Unos 150.000 migrantes podrían beneficiarse de la regularización extraordinaria en Catalunya: "Nos da mucha esperanza"

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha asegurado este miércoles que la regularización extraordinaria aprobada este miércoles por el Gobierno de España en acuerdo con Podemos podría benefificiar a unas 150.000 personas en Catalunya. La consellera ha valorado "muy positivamente" la medida y ha asegurado que es un "paso fundamental" para garantizar derechos de muchos "vecinos y vecinas de Catalunya que no pueden trabajar". Es una estimación que se queda algo corta en comparación con otras a las que remiten fuentes de la organización Regularización Ya, que elevan el número de posibles beneficiarios hasta los 200.000. De hecho, en diciembre de 2024, David Moya, director general de Migracions i Refugi, calculó que unas 190.000 personas residían sin papeles en Catalunya.

Detrás de este baile de cifras se encuentran personas como Carla Trujillo y su familia, que llegaron en 2023 con su marido y sus dos hijos a Barcelona, y que hasta este plan de regularización guardaba pocas esperanzas de poder afianzar su situación administrativa. "Al principio pensé que era demasiado bueno, que no era verdad", explica esta mujer oriunda de Cochabamba (Bolivia). "Estamos muy contentos, es una esperanza para nosotros", resume.

Carla Trujillo, que llegó en 2023 con su pareja y dos hijos, espera tener los papeles para poder ejercer su título de Ingeniera Financiera

A pesar de llevar más de dos años en España, no habían podido solucionar su situación administrativa: "Necesitábamos un contrato de trabajo y como no teníamos 'papeles' no nos lo querían hacer", relata Trujillo en un perfecto catalán que ha aprendido gracias a los cursos del Consorci de Normalització Lingüística.

Las consecuencias de no estar en regla en España son muchas. El marido de Trujillo, por ejemplo, ha tenido que trabajar en negro estos años para sustentar a la familia. "Sin un permiso de trabajo, a veces tienes que trabajar más horas de lo habitual, y el salario a veces no es justo", explica.

Trabajo en negro, con más horas y menos sueldo de lo legal son situaciones comunes entre migrantes sin papeles

La situación residencial de la familia tampoco ha sido sencilla. "Cuando llegamos vivimos –los cuatro– en una habitación de alquiler durante un año", explica. "Es muy complicado como familia compartir la casa con otras personas", lamenta Trujillo, que recuerda alargar al máximo el tiempo que paseaban en el parque o paseando para no tener que estar en casa. "La vida del inmigrante es un poco dura", resume.

Por suerte, y aunque admite que no es una situación que se repita demasiado entre las familias migradas, conocieron a una persona a través de Càritas que les permitió acceder a un piso. Fue un paso crucial para estabilizar su situación. Con la regularización, a la que confían poder optar sin demasiado problema, Trujillo espera poder echar mano de su título de Ingeniera Financiera, que hasta ahora no ha podido usar. "Yo solo quiero eso, trabajar", sentencia.

Si todo sigue según lo previsto, cerca de 200.000 personas como Trujillo podrán beneficiarse en Catalunya de la regularización extraordinaria en Catalunya. Bastará con que demuestren que no tienen antecedentes, o que han demandado asilo político, haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y que en el momento de la solicitud hayan pasado ya más de cinco meses residiendo en territorio español.

Las personas que presenten la solicitud, que solo requiere pruebas "válidas en derecho" como facturas o certificados de visitas médicas, tendrán un año de permiso para trabajar y residir en todo el territorio estatal. En Catalunya, Martínez Bravo ha anunciado también que a partir de la semana que viene se reunirá con entidades sociales y del mundo local para "coordinarse" y procurar que las personas que quieran acogerse a la medida lo hagan "con garantías".

840.000 personas en España

En el conjunto del Estado, un estudio presentado este mismo lunes por el 'think tank' FUNCAS, vinculado a la Obra Social de la CECA (asociación de cajas de ahorros y bancos), cifró en 840.000 las personas en situación irregular, lo que representaría el 17,2% de la población extranjera procedente de países no comunitarios. Este estudio apunta también a que el 91% de las personas en esta situación son de nacionalidad americana, sobre todo de Colombia, Perú y Honduras.

El trabajo detecta un crecimiento sostenido del número de inmigrantes que buscan regularizar su situación: en 2017, calcularon que había unos 107.409. Sea como fuere, este estudio vuelve a ser una estimación basada en la diferencia entre los datos de la Estadística continua de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) junto con datos del Observatorio Permanente de la Inmigración y varios macrodatos europeos.

El 'think tank' FUNCAS cifra en unas 840.000 los inmigrantes residentes en España en situación irregular

Durante la presentación del real decreto, que se anunció en un acto celebrado por Podemos en Madrid este pasado lunes, la formación lila cifró en unas 500.000 personas las que se iban a beneficiar del que es el séptimo plan de regularización extraordinaria desde la Transición, una cifra que Regularización Ya, una de las principales impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular, eleva hasta las 700.000.

550.000 personas atendidas

Las voces de Regularización Ya recuerdan que "es muy difícil" aproximar alguna cifra certera sobre la situación porque, precisamente, medidas como la regularización son las que buscan dimensionar estos fenómenos. Por eso, antes de aplicar la medida, son valiosas las aportaciones que hacen a este respecto las entidades del Tercer Sector, que suelen trabajar con personas que todavía no han conseguido papeles.

En el caso de Càritas, por ejemplo, el 47% de las personas a las que la institución acompañó a nivel estatal el 2024 se encontraban en situación administrativa irregular. Son aproximadamente unas 550.000 personas, una cifra que no deja de crecer desde 2019, según apuntan desde la organización. En Catalunya, el 44% de las personas atendidas por la entidad no tenían papeles, lo que representa a unas 100.000 personas.

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