España necesita más de 50.000 plazas en residencias de mayores para atender la demanda actual

El número de plazas en residencias para mayores ha crecido hasta las 412.109 en 2024, lo que supone 17.044 más que el año anterior (un 4,3% más) y 23.075 más (un 5,6%) desde 2021. Sin embargo, la población mayor de 65 años ha aumentado en los últimos cuatro años en 800.000 personas, por lo que el esfuerzo por crear más residencias no ha sido suficiente para abarcar la demanda actual, porque hoy por hoy buena parte de las personas mayores, especialmente a partir de los 80 años, necesitan de los servicios que proporcionan las residencias.

Aunque la oferta ha aumentado en 17.044 plazas, no es suficiente para atender el aumento de la demanda

De hecho, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales calcula que hacen falta más de 50.000 plazas residenciales para personas con dependencia severa (grado II) o gran dependencia (grado III), un número que se eleva a 96.916 si se tiene en cuenta la ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, según denuncia el colectivo en estudio publicado este jueves. El déficit se ha duplicado desde 2014, cuando eran necesarias 53.103 para alcanzar la media del 5% de los mayores de esa edad.

Los cálculos han sido efectuados por la entidad a partir de las estadísticas del Imserso y del Sistema de Dependencia publicadas en 2025, a la espera de que el Ministerio de Derechos Sociales y las consejerías competentes atiendan la demanda de la asociación de publicar cuántas personas efectivamente están a la espera de una plaza residencial y cuál es el tiempo de espera. Es habitual que la asociación publique sus propios cálculos sobre los déficits del sistema de dependencia, en ocasiones entrando en colisión con los datos que difunde el Gobierno.

Andalucía y Valencia concentran tres cuartas partes del déficit de plazas, mientras que en Castilla y León hay superávit

La Asociación de Gerentes de Servicios Sociales revela, además, que existen grandes diferencias territoriales. Así, mientras que Andalucía y Valencia concentran tres cuartas partes del déficit de plazas, dado que cada una necesita 36.327 y 26.929 plazas respectivamente (teniendo en cuenta la ratio del 5% de mayores de 65 años), en siete comunidades hay un superávit de plazas, especialmente en Castilla y León, donde sobran 16.712. Catalunya se encuentra entre las autonomías con déficit, por detrás de Andalucía y Valencia, dado que necesita de 15.761 para cumplir con la ratio del 5%. En total, son diez las autonomías donde hace falta más plazas.

La financiación pública

El informe indica también que la ocupación media es del 82,4%, con 339.065 usuarios. Pero de nuevo hay divergencia territorial: cinco comunidades tienen una ocupación casi completa, con porcentajes superiores al 95%, entre las que destaca Extremadura, con un 100%, seguida de Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Madrid. Mientras que otras autonomías tienen porcentajes muy bajos, "lo que sugiere una inadecuada distribución de sus plazas o un elevado coste de las mismas que las hace innacesibles para buena parte de quienes las necesitan".

El estudio demuestra, además, que el 71,1% de las plazas son de financiación pública -un total de 292.986-, frente a las 119.123 exclusivamente privadas. Las plazas públicas incluyen los centros de titularidad pública, las plazas concertadas y a las que se financian con la prestación vinculada al servicio.

Tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado desde 2015, hasta alcanzar 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la ratio más elevada hasta la fecha. Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Y las autonomías con menos plazas de financiación pública son Canarias, Murcia y Valencia. Catalunya tiene una ratio por encima de la media, de 2,9 plazas, y una ocupación media del 73,3%.

La ayuda a domicilio

La asociación valora el incremento de plazas públicas pero recuerda que el Gobierno y las comunidades aprobaron una estrategia de desinstitucionalización, para favorecer la permanencia de las personas con dependencia en sus casas, que apenas ha tenido avances, dado que los servicios de atención domiciliaria solo tienen una cobertura del 5,8%, solo ocho décimas más que en 2019.

"Estos datos tan pobres y la escasa evolución que registran en los últimos años, impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres", subraya el colectivo.

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