Plataforma per la Llengua denuncia discriminación lingüística a una paciente de salud mental en Barcelona

Plataforma per la Llengua ha denunciado un presunto caso de discriminación lingüística contra una paciente de salud mental que pidió ser atendida en catalán en un centro sanitario de Barcelona. Los hechos se remontan a febrero de 2024, cuando la mujer, que acababa de sufrir una crisis suicida, fue derivada por la sanidad pública al Hospital de Dia Còrsega, gestionado por la Fundación CPB, para valorar su ingreso en un programa terapéutico específico.

Según la entidad, una psiquiatra del centro se negó a garantizar que el tratamiento se realizara íntegramente en catalán. El centro, por su parte, sostiene que la atención prestada se ajustó en todo momento a sus "principios de disponibilidad lingüística", tal como ha señalado en respuesta a la ACN.

Plataforma per la Llengua ha hecho público ahora el caso junto con varios audios en los que se escucha a personal del centro explicar las dificultades para garantizar la atención en catalán pese a las reiteradas peticiones de la paciente. Según la organización, el Departament de Salut ya ha sancionado al centro con una multa de algo más de 3.000 euros, una cuantía que consideran insuficiente. La afectada ha presentado además una reclamación de 30.000 euros al CatSalut en concepto de daños y perjuicios.

Desde el Departament de Salut evitan pronunciarse sobre el fondo del asunto. Preguntados por la ACN, se limitan a señalar que no comentan "un caso anónimo publicado en redes" y que la queja será atendida por los canales habituales de reclamación.

La comunicación como pilar terapéutico

Desde la Fundación CPB subrayan que la comunicación es un elemento "esencial" de la calidad asistencial y recuerdan que el centro dispone de un Plan de Gestión Lingüística, integrado en su sistema estratégico y en su Código Ético. El plan establece el catalán como lengua vehicular y persigue que los pacientes puedan expresarse "en la lengua en la que se sientan más cómodos", con el objetivo de reforzar la confianza y el vínculo terapéutico.

En el caso concreto denunciado, la fundación asegura que la psiquiatra de referencia atendió "siempre" a la paciente en catalán y que "nunca" se le negó este derecho. Añade que, para garantizar su bienestar y una correcta vinculación al tratamiento, se le ofreció de forma proactiva la posibilidad de continuar la terapia en otro dispositivo de la fundación con el mismo programa, donde, según el centro, la paciente presentó una evolución favorable.

El relato de los hechos

Según Plataforma per la Llengua, el 27 de febrero de 2024 la paciente solicitó que las sesiones individuales se realizaran íntegramente en catalán. Dos días después, en su primera cita con el personal de enfermería, fue atendida en castellano. A principios de marzo, siempre según la entidad, la psiquiatra le comunicó que no podía obligar a los profesionales a hablar en catalán y le pidió que "dejara de lado" su opción lingüística si quería continuar el tratamiento.

El 7 de marzo, la paciente fue informada por teléfono de que la terapia se llevaría a cabo en la lengua que prefirieran los profesionales. Días después, el 12 de marzo, la doctora le confirmó esta posición, le indicó que podía presentar una reclamación si no estaba de acuerdo y, según denuncia la entidad, emitió un informe de alta en el que se hacía constar que la paciente había decidido no iniciar el tratamiento, una versión que la afectada niega.

En algunos de los audios difundidos se escucha cómo personal del centro justifica que no puede garantizarse una atención íntegramente en catalán durante todo el tratamiento. En uno de los fragmentos, se insta a la paciente a elegir entre iniciar la terapia en las condiciones planteadas por los profesionales o renunciar a ella. "Es un baño de realidad", se oye decir a uno de los interlocutores al advertir de que no todo el equipo podrá dirigirse a ella en catalán.

Las consecuencias

Tras lo ocurrido, la paciente acudió a Plataforma per la Llengua, que presentó una reclamación ante Salut en junio de 2024. En noviembre, la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria resolvió el expediente sancionador e impuso una multa de 3.006 euros a la Fundación Privada CPB Servicios de Salud Mental.

También se pidió la intervención del Col·legi de Metges de Barcelona, que archivó el expediente al no apreciar indicios de mala praxis ni vulneración de las obligaciones deontológicas. El colegio sí recomendó al centro "velar" para que la terapia grupal pueda desarrollarse respetando la lengua materna de los pacientes, aunque precisó que no le corresponde determinar la organización interna de los servicios sanitarios.