La masiva movilidad de funcionarios y las vacantes dificultan la puesta en marcha de la nueva estructura judicial en Barcelona

Las reformas en la Administración nunca han sido fáciles y menos en las que atañen a la justicia. La ley de eficiencia de la justicia, que entró en vigor en abril de 2025, ha supuesto un cambio radical en la organización de los juzgados y en el mundo del Derecho. La nueva estructura judicial en la ciudad de Barcelona, con la desaparición de los juzgados unipersonales y la creación de tribunales de instancia (órgano colegiado de varios magistrados), funciona desde el 1 de enero y ha ido solventando los contratiempos sobre la marcha.

Una de las principales preocupaciones es la masiva movilidad de funcionarios. Unos 560 empleados públicos de los 2.800 que trabajan en la Ciutat de la Justícia de Barcelona se han cambiado, de forma voluntaria, de lugar de trabajo y se han ido a otro órgano judicial. Esto ha provocado que algunos de ellos se hayan incorporado a su nuevo destino sin la formación necesaria para su nueva labor. La falta de cualificación, las vacantes (unas 50, en la capital catalana) y la necesidad de cubrir las bajas son tres problemas apuntados por la presidenta del Tribunal de Instancia de Barcelona, Cristina Ferrando.

La Generalitat ya se ha puesto manos a la obra para solucionar estas deficiencias, según Iolanda Aguilar, secretaria para la Administración de Justicia, con la contratación de casi 200 interinos para la provincia y la organización en breve de cursillos rápidos para que los funcionarios puedan adaptarse a su nuevo puesto de trabajo.

La implantación de la ley de eficiencia de la justicia, que se ha realizado en tres fases durante el 2025, ha impactado en los 7.543 funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia en Catalunya. Según los datos de la Generalitat, se han creado 209 plazas, la inversión que se ha realizado en personal asciende a 9,2 millones de euros y cuatro de cada cinco funcionarios se han quedado en el puesto que ocupaban antes de la reforma. Esta cifra supone que el 20% de la plantilla, es decir 1.508 empleados públicos, ha solicitado un cambio de destino en toda la comunidad, con lo que ello comporta. "En Barcelona el traslado físico del personal se ha realizado de una manera razonablemente buena", ha señalado Ferrando, aunque el listado definitivo de esa reorganización no se tuvo hasta mediados de diciembre.

Falta de experiencia

La plaza en la que se ha registrado una mayor movilidad es la de Barcelona ciudad, donde sus órganos judiciales tramitan el 75% de los procesos judiciales registrados en Catalunya. Esos cambios de destino, las vacantes y las bajas han provocado que en algunos juzgados de la capital catalana cuenten con menos funcionarios que antes, al crearse, además, servicios comunes. Se ha dado la circunstancia que en el área de ejecución de sentencias de familia, como de divorcios o de guarda y custodia de los hijos, de los 24 funcionarios que hay solo tres tienen experiencia en esta jurisdicción, ha destacado la magistrada Ferrando. "Tenemos que formar a esos funcionarios", ha aseverado.

En Barcelona, la implantación de esta estructura se está haciendo de forma gradual. Los primeros en aplicarla son los juzgados contenciosos, los mercantiles, que ya trabajaban de forma colegial y coordinada, y los de familia, y después se extenderán al resto de jurisdicciones, como la civil. La penal será la última por su complejidad y por la falta de digitalización de los expedientes, labor que se espera que esté finalizada en 2027

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha asegurado que "es una evidencia" que la justicia necesita una reforma en profundidad, pues "no basta con medidas puntuales", y ha precisado que para superar el colapso del sistema y hacerlo más eficaz se necesitan recursos materiales y humanos, en concreto más jueces, y tiempo para que los cambios "vayan aterrizando". El conseller ha destacado "la colaboración leal" que ha habido entre Administraciones, el poder judicial y los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales para que la nueva estructura judicial empiece andar. El objetivo prioritario ha precisado, ha sido que esta implantación no afectara a los usuarios de la justicia. Además, ha subrayado que se está trabajando en la llegada de nuevos jueces a Catalunya y que "en breve podremos dar noticias positivas en este sentido". Ferrando ha asegurado al respecto que, en la actualidad, "seguimos siendo los mismos jueces que antes y con los mismos asuntos. Estamos tramitando el máximo de casos y sentencias que se pueden hacer".

Para poner en funcionamiento esta nueva estructura, aparte de la reorganización de la plantilla, ha sido necesaria la adecuación de los espacios judiciales (1.626 metros cuadrados reformados en Catalunya y la renovación de mobiliario en 30 edificios, con una inversión de 408.000 euros), la instalación de nuevos equipamientos tecnológicos, la señalización (más de 2.000 rótulos) y la logística, con 53 kilómetros lineales de papel reorganizado. También se ha avanzado en la digitalización de los expedientes, destruyéndose 344.748 kilos de papel, un 28,3% más que el año pasado y se han realizado cursos de formación. El coste global de todos estos trabajos ha ascendido a 13,7 millones de euros, de los que 9,2 millones se han destinado a personal y 2,2 millones a las nuevas tecnologías.

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