El tercer sector y la Iglesia celebran la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno

La aprobación este martes de la regularización extraordinaria de todos aquellos migrantes sin antecedentes y que puedan aportar pruebas de residencia en España durante cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 ha sido celebrado por las casi un millar de organizaciones de diferente índole -desde la Iglesia pasando por entidades del Tercer Sector o plataformas activistas- que hace cuatro años impulsaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en este sentido y que se desbloqueó el pasado mes de mayo tras 13 meses en el tintero. El Gobierno ha pactado con Podemos adoptar la medida vía real decreto, lo que evitará que tenga que ser debatida en el Congreso de los Diputados. Así, a partir del mes de abril, según ha anunciado la Ministra de Inclusión y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, los inmigrantes que lo soliciten tendrán un año de permiso de residencia y trabajo.

Para el Movimiento Estatal Regularización Ya, el acuerdo es "un paso decisivo hacia el reconocimiento de los derechos de miles de personas migrantes" y es fruto de las "reuniones y labores de incidencia política" que han mantenido estos últimos meses. Además, los activistas elevan la previsión de Podemos y del Gobierno y aseguran que la medida podría beneficiar a 700.000 personas. Para Regularización Ya, la decisión del Ejecutivo es especialmente relevante porque se da "en un contexto internacional marcado por el recrudecimiento de las políticas migratorias, el cierre de fronteras". La organización también resalta que el Gobierno haya sacado adelante la iniciativa vía decreto "demostrando que era posible aprobar esta medida sin dilaciones ni bloqueos políticos".

El único punto negativo, apunta el portavoz de la asociación Lamine Sarr en conversación con EL PERIÓDICO es la ventana de tiempo de 3 meses –entre el mes de abril y el 30 de junio de este año–, que tendrán las personas migrantes para acreditar los requisitos que solicita el Gobierno. "A veces necesitas un poco más de tiempo, sobre todo si necesitas tramitar papeles de otros países también", denuncia, sin quitar mérito a la ambición de la medida. "Puede abarcar a mucha gente que está en la desesperanza y no pueden acceder al mercado laboral", resume Sarr.

"Puede abarcar a mucha gente que está en la desesperanza", asegura el portavoz de Regularización Ya, Lamine Sarr

Además de activistas como los de Regularización Ya, muchas de las entidades que redactaron la ILP, que sumó más de 600.000 firmas, eran de la Iglesia. Es el caso de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas e incluso la propia Conferencia Episcopal Española. Su presidente, monseñor Luis Argüello, ha subrayado que la regularización "es un reconocimiento de la dignidad humana y una oportunidad para colaborar en el bien común". Argüello ha querido reconocer el trabajo de las organizaciones que impulsaron la ILP. "Con algunas tenemos formas diferentes de vivir y de pensar, pero hemos confluido" en la necesidad de impulsar la regularización, ha asegurado.

Oportunidad política

Argüello, eso sí, ha valorado que si esta medida no se ha aprobado hasta ahora es "porque quizá hay un momento de oportunidad política que lo favorezca". Es una clara alusión al reposicionamiento de Podemos, que esta martes ha abierto la puerta a considerar el traspaso de competencias de inmigración a Catalunya, que hasta ahora rechazaban frontalmente. Argüello también ha apuntado que "el desafío de la integración de los inmigrantes continúa con retos de integración cultural y con la necesidad de regular los flujos migratorios en nuestro Estado", algo que, ha afirmado, "será muy difícil de hacer" sin un acuerdo a nivel europeo.

"El desafío de la integración de los inmigrantes continúa" y requiere un acuerdo a nivel europeo, apunta el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello

Desde Catalunya, la Taula del Tercer Sector también ha valorado positivamente la medida ya que es "fundamental para reducir la pobreza y la exclusión social" de estas personas, ha asegurado la vicepresidenta de políticas sociales de la entidad, Natàlia Valenzuela. Ha recordado que prácticamente "el 43% de las personas que no tienen nacionalidad española" y viven en Catalunya están en riesgo de pobreza. Es un porcentaje que, en el caso de las personas que sí tienen la nacionalidad española, cae hasta el 17%, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Idescat.

El 43% de las personas que no tienen nacionalidad española y viven en Catalunya están en riesgo de pobreza, según datos del Idescat

Pese a todo, Valenzuela ha lamentado que "la mayoría de personas que lleguen" a partir de ahora a España "seguirán encontrándose un sistema de extranjería muy rígido, burocrático y que los mantiene en una situación de pobreza y exclusión crónica".

La representante de la Taula del Tercer Sector también ha puesto el acento en la necesidad de que la inclusión social vaya "más allá del acceso a un trabajo regular" y que "una vida digna también requiere derechos tan básicos como el acceso a la vivienda, a la energía o a la participación social y política". En este sentido, añade Valenzuela, "el racismo todavía dificulta que muchas personas puedan ejercer sus derechos y sentirse plenamente incluidas en la sociedad".

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