Sanidad lleva a Ayuso a la justicia por no tener registro de objetores del aborto

La guerra entre Mónica García e Isabel Díaz Ayuso se ha saldado, por el momento, con un recurso contencioso-administrativo del Ministerio de Sanidad contra la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) porque el Ejecutivo autonómico no ha presentado el registro de médicos objetores del aborto. En su demanda, el Ministerio reclama al tribunal que ordene a Madrid crear el listado de manera cautelar, sin esperar a la sentencia, para garantizar cuanto antes la prestación en esta autonomía.

“La Comunidad de Madrid ha tenido tiempo suficiente para una cosa tan sencilla como es cumplir la ley y ha elegido no hacerlo y, cuando una administración da la espalda a las mujeres, el Gobierno tiene la obligación de actuar”, ha argumentado la ministra, quien ha recordado que Madrid es la única comunidad que no ha creado un registro de objetores "para garantizar el derecho al aborto de las madrileñas".

Es más, Ayuso ha hecho gala del incumplimiento con el argumento de que el registro es “una lista negra” de médicos contrarios a la interrupción del embarazo que ella nunca creará. “¡Váyanse a otro lado a abortar!", espetó en un debate sobre el tema en la Asamblea de Madrid.

Instrumento organizativo

En el recurso, la Abogacía del Estado indica que el registro es un instrumento organizativo y confidencial destinado a garantizar el acceso a una prestación más del Sistema Nacional de Salud, que fue incluido en la reforma de la ley del aborto para evitar que, en algunos hospitales, los servicios de ginecología, en bloque, puedan declararse objetores y que todas las pacientes sean derivadas a clínicas privadas.

Este es uno de los motivos por los que el 80% de los abortos se practican en clínicas concertadas, con grandes diferencias autonómicas. En Madrid, Andalucía y Extremadura apenas se practican interrupciones del embarazo en hospitales públicos, mientras que en Cantabria, Galicia y Catalunya una parte considerable sí se lleva a cabo en la sanidad pública.

Asimismo, el abogado del Estado defiende en el recurso el derecho a la objeción de conciencia como un derecho individual pero no absoluto, que debe armonizarse con la garantía de la prestación. A la vez, recuerda que Madrid votó a favor del acuerdo que aprobó el protocolo de creación del registro, en un Consejo Interterritorial del Sistema de Salud que se celebró en diciembre de 2024. En este sentido, solicita una medida cautelar positiva para que el Ejecutivo de Ayuso cree el registro cuanto antes, sin esperar a la sentencia, alegando perjuicios organizativos y asistenciales mientras no exista este instrumento.

De hecho, ya existe un registro de objetores de la eutanasia que Madrid creó sin problemas. Sin embargo, Ayuso ha querido dar la batalla contra el aborto, uno de los temas de más calado para los conservadores.

"Ofensiva contra las mujeres"

“Estamos viviendo una ofensiva contra los derechos de las mujeres que no es ni casual ni es aislada. Se expresa en decisiones institucionales, en decisiones políticas de incumplir la ley y también en declaraciones absolutamente nauseabundas que ponen en duda a las víctimas de las agresiones sexuales, por ejemplo. Todo forma parte del mismo clima, que es cuestionar la palabra de las mujeres, sembrar miedo, estigmatizar y hacernos retroceder en derechos que nos han costado décadas conquistar”, ha argumentado García, en referencia a la defensa que ha hecho Ayuso de Julio Iglesias tras las denuncias por abuso y acoso sexual.

La respuesta de Madrid no se ha hecho esperar. Fuentes del Ejecutivo autonómico han instado a Sanidad a centrarse en “resolver el problema que tiene” con los médicos y la huelga por el Estatuto Marco, que a su juicio es “más importante” que presentar denuncias por el registro de objetores.

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