Tras la polémica promoción en Alicante
La Comunidad Valenciana estudia recuperar las listas de demandantes de vivienda pública que suprimió Mazón tras la polémica promoción en Alicante
La vicepresidenta anuncia la creación de una comisión de evaluación para las futuras obras del Plan Vive además de incrementar la publicidad de los inmuebles y exigir registros individuales de solicitantes en cada bloque protegido

Susana Camarero, vicepresidenta del Consell, sobre la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante y el expediente abierto a un funcionario de la Generalitat / Miguel Ángel Montesinos
La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha abierto la puerta este martes a recuperar los listados de demandantes de vivienda pública que suprimió el gobierno de Mazón, tras la polémica por la última promoción de inmuebles protegidos en Alicante, que tal y como destapó INFORMACIÓN, ha sido adjudicada a la concejala de urbanismo y personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante y a la administración autonómica.
Camarero se ha referido al funcionario expedientado por validar la adjudicación a su mujer, catalogándolo como “oveja negra” y ha anunciado la creación de una comisión de evaluación para la futura entrega de viviendas protegidas en el marco del Plan Vive de la Generalitat. “Vamos a reforzar todavía más los mecanismos, no podemos estar en manos de un funcionario que haga trampas”, ha señalado la popular.
Dentro de ese “refuerzo” de los controles, se vuelve a poner sobre la mesa la creación de un registro de demandantes de vivienda protegida, además de listados individuales de los candidatos a cada promoción. Una medida incorporada por el Decreto 106/2021 del Consell (en la etapa del Botànic) y cuyas disposiciones en materia de registro de demandantes fueron derogadas por un decreto posterior, aprobado en diciembre de 2024, por el gobierno autonómico de Carlos Mazón.
Respecto a la polémica promoción del residencial Les Naus, en Playa de San Juan, Camarero ha asegurado que la Conselleria de Vivienda está revisando uno a uno todos los expedientes de los adjudicatarios, en los que la Generalitat ya había validado que cumplían los requisitos para hacerse con uno de los inmuebles protegidos. Sobre el papel del Consell en la polémica, la vicepresidenta ha defendido la agilidad con la que ha respondido la administración autonómica: “Actuación inmediata y decisión inmediata en cuanto hemos conocido los hechos”.
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