de subvenciones de la Generalitat para costear las retiradas de materiales de aislamiento y construcción que, como techos y tuberías de fibrocemento, contienen el mineral condenado a desaparecer.

El 58,7% de las 3.002 solicitudes presentadas en 2025 se desestimó porque la cantidad que la Agència de Residus de Catalunya (ARC) dedicó para financiar obras se quedó corta ante la avalancha de peticiones. Las 1.762 instancias denegadas por falta de presupuesto para eliminar unos 940.000 metros cuadrados de amianto sumaban una reclamación de 25,7 millones de euros, que la ARC no ha abonado porque la línea de subsidios fue insuficiente.

Ante el abultado número de requerimientos, la última campaña aumentó la partida en dos ocasiones para repescar demandas. Aun así, han quedado muchas sin atender, admiten fuentes conocedoras del reparto.

En la primera resolución dictada en 2025, la Generalitat comprometió el pago de 7,4 millones de euros a 281 solicitantes. Tras ampliar la asignación, acordó transferir 4,9 millones a otros 260 demandantes. Antes de acabar el año, volvió a destinar fondos para una prórroga definitiva y concedió 8,6 millones en auxilios a 581 peticiones más.

Si los auxilios ni siquiera se agotaban hace seis años, una de las últimas líneas de ayudas recibió el triple de peticiones de las admisibles

La convocatoria se cerró con 1.122 subvenciones otorgadas, por valor de 20,9 millones para sufragar la retirada, el traslado y el tratamiento al completo de algo más de un millón de metros cuadrados con amianto. Aparte, 118 reclamaciones se archivaron por desestimiento o no cumplir condiciones.

Agotadas en pocos días

Fuentes consultadas afirman que no es la primera vez que la demanda sobrepasa las previsiones. Explican que, hace unos seis años, la dotación no excedía de los dos millones de euros y ni siquiera se agotaba, pero la situación ha dado un vuelco. De media, se reservan unos 22 millones anuales que se consumen en pocos días. Ponen como ejemplo una convocatoria extraordinaria de 2023, en la que se ofertaron 50 millones para sustituir techos de fibrocemento por placas solares y recabó peticiones por unos 150 millones.

En la lista de quienes se han quedado sin ayuda, figuran desde grandes empresas a personas a título individual, pasando por pymes, municipios de distinto tamaño y comunidades de propietarios. La instancia rechazada por una cuantía más baja es de un particular que rogó 100 euros para suprimir 12 metros cuadrados de fibrocemento, mientras que la más alta la formuló El Corte Inglés, que reclamó 965.034,40 euros para desprenderse de 46.674 metros cuadrados de material con amianto. La segunda más cuantiosa entre las excluidas es de otro particular, que pidió 476.135 euros.

Más de 400 expedientes gestionados por empresas se han desechado, por un importe de 11,68 millones. Cada caso es singular, también los efectos de la denegación. Proquip, una compañía química con sede en Vilanova del Camí (Anoia), tramitó dos auxilios por 291.543,10 euros para deshacerse de 8.385 metros cuadrados de techos con asbesto. “Las obras todavía no se han hecho, pero no nos ha supuesto un descalabro, las cubiertas están en buen estado”, comenta la compañía, que aguardará a próximos subsidios para reemplazarlas.

A una empresa con una nave en La Selva del Camp (Baix Camp), Itursa Clal, sí le ha trastocado no recibir 182.549 euros de subvención. “Nos ha retrasado el inicio de las obras”, asegura. “Tenemos una ayuda concedida en 2024 por otra retirada muy pequeña y esperábamos para hacerlo todo a la vez, pero tendremos que acometer la primera obra para justificarla a tiempo”, repara. La Generalitat da 27 meses para demostrar que las labores se han efectuado.

Se han desechado más de 400 reclamaciones de empresas por un importe de 11,68 millones de euros y más de un millar de particulares, por 8,22 millones

Las solicitudes se resuelven por estricto orden de entrada, con lo que se prima las que se registran antes, sin distinguir por coste o proyectos. “Nos adaptaremos la próxima vez para presentar la documentación el primer día”, confiesan en Itursa Clal.

Del mismo modo, una cooperativa de Lleida rogó 94.990 euros que se denegaron para quitar dos tejados de fibrocemento en mal estado. “Hace muchas décadas que se construyeron y sacarlos de un plumazo es mucho dinero, además tuvimos que hacer otra reparación más urgente y no podemos endeudarnos tanto ahora cambiando también los techos”, alega.

Municipios y vecinos

Asimismo, se cuentan 58 expedientes por 742.362,06 euros cursados por 39 ayuntamientos con resultado negativo. La petición más elevada de un consistorio era la de Martorell, 301.892,25 euros por retiradas en siete equipamientos con 15.094,61 metros cuadrados de amianto. La desestimación conlleva un incremento de gasto para las arcas municipales. En el edificio de la Cruz Roja de Les Carolines se ha eliminado el mineral peligroso, para hacerlo en Ca n’Oliveras se han obtenido fondos europeos y otras cinco actuaciones se aplazan para próximas líneas de ayuda.

El Ayuntamiento de L’Aldea (Baix Ebre) no ha obtenido financiación de la Generalitat para dos extracciones en sendos inmuebles, con un coste de 57.038,85 euros. “La Generalitat nos ha dicho que nuestras peticiones estarán subvencionadas en las próximas convocatorias”, apunta el alcalde, Xavier Royo, que advierte que la ayuda “no siempre resulta operativa”: “Está muy bien que nos financien, pero el techo queda descubierto y se tiene que sacar un dinero del que la mayoría de veces no disponemos para realizar una nueva cubierta”.

Alpens (Lluçanès), con menos de 300 habitantes, ha asumido una factura de 34.640 euros, equivalente al 5% de su plan de inversiones en 2026. “Se trataba de recuperar el dinero para ahorrarnos la obra hecha y destinarlo a otra cosa”, cuentan en el pequeño ayuntamiento, perjudicado por que 1.370 solicitudes se interpusieran antes que la suya.

A su vez, más de un millar de particulares que demandaban 8,22 millones de euros han quedado excluidos. “Es clave que haya más subvenciones, son manifiestamente insuficientes”, evalúa Joan Maria Soler, miembro de la comisión contra el amianto de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona. “Es fundamental porque retirarlo bien es caro y el gran riesgo es que suban las retiradas no declaradas y los vertidos ilegales”, previene.

Además, más de un centenar de comunidades de propietarios en toda Catalunya no han conseguido algo más de un millón de euros que requerían. “Hay muchos edificios aún con elementos de amianto y la retirada la tienen que hacer empresas especializadas con acreditación, lo que encarece mucho la intervención”, remarca la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, Montse Bassas. Juzga “imprescindible ampliar la dotación presupuestaria para ofrecer más subvenciones y retirar el material de forma adecuada”.

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