La Guardia Civil acusa a la Agència de Residus de Catalunya de "inacción" en el vertedero investigado de Osona

El Seprona, el grupo especializado en medio ambiente de la Guardia Civil, sostiene en su investigación sobre el vertedero de Osona que la administración competente, la Generalitat, a través de la Agència de Residus de Catalunya, conocía desde 2019 la existencia de incumplimientos reiterados y graves en la instalación. Lo habría sabido a partir de las propias inspecciones y de los avisos emitidos por una empresa de control, sin que se actuara con la contundencia que correspondía.

Según la instrucción incorporada a la causa, la empresa Restauracions Ambientals Catalanes (RAC) habría advertido a los inspectores de que la última analítica reflejaba tres parámetros químicos por encima de los requisitos de la licencia. La investigación a la que ha accedido EL PERIÓDICO apunta a que estos valores elevados serían consecuencia, presuntamente, de que se estaba permitiendo la entrada de residuos que no deberían autorizarse para su vertido en el depósito.

El relato describe un flujo continuado de materiales impropios: hierros, maderas, plásticos, trapos y algunos envases contaminados, además de escorias valorizadas y sin valorizar procedentes de la incineradora de Tersa. Esta mezcla, siempre según la investigación, habría generado un impacto directo en el entorno.

Largas pesquisas

El Seprona, en su escrito acerca de la trama corrupta del vertedero de Fitó en Osona que ha destapado EL PERIÓDICO, señala que tanto agentes como inspectores se toparon en numerosas ocasiones, entre 2019 y 2024, con una alta cantidad de basura no permitida, enterrada "sin las medidas de seguridad adecuadas". También describe el movimiento constante de camiones que descargaban escombros mezclados, en distintos grados, con maderas, plásticos, yesos, metales, pladur, restos vegetales y envases contaminados, materiales incompatibles con la licencia.

Uno de los elementos clave de la investigación es el presunto falseamiento del registro: esos residuos se habrían contabilizado como si fueran escombros limpios de obra, utilizando un código que no reflejaba la verdadera composición de la carga.

1989 incumplimientos

La instrucción sostiene que, ya en 2019, la compañía encargada de las inspecciones en el vertedero comunicó a la Agència de Residus de Catalunya (ARC) un total de 74 incumplimientos. En 2020, la cifra asciende a 115 incumplimientos comunicados.

Para la investigación, estos datos evidencian que existía conocimiento administrativo de un patrón de incumplimientos constantes de la normativa vigente y, aun así, se habría omitido iniciar un expediente sancionador en el momento en que se disponía de las primeras actas (a partir de junio de 2019). Según este planteamiento, no es hasta más de dos años después cuando se empiezan a tomar medidas, supuestamente tras la solicitud de información por parte de la propia Guardia Civil.

El informe de 2021

La instrucción destaca además un hecho concreto: el 9 de agosto de 2021, por iniciativa propia, se elabora un informe para iniciar un expediente sancionador por la reiteración de incumplimientos, pero tomando como referencia los documentos de 2020.

El escrito subraya que existían actas anteriores con "muchos incumplimientos" que no se hicieron constar en la apertura del expediente. Y además, añade que la toma de decisiones de los inspectores estaba supervisada por el coordinador y el director de departamento, motivo por el cual la instrucción considera "bastante sospechoso" el modo en que se delimita el punto de partida formal.

Por esta razón, el Seprona propone como investigadas dos personas vinculadas al ámbito de infraestructuras e inspecciones de la ARC, como es el caso de Josep Simó y Jordi Minguell, además de un inspector. También se menciona al exdirector de la agencia, Josep Maria Tost, como investigado desde 2024. La Generalitat, contactada por este medio, ha preferido no pronunciarse sobre el caso.

El núcleo de la teoría del Seprona es claro: existían avisos, analíticas alteradas y un historial de incumplimientos comunicado oficialmente, y, pese a ello, la actuación administrativa tardó mucho más de lo requerido en actuar y de forma injustificada. Cabe señalar que la Agència de Residus de Catalunya acumula varias investigaciones por irregularidades que presuntamente se desarrollaron durante la dirección de Tost, entre otras, una trama por importaciones ilegales de basura.

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