Una autopista bajo presión
El mantenimiento de la AP-7, en el punto de mira tras el accidente de Gelida
El incremento del tráfico tras la liberación de los peajes ha disparado el uso de la vía, el desgaste y la necesidad de inversiones
La AP-7 no reabrirá al tráfico al menos hasta este sábado
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El carril inhabilitado en la AP-7, en Gelida, justo sobre el punto en el que ha descarrilado el tren de Rodalies / JORDI OTIX

El fallo del muro de contención entre la AP-7 y las vías de Rodalies ocurrido justo cuando pasaba el tren de la R4 de Rodalies accidentado en Gelida ha vuelto a situar en el centro del debate el estado del mantenimiento también de las infraestructuras viarias y la falta de inversiones acumulada en los últimos años.
“Que un muro caiga sin avisar es poco habitual, ya que las estructuras suelen ir mostrando síntomas con antelación”, explica a EL PERIÓDICO Néstor Rubiralta, ingeniero geológico y vocal del Col·legi d'Enginyers. Según detalla, desviaciones, movimientos o fisuras se detectan a través de las inspecciones periódicas que forman parte del mantenimiento ordinario de este tipo de infraestructuras. “Cuando en estas revisiones se observa algún problema, existen actuaciones preventivas y correctoras para evitar que el deterioro vaya a más”, añade.
"El asfalto se degrada mucho más con los vehículos pesados. Hay muchos más porque la autopista es gratuita, pero se asfalta con mucha menos frecuencia"
En la AP-7 ocurre que tras la eliminación de los peajes, ha aumentado el tráfico pesado y con ello el desgaste de la vía. “Tenemos muchas estructuras y su conservación requiere planificación, inversión y recursos continuados. Forma parte de las políticas públicas, pero su alcance depende del presupuesto que se destine en cada momento”, apunta. El riesgo, advierte, se incrementa cuando las incidencias afectan a infraestructuras críticas. “En una vía como la AP-7, cualquier fallo puede tener un impacto directo sobre miles de personas, tanto en términos de seguridad como sobre la actividad económica del país”, remarca.
Desde el RACC, Josep Mateu reclama plantearse el traspaso de la titularidad de las autopistas
En esta línea, el presidente del RACC, Josep Mateu, considera que el actual escenario obliga a replantear el modelo de gestión. “Es hora de plantearse el traspaso de la titularidad de las autopistas, como se hizo en su momento en el País Vasco o como se está haciendo ahora en Navarra, así como una gestión integral”, defiende. Mateu alerta de que la falta de inversiones que arrastra la red viaria desde hace años, sumada al incremento de la movilidad, “dibuja un escenario que pone en riesgo la seguridad de las personas”. Por ello, reclama una mayor inversión y una gestión más próxima al territorio, que permita a la Generalitat asumir la gestión integral de toda la red viaria.
Menor mantenimiento
Desde dentro del propio sistema de conservación, Jordi Selva, responsable de control de carreteras de CCOO en la AP-7 y operario de mantenimiento, asegura que en toda la AP7 “el asfalto se degrada mucho más con los vehículos pesados. Hay muchos más porque la autopista es gratuita, pero se asfalta con mucha menos frecuencia”, añade. Además, advierte, “antes se señalizaban todos los vehículos detenidos para evitar nuevos accidentes. Ahora tenemos tramos muy largos con muy poca gente vigilando”.
Aunque se siguen realizando tareas de mantenimiento —como la sustitución de señales, reparaciones puntuales del firme o revisiones periódicas de taludes y puentes—, Selva insiste en que los recursos actuales son insuficientes. El incremento de accidentes, sobre todo con camiones implicados, obliga a renovar con mayor frecuencia las barreras de seguridad, que suelen repararse con rapidez al estar cubiertas por las aseguradoras. Sin embargo, las campañas de asfaltado requieren inversiones mucho más elevadas. “El dinero tiene que salir de algún sitio. Los vehículos pesados son los que más desgastan el asfalto, que es lo más caro, y ahora los camiones circulan gratis a costa del presupuesto público”, argumenta, defendiendo la implantación de un peaje blando o selectivo destinado exclusivamente al mantenimiento.
Fin de las concesiones
El fin de las concesiones de mantenimiento actuales finaliza después del próximo verano. Ya en agosto de 2021, pocos días antes del fin de los peajes, el entonces vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, reclamó al Gobierno central el traspaso de todas las competencias en materia de carreteras a Catalunya para poder implantar un sistema de viñeta una vez finalizadas las concesiones que asegurara el mantenimiento de las infraestructuras.
La Generalitat ha planteado en algún momento implantar un sistema de viñeta; para ello debería ser titular de la infraestructura
Los peajes se levantaron y cambiaron las condiciones de uso de la AP-7, aumentando la presión del tráfico pesado en especial sobre los puntos más vulnerables, como puentes y taludes, lo que exige mayores esfuerzos de mantenimiento para garantizar la seguridad vial, tal como señalan los expertos.
Ante la necesidad de reforzar tanto el mantenimiento viario como el transporte público, recientemente el Govern ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de implantar la viñeta, una medida que requeriría ser titular de la infraestructura. Recientemente el secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, se mostraba favorable a encontrar nuevas fuentes de recursos o vías para financiar el transporte público, al igual que lo hace Francia, con gravámenes “sobre la gasolina, sobre el inmobiliario o los vehículos que circulan en las autopistas”, remitiéndose en este caso a la viñeta.
El primer traspaso de autopistas a la Generalitat se produjo en 1995, con la C-33 y la C-32 Norte. Más recientemente, el 13 de enero, el Govern aprobó el cambio de titularidad del tramo de la B-23 entre Barcelona y Sant Feliu de Llobregat, a la espera de que el Estado formalice el traspaso mediante un real decreto. En lo que respecta al resto, por el momento Gobierno y Generalitat continúan pactando encomiendas de gestión para que la Administración catalana pueda ejecutar obras en infraestructuras de titularidad estatal.
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