Caso Cellex
Las sobrinas de Pere Mir acusan a los albaceas de esconder una renta vitalicia de 28.000 euros al mes
Las dos mujeres afirman ante la juez que supieron de la donación cuando la Generalitat les reclamó los impuestos, cuatro años después del fallecimiento del empresario
La jueza del caso Cellex investiga al menos 16 operaciones de los albaceas de Pere Mir

Fermín Morales, el abogado de las sobrinas de Pere Mir, y un letrado de su despacho, saliendo de la Ciutat de la Justícia de Barcelona. / Norma Vidal / ACN / ACN

Dos sobrinas del industrial y mecenas Pere Mir, impulsor de la fundación Cellex, de apoyo a la investigación científica y biomédica, han sostenido este miércoles que, desde 2017 –cuando falleció el empresario– y hasta 2020, los albaceas testamentarios ocultaron que su tío les había dejado una renta vitalicia de 14.000 euros al mes para cada una, según las fuentes jurídicas consultadas. Las dos mujeres, que ejercen la acusación a través del abogado Fermín Morales, han precisado que se enteraron de la existencia de esa pensión para toda la vida cuando la Generalitat les reclamó el impuesto de sucesiones y donaciones. Maria Cristina y Maria Teresa Pàmias, de la rama familiar de la esposa de Mir (Núria Pàmias), mantienen que no habían percibido ni un solo euro. Tras entablar negociaciones, las dos testigos recibieron al cabo de un tiempo 360.000 euros cada una y en 2023 otros 84.000 para las dos, pagos que no cubren ni de lejos la cuantía de la renta vitalicia y aún más teniendo en cuenta que deberían seguir cobrándola.
En este proceso judicial del Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona, cuya titular es Myriam Linage, están imputadas cinco personas, entre ellas los tres albaceas del industrial: Jordi Segarra Pijuan (quien fue la mano derecha del mecenas); el abogado Juan Francisco Capellas Cabanes y el médico e investigador Josep Tabernero Caturla (jefe de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron y director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia).
Intervención judicial
Estos tres acusados sostuvieron ante la jueza que habían seguido las instrucciones del empresario y filántropo, aunque los Mossos y la magistrada consideran que los imputados se habían apropiado de parte de la herencia y la habían usado para fines personales, cuando los fondos deberían haber sido destinados a Cellex y a la fundación Mir Puig. Las dos entidades se encuentran intervenidas judicialmente y en la actualidad están en manos del Patronat de Fundaciones de la Generalitat. La togada estima que el perjuicio ha ascendido a 6,2 millones de euros.
La voluntad de Pere Mir era que sus dos sobrinas tuvieran esa renta vitalicia para que pudieran vivir desahogadamente. Estos fondos deberían proceder de la mercantil Sociedad Anónima de Intereses (también intervenida judicialmente y administrada por el imputado Jordi Segarra), que en 2018 contaba con nueve millones y medio de euros para este menester. Esta sociedad está vinculada a un entramado de fundaciones creadas por el industrial en Panamá y que son las tenedoras de acciones de varias empresas españolas. Las dos testigos han expresado que lo único que pretenden es que "se cumpla la voluntad" de su tío. La defensa de los imputados esgrime que las sobrinas del mecenas no solo han percibido 804.000 euros, sino que están cobrando por la venta de unas acciones.
Joyas desaparecidas
Una de las incógnitas que los investigadores pretenden esclarecer es dónde están las joyas y la colección de relojes del matrimonio de Pere Mir y Núria Pàmias. Estas alhajas no fueron incluidas en el inventario de la herencia que acabó recibiendo la fundación Cellex. Su valor sería de más de 2,1 millones de euros. "Se desconoce su destino", precisan los Mossos y la jueza. La policía está indagando si las joyas incautadas a los albaceas imputados en las entradas y registros corresponden a las desaparecidas. Las dos sobrinas han admitido que recibieron algunas, pero que no eran todas, ni las más valiosas.
Los tres albaceas de Pere Mir imputados han declarado ante la jueza que se limitaron a seguir la voluntad que le transmitió Pere Mir, sin causar ningún perjuicio a Cellex, aunque uno de ellos, Jordi Segarra, se comprometió a devolver los autopréstamos que se había concedido por valor de tres millones de euros. La jueza subraya en el auto de intervención judicial de Cellex, la fundación Mir Puig y de cuatro sociedades que las personas investigadas actuaron "en su propio interés" o de terceros y "han desviado o retenido bienes que deberían haber sido entregados a las fundaciones beneficiarias como herederas del patrimonio" del matrimonio de Pere Mir y de su mujer.
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