Un residencial con muchas caras conocidas: los apellidos más repetidos en la polémica urbanización de viviendas protegidas de Alicante

En cualquier urbanización de 140 viviendas, repartidas en tres bloques y siete escaleras, serían muchos los vecinos que no se conocerían unos meses después de la entrega de llaves. La mayoría de los residentes, en ese escenario, sería probable que aún no se pusieran ni siquiera cara a estas alturas de la convivencia, por muchas zonas comunes que existan, como piscina, gimnasio, pistas de pádel y polideportiva.

Sin embargo, en Les Naus, la urbanización de viviendas protegidas, situada en una zona privilegiada de Alicante y que se ha colocado en el foco de la polémica por tener entre los adjudicatarios a la ahora ya exconcejala de Urbanismo de Alicante y los dos hijos y un sobrino de una directora general del Ayuntamiento, entre otros, la situación puede ser distinta. Y es que entre sus residentes hay muchos apellidos coincidentes, una casualidad, o no, que salta a la vista con el simple ejercicio de mirar el listado de adjudicatarios de las primeras viviendas protegidas que se construían en Alicante en dos décadas.

Entre sus vecinos hay más de una decena de apellidos completos coincidentes. Entre ellos, los López Godoy (que son tres), así como los Arenas Lorente (dos), los Cerdán Fábregat, los Sánchez Belmonte, los Mira Lillo, los Arenas Carabal y los Izaguirre Carbonell, un apellido, el primero, muy conocido para todos los residentes, al ser el mismo que el del notario de la promoción.

Pero hay más. También están los ya conocidos Pérez-Hickman, que, con vitola de propietarios, son tres: dos Lloret Pérez-Hickman, que son los hijos de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, que volverá al cargo que desempeñaba -jefa del área Contratación, donde se ejecutó la enajenación de la parcela sobre la que se construyó el residencial- cuando fue reclutada por el alcalde, Luis Barcala, para integrarse en la estructura directa que impulsó este mandato, gracias al aval de Vox.

La familia de la funcionaria en la urbanización Les Naus se completa con otro apellido que salta a la vista, Perez-Hickman Estevan, sobrino de la primera directora general que deja el cargo. Hay otros dos apellidos repetidos, pero en sendos casos comparten vivienda: los Murcia Mas y los Bande Zapater.

Órganos "rectores"

Entre los nombres conocidos por los vecinos en la urbanización seguro que destacan los miembros del órgano de administración de la cooperativa, según un certificado de la Generalitat Valenciana: Luis Alberto Meler, como presidente; Vanesa Quero, como vicepresidenta, y Trinidad Box, como secretaria. Todos ellos compartirían altura, aunque no escalera en la urbanización: el ático. En esa misma planta también dispondría de una vivienda Francisco Ordiñana, administrador único de Fraorgi, la empresa encargada de gestionar la cooperativa de las viviendas públicas del residencial Les Naus en Alicante.

Ordiñana ha sido, por ahora, la "voz" de los propietarios, como responsable de la empresa gestora de la cooperativa, que acumula trece años de actividad y ha impulsado dos residenciales en el PAU 5: Terrazas del Mediterráneo y Residencial Viride, con medio millar de viviendas en total. Según el empresario, pese a la falta de publicidad de la promoción ahora en el foco de la polémica, la demanda era muy superior a la oferta: “Nos daba para llenar esta y diez promociones más”.

Según ha explicado Ordiñana desde que este diario desvelara las conexiones de los propietarios con el Ayuntamiento de Alicante, entre otros escenarios, como la compra de la parcela se paralizó por una batalla judicial, cuando se reinició el proceso se avisó a las personas que habían mostrado interés previo en los pisos. “Avisamos a la gente que teníamos apuntada en 2018. Muchos ya habían comprado en otros sitios y otros no”. Y sostiene que completaron las adjudicaciones sobrantes “con la lista de espera de cerca de 2.000 personas”. También ha señalado que en el proceso hubo sustituciones: “Había gente que no cumplía y tuvimos que sustituirla”.

Requisitos y sanciones

Todos los propietarios de las viviendas, según los requisitos que marca la Generalitat Valenciana para acceder a pisos de protección pública, deben tener unos ingresos totales de la unidad familiar que no superen 6,5 veces el Iprem anual (54.600 euros, actualmente) y ninguno de esos miembros de la unidad familiar puede ser propietario de pleno derecho de otra vivienda en territorio nacional, con el objetivo, sobre el papel, de que los pisos de protección se asignen a aquellos que no tienen otras opciones habitacionales.

Si se desvelasen irregularidades en el proceso, se podrían imponer sanciones que irían hasta los 30.000 euros, según refleja la Ley 8/2004, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana. Esa norma, actualizada por última vez en mayo de 2025, recoge una serie de infracciones, que van desde las leves a las muy graves, con su correspondiente sanción económica, que irían desde los 150 a los 30.000 euros.

Entre las infracciones que se recogen, y que podrían estar en la lupa tras la polémica surgida, está el "acceso a viviendas de protección pública cuando se superen los límites de ingresos". También podrían estar bajo sospecha otras posibles actuaciones, también incluidas entre las infracciones de la ley autonómica, como "falsear las condiciones personales, familiares o económicas en las declaraciones o documentación exigidas, así como no destinar a domicilio habitual y permanente, o mantener deshabitadas sin causa justificada durante un plazo superior a tres meses, las viviendas de protección pública".

Todas ellas se encuentran tipificadas como infracciones muy graves, por lo que de aplicarse en algún caso la sanción iría entre los 3.000 y los 30.000 euros.

Suscríbete para seguir leyendo