Equipos de la DGAIA denuncian procesos improvisados y directrices poco claras: "No se está protegiendo a muchos de los niños"

Cuatro trabajadores de los Equipos de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (EAIA), las unidades de intervención básica que dependen de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància de Catalunya (DGPPIA, la antigua DGAIA), han comparecido por primera vez en la comisión de investigación de la actividad del sistema de protección de menores catalán, que busca arrojar luz sobre las distintas irregularidades que se detectaron el año pasado, empezando por el caso de la menor de 12 años que fue violada y prostituida mientras estaba bajo guarda de la DGAIA y siguiendo por los problemas con las prestaciones a extutelados. En su comparecencia, los trabajadores, que pertenecen a los equipos de L'Hospitalet de Llobregat y del Alt Empordà, han pedido una mayor coordinación y homogeneización de los procesos y más recursos para poder ofrecer una protección efectiva a los menores que atienden.

"Somos piezas clave del sistema de protección, pero tenemos pocos espacios para compartir nuestra experiencia" con la DGPPIA, ha denunciado Carme Fernández, jefa de los equipos de L'Hospitalet. Fernández asegura que los equipos de primera línea "están muy sobrecargados, muy exigidos y cuentan con recursos insuficientes y poco reconocimiento social". "La dotación actual no cubre el coste total del servicio y, en muchos casos, tampoco los sueldos", ha lamentado.

Profesionales de los EAIA alertan de los límites de judicializar el desamparo de menores

Fernández también ha criticado la falta de un plan formal para la atención de los menores, cosa que resulta en "demasiados procesos de urgencia" y un papel demasiado presente de la iniciativa individual de los trabajadores para evitar desatenciones. Ha coincidido con su diagnóstico Esther Pujol, del EAIA del Alt Empordà, que ha recordado que las bases de actuación de la DGPPIA siguen estando ligadas a una ley del 2010 y a un decreto que no se aprobó hasta 2022. "Algunas directrices cambian sin que se nos avise", ha asegurado Pujol, que ha denunciado que la falta generalizada de recursos comporta "que no se protejan de manera efectiva a muchos de los niños que atendemos".

En casos extremos, según ha explicado la técnica, se producen "fugas de [adolescentes de] los recursos asistenciales" que muchas veces no pueden ser tratados adecuadamente. "Hay que establecer espacios de trabajo entre los equipos y la DGPPIA para poder pensar" cómo aplacar esta problemática, ha defendido Pujol, que recuerda que "muchos adolescentes no quieren ser protegidos" y que proponer alternativas que puedan aceptar implica "un desgaste muy grande" de los profesionales.

Esther Pujol, del equipo básico del Alt Empordà, asegura que se producen "fugas de [adolescentes de] los recursos asistenciales" que muchas veces no pueden ser tratados adecuadamente

Pujol también ha reclamado la necesidad de mejorar la cooperación interdepartamental para aliviar la presión sobre los equipos básicos del sistema de protección de menores. "La protección no es solo competencia de la DGPPIA", ha defendido. "En Salut o en Educació tampoco tienen recursos suficientes, y muchas veces las madres y los padres acuden desesperados a Servicios Sociales porque ya no saben cómo cuidar a sus hijos", ha lamentado Pujol, que también ha hecho hincapié en la falta de recursos terapéuticos para los jóvenes tutelados.

Así, la sesión de la comisión de este lunes ha servido más como un altavoz para estos trabajadores que para esclarecer cuáles fueron las irregularidades de la DGAIA durante el año pasado, que culminaron con su reestructuración y su transformación en la DGPPIA. "Desde nuestro rol profesional no tenemos acceso a más información, nos enteramos por la prensa", ha asegurado Pujol, ante la pregunta de los diputados de Junts, ERC, PP, Comuns y PSC sobre la investigación en curso.

Judicialización y gestión

Los diputados también han puesto sobre la mesa diversos debates habituales sobre el trabajo de estos equipos. En concreto, han preguntado si los trabajadores creían necesaria la judicialización de los procesos de desamparo de los menores –que actualmente proponen los equipos básicos y resuelve un órgano colegiado de la DGPPIA–. "Muchas veces, las familias se oponen a nuestra actuación si no lo dicta un juez", ha explicado Pujol. Aunque, por otro lado, "los procesos son muy lentos", así que no vale la pena que la decisión pase por un juez "si no hay juzgados especializados y que puedan asumir con más diligencia estos casos", ha defendido, por su parte, Fernández.

Sobre la gestión municipal o autonómica de los equipos de atención, Pujol asegura que "lo que está claro es que lo que tenemos no funciona"

También se ha debatido sobre el hecho de que sean los municipios los que asumen la gestión de estos equipos como una competencia delegada de la Generalitat. "Lo que está claro es que lo que tenemos no funciona. O usamos equipos que dependan directamente de la Generalitat o se dota económicamente a los entes locales para que puedan desarrollar su tarea en condiciones", ha sentenciado Pujol.

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