Cerca de 500 docentes denuncian a la Generalitat por la deuda de los sexenios

Cerca de 500 docentes de toda Catalunya han presentado dos demandas judiciales contra la Generalitat para reclamar lo que consideran una "deuda salarial" derivada de la modificación del sistema de meritación de los tramos docentes o sexenios. Según ha explicado el Col.lectiu Ronda, que asesora a los afectados, el caso ha llegado al juzgado después de que el Departament d'Educació i FP haya desestimado las reclamaciones de un primer grupo de 90 profesionales y no haya respondido a las 400 reclamaciones adicionales presentadas por un segundo grupo. La Plataforma Deuda Tramos Docentes, que aglutina a los afectados, ha señalado que hay unos 30.000 perjudicados y que la deuda pendiente que la Generalitat debería pagar asciende a 240 millones de euros.

"La negativa de la Administración a atender las reclamaciones nos aboca a una vía judicial que no debería ser necesaria", lamentan los denunciantes

Los sexenios son un complemento retributivo que reconoce la experiencia docente. En su configuración original, cada uno de estos tramos docentes —hasta un máximo de cinco— permitía incrementar progresivamente el salario del personal docente, desde los 123 euros de aumento una vez alcanzado el primer tramo hasta los 698 euros mensuales que perciben los docentes que, tras un mínimo de treinta años de ejercicio, alcanzan el quinto y último tramo.

Según la Plataforma Deuda Tramos Docentes, en 2012, en un contexto de fuertes recortes presupuestarios, se estableció que este complemento, en el primer tramo, se alcanzara cada nueve años en lugar de cada seis, como se había hecho hasta entonces. "Aunque se presentó como una medida temporal, esta no ha sido revertida en Catalunya, a diferencia de lo que ha sucedido en el resto del Estado", ha afirmado.

En esta línea, han indicado que esta situación podría afectar a más de 30.000 profesionales de la enseñanza pública y generar una deuda de más de 240 millones de euros de la Generalitat con la comunidad docente en concepto de retribuciones que no se han abonado como consecuencia de los cambios en los periodos de meritación.

"La negativa de la Administración a atender las reclamaciones nos aboca a una vía judicial que no debería ser necesaria. La Generalitat ha convertido una medida excepcional en estructural, y esto es profundamente injusto", ha denunciado Mariona Torra, abogada del Col.lectiu Ronda.

La letrada ha añadido que la situación actual "atenta contra la seguridad jurídica y refleja una voluntad política de no priorizar la financiación de la educación pública". Así, ha advertido de que aunque en 2012 existía una causa objetiva para los recortes, hoy este contexto ya no existe: "La insuficiencia presupuestaria actual deriva de la voluntad política subyacente de los sucesivos gobiernos, que han optado por priorizar otros gastos y partidas presupuestarias antes que poner fin al evidente infrafinanciamiento del sistema público educativo", ha señalado.

Por su parte, la Plataforma Deuda Tramos Docentes ha advertido de que “el profesorado de Catalunya se encuentra a la cola en materia salarial de todo el Estado español” y ha señalado que acumula una pérdida de poder adquisitivo “superior al 20% desde 2009”. Además, ha lamentado que la educación catalana siga infrafinanciada, con una inversión inferior al 3% del presupuesto total, muy lejos del 6% previsto por la Ley de Educación de Catalunya.

Esta falta de recursos contribuye, según el colectivo, “a la precarización de las condiciones laborales docentes” y a la dificultad para cubrir sustituciones, con entre 400 y 600 plazas vacantes diarias sin cubrir, porque “el sector educativo público ha dejado de ser atractivo para muchos profesionales que buscan en otras actividades una mayor estabilidad y calidad de vida”.