La Guardia Civil destapa una trama corrupta en un vertedero de Osona que contaminó y evadió impuestos

Un vertedero pensado para escombros de la construcción recibió supuestamente toneladas de basura que no estaba autorizado a gestionar en el interior de Catalunya. Este es el epicentro de una presunta red delictiva formada por cargos públicos, empresarios y funcionarios, dedicada a maximizar beneficios adulterando documentación y eludiendo el pago de impuestos por la deposición de residuos.

La Guardia Civil lo concluye así en un atestado de 501 páginas, al que EL PERIÓDICO ha tenido acceso. Condensa una investigación sobre daños medioambientales y corruptelas iniciada en 2019 en torno al depósito de Fitó, situado en terrenos de una cantera de Seva (Osona) y al borde de la C-17, a unos 16 kilómetros de Vic.

Las pesquisas se fundamentan en un repertorio amplio de escuchas telefónicas, seguimientos policiales, inspecciones, documentación intervenida en registros y análisis de laboratorio. Las averiguaciones han desvelado que los gestores del Fitó han tolerado presuntamente la "entrada abundante de todo tipo de residuos que no deberían aceptarse" para rellenar el basurero. "Supone un riesgo directo de contaminación del suelo, el agua y el aire", según el informe de la unidad en Barcelona del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

Fraude con el canon

En paralelo, los investigadores estiman que la Generalitat habría dejado de recaudar más de 600.000 euros por el fraude con el canon de eliminación de desechos. Supuestamente se estafó mediante falsificaciones que enmascaraban la actividad real en la parcela de Seva.

Las pesquisas apuntan a que la Generalitat dejó de ingresar más de 600.000 euros en tributos

La Guardia Civil ha remitido el dictamen con sus conclusiones al juzgado de instrucción número 1 de Vic, que indaga en las presuntas irregularidades. Sus agentes han propuesto a la jueza que cite como investigadas a 14 personas, incluidos dos exalcaldes de Seva. Son Josep Palmarola (CiU), al frente del ayuntamiento entre 1979 y 2011, y Francesc Xavier Rierola (ERC), que ostentó la alcaldía entre 2015 y 2019.

Rierola ejerce ahora como teniente de alcalde de Urbanismo. El Seprona sostiene que, "indiciariamente", "autoridades y funcionarios municipales habrían estado encubriendo una trama de supuesta corrupción" en el Fitó. El cuerpo postula que tanto el vertedero como la pedrera son ilegales, al no ajustarse al plan general urbanístico de la localidad y situarse a menos de un kilómetro de núcleos habitados.

Entre los propuestos a ser imputados también figura el director de infraestructuras de la Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Simó, y el jefe de inspecciones de este órgano dependiente de la Generalitat, Jordi Minguell, así como un inspector del mismo ente. Josep Maria Tost, exdirector de la ARC, consta como investigado desde 2024. La lista la completan la secretaria y la exarquitecta municipal de Seva; el gerente del vertedero, Jordi Cornadó Mateu, a quien la Guardia Civil detuvo en octubre de 2024; trabajadores de la instalación y socios de la empresa que la explota, Restauracions Ambientals Catalanes (RAC).

El 20% de la mercantil está en manos del ayuntamiento de Seva y casi el 80% pertenece a GR21 Ambiental, en la que participa la sociedad Admira Inversores, cuya administradora única es la esposa de Palmarola. El Seprona infiere que los incumplimientos en el depósito “reportan grandes beneficios económicos a todos los socios” de RAC.

Se analiza si la firma de la exarquitecta municipal fue falsificada en un certificado propicio a los intereses del exalcalde Palmarola

Uno de los hechos en que se escruta es si la firma de la exarquitecta del consistorio se falseó en un certificado que avalaba ampliar la cantera de Fitó para luego instalar el vertedero. El supuesto plagio habría facilitado a Palmarola "obtener futuros beneficios particulares", sospechan los agentes. Fuentes consultadas de RAC niegan esa y otras posibles irregularidades. Defienden que se ciñen a la autorización.

Suciedad en un torrente

El vertedero de Fitó solo está capacitado para asumir escombros inertes; es decir, que no se descompongan. Así, se admiten rocas, cerámicas, ladrillos, tejas, cemento u hormigón. No obstante, sí se generaron lixiviados, fluidos tóxicos derivados de la "permisividad" y la "negligencia" en la "entrada continua convenida" de residuos peligrosos y no peligrosos, apunta la Guardia Civil. Acabaron infiltrándose en aguas subterráneas y al cercano torrente de Vall-llossera.

A raíz de unas denuncias, el Seprona se percató de que el torrente se inundaba de líquido contaminante, con un color amarillo verdoso con olor fuerte a huevos podridos y que se dirigía hacia el río Congost. Aún más, descubrió que la sustancia se lanzaba a propósito: un empleado abría un grifo en el depósito por la tarde y no se cerraba hasta la mañana siguiente, sin una depuración previa efectiva.

Aparte, los agentes del cuerpo y los inspectores encargados de supervisar la instalación se toparon con una alta cantidad de basura ajena a la permitida en numerosas ocasiones entre 2019 y 2024. Se enterraba "sin las medidas de seguridad adecuadas", dice el Seprona. También fue testigo del trajín de camiones que acudía a Seva para descargar escombros mezclados con más o menos cantidad de maderas, plásticos, yesos, metales, pladur, envases contaminados y restos de vegetación, incompatibles con la licencia. Se registraban falsamente con el código propio de escombros limpios de obra.

En el depósito se hallaron maderas, plásticos, metales, envases contaminados y restos de vegetación, incompatibles con la licencia

Además, el cuerpo cuestiona que se admitiesen escorias producidas en la incineradora de Tersa, que calcina basura del área metropolitana de Barcelona. Esos residuos ingresaban en el depósito de Osona clasificados como "tierras".

La Guardia Civil acusa a los responsables del Fitó de actuar en complicidad con otras empresas para depositar residuos indebidos. Lo hacían supuestamente "explicando cómo deben de introducirse ocultos en otros para no ser descubiertos, con documentaciones falsas que no reflejan claramente el residuo que se permite verter".

'Modus operandi'

El atestado expone que la trama muestra "una manera de actuar organizada y deliberada para ocultar residuos ilegales dentro del vertedero", con una manipulación "continuada” para recabar "beneficios ilegales". Uno de los propósitos sería ofrecer costes más baratos a las empresas, que se habrían ahorrado un gravamen de 10 a 15 euros por tonelada al no transportar los desechos a los depósitos adecuados. Camuflados como escombros en Seva, el tributo se reducía a tres euros por tonelada.

Responsables del Fitó explicaban cómo ocultar la carga ilegal y entraban camiones de los que no quedaba registro para ahorrarse el gravamen

La Guardia Civil advierte que "muchos camiones" que llegaban al Pinós "no se contabilizaban para evadir el impuesto". También detecta que "el gestor cobra al productor un precio por la gestión de residuos que no acaba haciendo, pero sí que le certifica falsamente esa gestión".

Aparte, destaca que el basurero "ha registrado la entrada de grandes volúmenes de residuos que, en realidad, nunca fueron depositados en sus instalaciones". Los agentes creen que, de ese modo, se esquivaba el canon y se confeccionaba documentación ficticia para esconder que hubo desperdicios que, al parecer, se arrojaron en suelo agrícola y otros no controlados.

Presunta organización criminal

El Seprona engloba a los 14 señalados en su informe en una pretendida organización criminal. Se le atribuyen delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la Hacienda Pública y la ordenación del territorio y el urbanismo, a lo que se suma falsedad documental y prevaricación.

Las indagaciones se originaron por dos percances. En 2019, tres trabajadores de la cantera anexa se intoxicaron con los lixiviados y fueron hospitalizados. En enero de 2020, el temporal Gloria anegó el fondo del basurero. El Instituto Nacional de Toxicología comprobó que la sustancia presentaba “concentraciones elevadas de sulfuros y metano”. Una muestra que la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) tomó por las mismas fechas reveló una "contaminación con valores muy por encima de lo permitido". Esas anomalías alertaron a la Guardia Civil y acabaron por destapar las posibles infracciones.

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