La UB se personará como acusación particular en el caso de Ramón Flecha: "No se puede usar el nombre de la UB de forma perversa"

La nueva sección de violencia sexual de la Fiscalía de Barcelona decidió la semana pasada abrir una investigación por el caso del catedrático Ramón Flecha y los presuntos abusos que cometió durante dos décadas en la Universitat de Barcelona (UB) a los mandos del grupo de investigación CREA. Las pesquisas las dirigirá la nueva unidad de delitos sexuales, encabezada por el fiscal del crimen de la Guardia Urbana, Félix Martín, junto a la fiscal del proceso de Dani Alves, Elisabet Jiménez. La UB ha enfatizado que se personará como acusación particular si el caso, que la Fiscalía se ha tomado muy en serio, llega a los tribunales.

Así lo ha anunciado el rector, Joan Guàrdia, durante una comparecencia en la comisión de Recerca i Universitats en el Parlament donde ha acudido junto con Ernest Abadal, vicerector de personal docente e investigador, y Laura Guitart, decana de la Facultat d'Economia i Empresa, a la que pertenece el departamento de Sociología, vinculado a CREA. “No se puede actuar vulnerando el código ético y usando el nombre de la UB de forma perversa”, ha enfatizado el rector. “La mala praxis se sanciona de forma ejemplar”, ha añadido.

Grupo CREA

El pasado 22 de diciembre, la UB desterró definitivamente a Flecha, ya jubilado, y al grupo CREA, que desde 2015 no pertenece oficialmente al campus aunque siguió usando su nombre, su dominio en internet y sus instalaciones. El rectorado decidió llevar ante la Fiscalía las conductas de coerción sexual, coerción psicológica y maltrato que presuntamente cometió durante décadas el catedrático en el seno del grupo, que él mismo fundó en 1991 y cuya dirección abandonó en 2006 aunque siguió siendo su alma máter. El controvertido profesor es el supuesto responsable del que puede ser el caso más grave de abuso de poder y abuso sexual en una universidad. Según todos los indicios, CREA –que recientemente anunció su autodisolución en redes a través de un comunicado sin firmar– actuó como una comunidad coercitiva de alto control.

"Actuaremos e intervendremos"

Sin nombrar a Flecha por su nombre ni al resto de profesoras investigadas y cautelarmente apartadas por motivos de confidencialidad, Guàrdia ha asegurado que la UB “actuará e intervendrá” una vez que termine por completo el trabajo de la comisión de investigación interna. Los expertos que forman parte de esta comisión comenzaron a trabajar en septiembre. En noviembre entregaron al rectorado un informe preliminar en el que, a la luz de la reiteración de los hechos denunciados, recomendaban medidas urgentes antes de que finalizar sus trabajos. Fue entonces cuando el rectorado decidió enviar el expediente a Fiscalía, así como incoar dos expedientes disciplinarios para suspender de empleo (no de sueldo) a dos investigadoras de la universidad y de CREA y retirar la condición de catedrática honoraria a una cuarta persona vinculada a este grupo.

Guàrdia ha reiterado que los protocolos funcionan y que la UB ha sabido crear un “espacio de confianza” para las víctimas. El máximo responsable del campus ha puesto como ejemplo de ese clima el hecho de que a las 11 demandantes iniciales se han sumado más voces hasta llegar a los 16 (la inmensa mayoría, mujeres).

Sin vinculación con la UB desde 2015

Respecto a la investigación científica emprendida por CREA –grupo especializado, precisamente, en la investigación sobre la violencia machista–, el rector ha insistido en que en 2015 dejó de estar vinculada a la UB. Es decir, la universidad carecía de los mecanismos para supervisar los trabajos de investigación, que, al contrario que los planes de estudio de los campus, tienen un margen de libertad bastante alto.

Los responsables universitarios también insistieron en que, tanto en 2004 como en 2007, las denuncias internas contra CREA no prosperaron dado que la Fiscalía las archivó. Preguntado sobre si el sistema había fallado durante tantos años de "impunidad" en el campus (en palabras de algunos parlamentarios) Guàrdia –rector desde 2020– destacó que "los tiempos han cambiado" y que ahora los protocolos funcionan gracias a una "aplicación contundente".

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