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Responsabilidad penal de las plataformas y veto a las redes para menores de 16 años: 5 claves de las medidas anunciadas por Sánchez
El paquete legislativo incluye "la prohibición expresa" del acceso a plataformas, la creación de nuevos delitos, la elaboración de un ránking de espacios virtuales y la persecución de contenido sexualizado vinculado a menores
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Imagen de archivo de la plataforma X. / Monika Skolimowska / DPA
Con el objetivo de "garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales", Pedro Sánchez ha anunciado este martes desde Dubái que a partir de "la próxima semana" se desplegará un paquete de medidas legislativas y regulatorias para fortalecer el control de las plataformas digitales. Prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años es una de las iniciativas. El veto estaba ya estaba contemplado en la ley de protección digital, que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados. La idea del Gobierno es dar un paso más allá e incluir en la ley una prohibición expresa. Otras de las medidas son frenar la amplificación de contenidos ilegales y considerar responsables penalmente a los directivos de las plataformas. Algunas de ellas (no está claro cuál será la primera en aprobarse) incluyen modificaciones legislativas y la creación de nuevos delitos.
El Gobierno propondrá una reforma del Código Penal para que los directivos de las plataformas digitales puedan ser considerados penalmente responsables de las infracciones cometidas en sus servicios, especialmente cuando incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos. Fuentes de Moncloa recuerdan que así "se pondrá fin a la impunidad" derivada de la falta de control efectivo sobre los contenidos que se difunden bajo su supervisión. De esta manera, altos ejecutivos de empresas tecnológicas podrán responder penalmente por la inacción deliberada ante este tipo de informaciones o vídeos. Esta medida se incluirá en un proyecto de ley que será remitido al Congreso y al Senado.
Se tipificará como nuevo delito la manipulación de algoritmos que facilite la amplificación deliberada de contenidos ilegales, y la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos. Se reconoce que estos contenidos no surgen de forma espontánea, sino que son creados, impulsados y amplificados por actores concretos y por algoritmos diseñados específicamente. Francia, por ejemplo, legisló al respecto en 2023. Al igual que la primera medida, esta se llevará a cabo a través de un proyecto de ley que será aprobado en el Consejo de Ministros y después pasará al Congreso y al Senado. “La norma incorporará la responsabilidad penal de las plataformas cuyos algoritmos amplifiquen contenidos ilegales, superando la idea de que la tecnología es neutral”, concluyen fuentes de Moncloa.
El Gobierno desarrollará un sistema denominado "huella de odio y polarización” destinado a rastrear, medir y hacer visible cómo las plataformas digitales fomentan la polarización social y amplifican el odio. El objetivo es transformar un fenómeno hasta ahora opaco en un elemento cuantificable y evaluable, generando un ránking de peores a mejores plataformas. Esta medida se materializará mediante el desarrollo de una herramienta específica que permitirá un "análisis riguroso" del comportamiento de las plataformas y de sus algoritmos
España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, siguiendo los pasos de otros países como Francia y Australia. Además, las plataformas estarán obligadas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad, que vayan más allá de simples declaraciones formales, garantizando barreras reales y eficaces. Esta medida ya estaba incluida en el proyecto de ley de protección digital a los menores, que está actualmente en el Congreso de los Diputados y ha superado el trámite de las enmiendas. Cuando la norma se apruebe, la edad para consentir el tratamiento de datos de carácter personal -un paso necesario, por ejemplo, para registrarse en una red social- pasará de 14 a 16 años. Es decir, si un chaval menor de 16 años quiere tener perfil en redes, deberá pedir consentimiento previo a su madre, padre o tutor. Fuentes de Moncloa aseguran que la iniciativa anunciada por Sánchez supone un paso más allá y se desarrollará a través de la prohibición expresa de acceso a menores en un nuevo artículo de esa ley. No se ha concretado de qué forma se hará. Sin embargo, es de prever que, con el nuevo cuerpo legal, el consentimiento familiar tampoco bastará para permitir que los menores de 16 años accedan a las redes.
El Gobierno actuará contra las posibles infracciones cometidas por plataformas como Grok o TikTok relativas a la generación con inteligencia artificial de contenido sexualizado vinculado a menores o a la difusión de este tipo de contenidos. El Gobierno trabajará conjuntamente con todos los poderes e instituciones, especialmente el Ministerio Fiscal, para prevenir, detectar, investigar y, en su caso, promover la acción de la justicia frente a las infracciones detectadas.
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